El pasado jueves,
normalistas e integrantes de la CETEG retuvieron ilegalmente esto es,
secuestraron para no caer en eufemismos, a dos empleados de Coca-Cola en
Chilpancingo. El rescate demandado (en todo secuestro lo hay), era la
liberación de 3 normalistas arrestados un día antes por de robo de mercancías y
en posesión de una camioneta robada.
La detención
de los normalistas se había dado un día antes en respuesta a una llamada a en
la que se reportaba el robo de mercancía. Al acudir la policía al lugar de los
hechos, habría encontrando a normalistas embozados en una camioneta con reporte
de robo. La empresa refresquera presentó querella por robo y los detenidos
fueron presentados ante el ministerio público.
Los
compañeros de los detenidos se apersonaron en el ministerio público intentando
la liberación de los detenidos, con resultados infructuosos pues la policía
estatal resguardaba el lugar con elementos antimotines.
Fueron pues
los normalistas y la CETEG a las instalaciones de la refresquera a pedir (¿?)
la liberación de sus compañeros. Cuando dos empleados salieron a dialogar es
que los secuestraron.
La policía
estatal realizó un intento infructuoso para liberar a los empleados de la
refresquera en la que resultaron varios heridos.
Finalmente, la
negociación que en las primeras horas del viernes, logró la liberación de los empleados (terceros
sin responsabilidad en el asunto) se dio con la mediación del presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero.
El colofón
del asunto, es que Coca-Cola declara que suspende temporalmente sus actividades
en Chilpancingo por la inseguridad que representa para sus empleados mantenerse
activos en el lugar.
De todo lo
anterior quedan claras varías cosas:
Una autoridad
estatal que lejos de aplicar la ley, la negocia ante grupos que la amedrentan y
eventualmente consiguen lo que quieren.
La existencia
de actores que se dicen activistas, luchadores sociales o manifestantes que se
dedican al robo en el mejor de los casos y al secuestro y extorción en el peor
de ellos.
La
participación de la CEDDHH de Guerrero en actividades muy distintas a las de
garantizar los derechos humanos de los ciudadanos pero pronta a mediar en un
caso de intercambio de rehenes a cambio de sus camaradas acusados con todas las
de la ley por robo. Sirvió como “negociador” para lograr que la empresa
refresquera retirara la demanda de robo contra los detenidos y conseguir un
intercambio que valió la liberación de los secuestrados.
Una empresa
que ante los hechos cierra, por el momento de forma temporal pero que puede
hacerlo de forma definitiva y en el proceso, dejar sin trabajo a varios
Guerrerenses que sin transgredir la ley y sin dañar a terceros, pretenden
llevar el sustento a sus familias.
Finalmente,
la complicidad de los que callada o abiertamente justifica los hechos
llamándolos protesta y ejercicio de la libertad de expresión cuando en realidad
es pillaje, vandalismo y supresión de la aplicación de la ley por medio de la
violencia ejercida contra terceros; todo ello sin un argumento, una propuesta o
una demanda. Pero en todo caso, no se les ve reconociendo ni mucho menos
señalando que aquí se han cometido delitos y que nada tienen que ver esas
acciones con demandas o manifestaciones legales ni legítimas.
Lograda la
liberación y garantizada la integridad física de los secuestrados, la autoridad
no debería tener impedimento para retomar el caso de robo pues pese a que la
empresa la retiró en su momento, ya que por lógica elemental y en apego a
derecho, ninguna declaración obtenida bajo amenaza (como lo fue la de retirar
la demanda) tiene valor legal. Pero ello no ocurrirá, la autoridad estatal esta
anulada y de rodillas ante grupos gritan sus consignas exigiendo estado de
derecho pero que en realidad lo violentan una marcha si y otra también.
En todo esto,
la empresa pierde, la autoridad pierde, pero sobre todo, pierde la sociedad que
no delinque, que no extorsiona a la autoridad y que queda siempre en medio del
choque de intereses avieso.
De pilón: Los que a veces con razón y otras sin ella
critican las acciones de la autoridad acusando represión cuando se trata de
México, han estado particularmente callados tras lo que la semana pasada ha
ocurrido en Venezuela con el enésimo mensaje de maduro denunciando un golpe de
estado y el arresto del opositor alcalde de Caracas. Parece que para algunos,
el respeto a los derechos solo se demanda por afinidad política y no por
elemental congruencia.
