Gaza, Israel y la obligación de no simplificar.

La controversia provocada por el texto de Ezra Shabot en Nexos tiene, por lo menos, un mérito: recordar que palabras como “genocidio” no pueden utilizarse como simples sinónimos de guerra, matanza o destrucción. En el derecho internacional, el genocidio exige demostrar la comisión de determinados actos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Pero esa precisión jurídica tampoco puede convertirse en una forma de minimizar la magnitud de lo que ocurre en Gaza. Que la Corte Internacional de Justicia no haya dictado una sentencia definitiva sobre el fondo no significa que la acusación sea absurda o puramente propagandística. La Corte consideró que existían derechos plausibles protegibles bajo la Convención y ordenó medidas provisionales ante un riesgo grave de perjuicio irreparable. Esto no equivale a una condena, pero tampoco a una absolución.

La discusión exige, por tanto, sostener dos ideas al mismo tiempo. La primera: todavía debe probarse jurídicamente la intención genocida de Israel. La segunda: la falta de una sentencia definitiva no autoriza a ignorar la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, el desplazamiento masivo, la falta de alimentos y medicinas, ni el sufrimiento de la población palestina. Una catástrofe humanitaria existe antes de que un tribunal determine cuál es su calificación jurídica exacta.

También es indispensable reconocer los crímenes de Hamás sin convertirlos en una explicación universal de todo lo que sucede. El ataque del 7 de octubre incluyó asesinatos deliberados de civiles israelíes, toma de rehenes y una violencia dirigida contra población judía e israelí. Es legítimo exigir que esos hechos sean investigados y castigados con toda severidad. También es razonable discutir si determinadas acciones y declaraciones de Hamás podrían satisfacer los elementos de crímenes internacionales particularmente graves.

Sin embargo, Hamás no es Gaza y Gaza no es Hamás. La organización armada ha controlado políticamente el territorio, pero la población gazatí está compuesta por millones de civiles: niños, ancianos, enfermos y personas que no participan en las decisiones de sus dirigentes. La utilización de zonas civiles por parte de Hamás, aun cuando ocurra, no convierte automáticamente a todos los habitantes en combatientes ni elimina las obligaciones de Israel de distinguir entre objetivos militares y población civil.

Del otro lado, Israel tampoco debe confundirse con todos los judíos ni con todas las personas que defienden su existencia. El gobierno israelí y sus fuerzas armadas deben responder por sus decisiones concretas, del mismo modo que Hamás debe responder por sus ataques y por la conducta de sus dirigentes. Criticar a Israel no es, por sí mismo, antisemitismo. Defender la seguridad de Israel no implica, por sí mismo, justificar cada acción de su gobierno. Ambas afirmaciones son necesarias para evitar que la discusión se convierta en una sucesión de etiquetas.

La palabra “genocidio” merece un tratamiento especialmente cuidadoso. Quienes la utilizan para describir lo que ocurre en Gaza no deberían presentarla como una condena judicial ya definitiva. Deben explicar qué hechos consideran probatorios de la intención específica exigida por la Convención: declaraciones oficiales, patrones de conducta, destrucción de condiciones indispensables para la vida, desplazamiento, restricciones de ayuda y persistencia de esas políticas pese a las advertencias. La intención no siempre aparece en una orden explícita; puede inferirse de un conjunto de circunstancias. Pero esa inferencia debe argumentarse y documentarse, no darse por sentada.

Quienes rechazan la acusación de genocidio, como Shabot, tienen exactamente la misma obligación de responder a esos hechos y no limitarse a señalar a Hamás, el antisemitismo o la supuesta intención de destruir Israel. La existencia de un enemigo criminal no otorga carta blanca a un Estado. Tampoco basta con que Israel declare que su objetivo es destruir a Hamás: deben examinarse los métodos empleados, las alternativas disponibles, la protección efectiva de los civiles y las consecuencias previsibles de sus órdenes militares.

El lenguaje importa. Describir a los niños palestinos muertos como “yihadistas en potencia” no es una manera razonable de introducir precisión en el debate. Es una generalización que atribuye responsabilidad colectiva y termina deshumanizando a quienes deberían ser considerados civiles protegidos. Del mismo modo, llamar automáticamente “genocida”, “nazi” o “antisemita” a todo aquel que sostenga una posición contraria impide discutir la evidencia y convierte el desacuerdo político en una condena moral absoluta.

La posición más responsable no consiste en repartir culpas de manera mecánica ni en fingir que las partes tienen la misma capacidad, responsabilidad o poder. Hamás cometió atrocidades contra civiles y mantiene una lógica política y militar que pone en peligro tanto a israelíes como a palestinos. Israel tiene derecho a proteger a su población y a combatir a una organización armada responsable de esos crímenes, pero ese derecho está limitado por el derecho internacional y no justifica castigos colectivos, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados o la privación de bienes indispensables para la supervivencia.

La tragedia de Gaza no puede convertirse en una defensa automática de Hamás. Pero la condena de Hamás tampoco puede convertirse en una licencia para desatender la vida palestina. La pregunta decisiva no debería ser qué bando merece nuestra solidaridad absoluta, sino qué hechos ocurrieron, quién ordenó qué, quiénes fueron las víctimas, qué obligaciones legales fueron incumplidas y cómo puede detenerse la destrucción.

En ese sentido, el debate suscitado por Shabot puede ser útil si obliga a utilizar con rigor el concepto de genocidio. Será perjudicial si ese rigor se emplea para negar el sufrimiento de Gaza, justificar la responsabilidad colectiva o silenciar toda crítica a Israel.

Y precisamente por eso me parece inaceptable que haya voces que pidan silenciar a Shabot, a Nexos o a cualquier persona que encuentre puntos coincidentes con su texto. Una cosa es cuestionar sus argumentos, señalar sus generalizaciones, exigirle fuentes y rechazar expresiones desafortunadas. Otra muy distinta es pretender que esas ideas no sean publicadas o discutidas.

La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones correctas, populares o moralmente cómodas. También protege aquellas posiciones que consideramos equivocadas y que queremos refutar. Resulta todavía más preocupante que algunas de las voces que exigen ese silenciamiento no hayan formulado siquiera una crítica clara a Hamás por los asesinatos del 7 de octubre, por la toma de rehenes y por su responsabilidad al colocar deliberadamente a la población civil en medio de la confrontación.

La medida justa, entonces, consiste en mantener las dos exigencias al mismo tiempo: condenar sin ambigüedad los crímenes de Hamás y exigir, sin excepciones, la protección de la población palestina y la rendición de cuentas de Israel. Pero esa exigencia debe hacerse mediante argumentos, evidencia y debate abierto, no mediante la censura de quienes sostienen una posición incómoda.

Quieren callar a Nat Torres

A Natalia Torres no la quieren callar por una frase, sino por incomodar al poder

La controversia reciente en torno a Natalia Torres ha servido como pretexto perfecto para que intenten reducir su figura a una sola declaración desafortunada. Pero ese intento de simplificación no resiste el análisis. Lo que verdaderamente molesta no es una frase aislada sobre el derecho al voto, sino el conjunto de sus posiciones, críticas y señalamientos que han resultado incómodos para el oficialismo y sus voceros.

Porque cuando alguien se atreve a cuestionar con claridad el rumbo del país, la reacción suele ser la misma: descalificación personal, caricaturización del argumento y, si es posible, intento de cancelación. En ese sentido, el caso de Torres encaja en un patrón ya conocido. No se ataca tanto lo que dijo, sino el hecho de que ha dicho demasiado, y demasiado bien, como para que sus opositores puedan refutarla con ideas.

Reducirla a una etiqueta partidista también es una estrategia conveniente. Si se le acusa de panista, se busca meterla en un cajón ideológico y evitar discutir el fondo de sus planteamientos. Pero ese recurso dice más de quienes lo usan que de ella misma. Lo relevante no es si simpatiza o no con una fuerza política, sino que no actúa como servidora del poder de turno. Y en un ecosistema político cada vez más intolerante a la disidencia, eso basta para convertir a una analista en objetivo.

El verdadero problema es que no se deja someter. El poder tolera mejor al crítico domesticado que al crítico libre. Tolera al que replica consignas, al que se disciplina, al que modula sus opiniones según la conveniencia del momento. Lo que no tolera es a quien insiste en hablar sin pedir permiso. Y eso parece explicar buena parte del ensañamiento contra Torres: no se ha alineado, no se ha arrodillado y no ha convertido su voz en eco del discurso oficial.

Ese es el punto central. No es la polémica en sí lo que provoca la furia, sino la independencia. En política, decir lo incómodo puede ser aceptable; decirlo sin deberle lealtad a nadie ya no tanto. Cuando una voz pública mantiene distancia del régimen, sus aparatos de simpatizantes y sus operadores buscan desacreditarla antes que debatirla. El objetivo no es corregir el argumento, sino desgastar a la persona.

Por eso resulta más plausible leer el ataque como una reacción a su autonomía intelectual y política que como una simple consecuencia de una opinión controvertida. La frase sobre el voto fue el detonante visible; el problema de fondo es más profundo y más viejo: a ciertos actores les incomoda cualquier figura que no puedan comprar, someter o domesticar.

Lo que está en juego no es solo una influencer o una comentarista política. Lo que está en juego es quién puede hablar en el espacio público sin pagar el costo de la alineación. Si cada voz crítica debe demostrar pureza ideológica, obediencia partidista o sumisión al poder para ser escuchada, entonces el debate público ya está empobrecido antes de comenzar.

En ese contexto, la reacción contra Torres puede leerse como un intento de disciplinamiento. No necesariamente porque sea perfecta, ni porque sus opiniones estén exentas de error, sino porque su voz rompe la comodidad del consenso oficialista. Y eso, para un régimen que prefiere la adulación a la crítica, es imperdonable.

Natalia Torres no debería ser defendida por simpatía, sino por un principio más básico: el derecho a disentir sin ser convertida automáticamente en enemiga. Si hoy la ataca inclusive la propia presidenta Shainbaum, no es solo por una frase torpe, sino porque han sido incapaces de desarmar el resto de sus argumentos. Y cuando la discusión se agota, el poder suele recurrir a su recurso favorito: intentar silenciar.

Intervención extranjera: cuando la ley se dobla al discurso

La discusión no es técnica, es política. Aunque algunos advierten con razón que la ley no define con precisión qué constituye “intervención extranjera” en materia electoral, en los hechos el gobierno ya dejó claro cómo pretende interpretarla: no como una categoría jurídica objetiva, sino como un instrumento político discrecional.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ejemplificó al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Su argumento es simple: reciben financiamiento del extranjero y son críticos del gobierno, por lo tanto, encajan en la narrativa de “intervención”. El problema es que ninguno de esos elementos, por sí mismo, configura un delito ni una irregularidad.

En México, recibir financiamiento del extranjero no es ilegal para organizaciones de la sociedad civil. Durante años, múltiples asociaciones, incluyendo algunas cercanas a distintas fuerzas políticas, han operado con recursos provenientes de fundaciones internacionales, agencias de cooperación e incluso gobiernos extranjeros, como ocurrió con USAID antes de los recortes implementados en Estados Unidos. Esa práctica no solo es legal, sino común en democracias abiertas.

Tampoco es ilícito o siquiera cuestionable oponerse al gobierno en turno. De hecho, es un componente esencial de cualquier sistema democrático. MCCI, guste o no su línea editorial, ha mantenido una labor consistente de periodismo de investigación desde sexenios anteriores, documentando casos de corrupción tanto en administraciones pasadas como en la actual. En su momento, esos hallazgos fueron celebrados y amplificados por Morena cuando se encontraban en la oposición. Hoy, bajo el poder, el mismo ejercicio es descalificado como ataque político.

Ahí es donde la supuesta ambigüedad legal deja de ser relevante. No estamos ante un vacío técnico que deba resolverse con mejor redacción legislativa, sino frente a una redefinición política del concepto. “Intervención extranjera” deja de significar injerencia indebida de gobiernos o actores externos en procesos electorales, y pasa a convertirse en una etiqueta útil para desacreditar a actores incómodos.

El riesgo de esta lógica es evidente. Si el criterio es tan amplio que incluye a organizaciones que reciben financiamiento internacional y critican al gobierno, entonces el estándar no distingue entre injerencia ilegítima y ejercicio legítimo de la sociedad civil. Bajo esa interpretación, cualquier voz crítica con vínculos internacionales podría ser susceptible de ser señalada, investigada o incluso utilizada como argumento para impugnar procesos electorales.

Más preocupante aún es el precedente político. Cuando un gobierno redefine conceptos legales clave para ajustarlos a su narrativa, debilita la certeza jurídica y abre la puerta a decisiones discrecionales. Hoy puede ser una organización civil; mañana podrían ser medios de comunicación, universidades o incluso organismos internacionales.

En el fondo, el debate no es sobre soberanía, sino sobre control del discurso público. La crítica financiada desde el extranjero no es automáticamente intervención; es, en muchos casos, parte de una red global de rendición de cuentas y transparencia. Confundir ambas cosas no solo es incorrecto: es funcional al poder.

Y ese es el punto central: no hay ambigüedad en lo que Morena entiende por “intervención extranjera”. La definición ya está dada, no en la ley, sino en la narrativa. Y esa diferencia, en una democracia, lo cambia todo.

De la denuncia al control: la degradación del principio democrático

El ascenso político de Andrés Manuel López Obrador se sostuvo sobre una crítica sistemática al poder: denunció la parcialidad del Ejecutivo, la corrupción electoral y el sometimiento de las instituciones a intereses partidistas. Esa narrativa alimentó una expectativa de transformación ética y política; un cambio de régimen que sustituyera la manipulación por la legitimidad. Pero una vez en el poder, la práctica desmintió el discurso. Hoy, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum reproducen —con mayor sofisticación institucional— los mismos patrones que alguna vez condenaron.

El fenómeno puede observarse en tres planos: la comunicación, el ejercicio del gobierno y la reconfiguración institucional. En materia de comunicación, la conferencia presidencial transformó la función informativa en propaganda política. No se trata solo de una violación al principio de imparcialidad, sino de una distorsión del espacio público: el Ejecutivo se erige como juez y parte, amplificando su narrativa mediante recursos del Estado mientras descalifica a opositores, medios y órganos autónomos. El lenguaje de “pueblo contra conservadores” sustituye el debate racional por una lógica de fidelidades morales, anulando el pluralismo.

En el terreno del poder político, la frontera entre gobierno y partido ha prácticamente desaparecido. Programas sociales, giras oficiales y plataformas institucionales son utilizados con un propósito electoral que, aunque a menudo se reviste de legalidad, vulnera el espíritu democrático. La intervención presidencial en comicios locales, y más recientemente, el respaldo explícito a la candidatura oficialista, demuestran que el Ejecutivo actual ha convertido la neutralidad en una ficción conveniente.

El tercer plano es el más grave: el intento de controlar el árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, que surgió de un consenso multipartidista para garantizar elecciones auténticas, enfrenta ahora un proceso de captura institucional. El reemplazo de consejeros técnicos por perfiles abiertamente leales al gobierno destruye el principio de independencia y coloca al sistema electoral en riesgo de subordinación política. Paradójicamente, quienes exigían un INE autónomo son hoy quienes buscan someterlo.

Esa contradicción revela el fondo moral del problema. El lopezobradorismo no anuló la cultura política del viejo régimen; la internalizó. Reemplazó al “sistema” que tanto decía combatir, no por una ética nueva, sino por una lealtad distinta. La transformación prometida terminó siendo una regresión más sofisticada, donde el discurso moral sirve para justificar la concentración de poder.

La paradoja final es que el proyecto que nació denunciando la impunidad se convirtió en su nuevo custodio. Así, la democracia mexicana enfrenta hoy su prueba más seria: no la del fraude abierto, sino la de la erosión disfrazada de legitimidad popular.

Crisis de desaparecidos: los hechos que México no puede seguir negando

 El rechazo del Gobierno mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU genera desconcierto generalizado, junto con críticas que Vanessa justifica como malentendidos. Ese enojo colectivo merece respuesta directa.

Para aclarar el problema central, empezaré descartando lo que no explica su defensa del gobierno actual. Vanessa afirma que Andrés Manuel López Obrador institucionalizó la búsqueda de desaparecidos al crear la Comisión Nacional de Búsqueda y poner en marcha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto es falso: ambas surgieron de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en 2017 durante el sexenio de Peña Nieto y vigente desde 2018. AMLO las operativizó en 2019, pero el marco legal ya existía, igual que un registro previo desde 2012. Insistir en que "solo entonces comenzó el esfuerzo" ignora la presión social post-Ayotzinapa que obligó a ese andamiaje, con fiscalías especializadas y comisiones estatales incluidas.

Vanessa afirma que la Cuarta Transformación trajo un ánimo único para fortalecer el marco institucional y normativo de la crisis. Esto no se sostiene. La ley de 2017 y sus reformas iniciales sentaron las bases; la 4T las amplió con presupuestos mayores, pero sin resultados a la altura: 72 mil restos sin identificar al final del sexenio pasado y miles de fosas nuevas. El Comité de la ONU elogia ese marco jurídico como ejemplo regional, sin atribuirlo solo a AMLO o Sheinbaum; reconoce la estructura desde 2017 y la apertura internacional que Peña Nieto promovió.

Vanessa coincide en que el Comité liga el alza de desapariciones a la guerra contra el narco desde 2006 con Calderón, y admite que los casos clave ocurrieron mayormente bajo Calderón y Peña Nieto. Las cifras lo confirman: alrededor de 17 mil a 26 mil casos en Calderón, 33 mil a 40 mil en Peña, pero un récord de 44 mil a 54 mil bajo AMLO. El Comité no limita el pico a sexenios previos; cita también eventos recientes como Tala y Teuchitlán en Jalisco. Negarlo es manipular datos para eximir al obradorismo.

Vanessa argumenta que el foco del rechazo oficial radica en "aquiescencia". Según el derecho internacional, incluye cuando grupos criminales actúan con apoyo u omisión estatal, no solo privaciones directas por autoridades. Sin embargo, los simpatizantes de AMLO no vacilaron en aplicarlo antes. En Ayotzinapa bajo Peña, con #FueElEstado, denunciaban complicidad sistemática como desaparición forzada. Ahora dicen que es solo "ineficacia". El Comité desarma esa defensa al afirmar en su conclusión 118 que no hay indicios de política federal deliberada u omisión, abarcando los sexenios de Calderón, Peña y AMLO por igual.

México argumenta ante el Comité que la negligencia no equivale a complicidad, y tiene base para ello. Pero la 4T prometió cambios radicales, recortó mecanismos independientes y dejó un desastre forense peor, con impunidad por encima del 95 por ciento. Vanessa admite que sin resultados las intenciones se desvanecen ante la realidad cruda, pero pasa por alto que esa realidad empeoró bajo su defendida 4T: más casos pese a más recursos.

Cierro reconociendo lo que ella evade: las víctimas no miden el dolor por sexenios. Calderón desató la crisis, Peña no la contuvo, AMLO y Sheinbaum la inflaron con retórica hueca. Rechazar el informe no aclara sino que oculta fracasos compartidos que exigen acción real, no narrativas selectivas

Crisis de desaparecidos: desenmascarando la hipocresía obradorista

En su columna de El País titulada "Crisis de desaparecidos: tomárselo en serio", Vanessa Romero Rocha pretende vendernos una visión pasteurizada de la crisis de desaparecidos, como si se tratara de un malentendido técnico remediable con buena fe y un poco de orden. Pero el asunto no es tan inocente: desde 2006 y hasta 2018, Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus acólitos convirtieron esta tragedia en un arma electoral, instrumentalizándola sin pudor para escalar al poder con narrativas de "guerra sucia" y culpas ajenas. Una vez en el Palacio, el mismo AMLO, su gobierno y sus fieles optaron por esquivarla con excusas risibles como "cuidar la investidura", minimizando cifras y prometiendo reportes y resultados que nunca llegaron.

Vanessa Romero Rocha arranca su columna con homeopática de indulgencia: "Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden". Esto no es análisis, es maquillaje descarado para blanquear al sexenio pasado, el de AMLO, cuando las desapariciones se dispararon como nunca —de 26 mil casos acumulados en 2018 a más de 110 mil al cierre de su mandato, según datos oficiales del RNPDNO que ella misma cita indirectamente. Esa "falta de método" no fue torpeza casual, sino un diseño meticuloso para diluir la magnitud real del problema y postergar investigaciones reales. Hablar de "buena voluntad" cuando es evidente la negligencia sistemática es el mismo truco obradorista de siempre: santificar cada torpeza, vileza o calculada maniobra del "movimiento transformador" mientras se demoniza cualquier crítica como "traición a la patria".

Pretende Romero Rocha que la furia ciudadana que acusa al Estado de "rasurar, borrar o desaparecer personas para ajustar cifras", carece de "sustento y claridad técnica". Aquí va lo que pide: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado en 2018 bajo supervisión de la CNDH y nutrido con datos retroactivos, alcanzó 132,534 entradas al marzo de 2026, según la propia presentación de Sheinbaum. De ellas, 46,742 (35%) son irreales por datos vagos o duplicados, y 40,308 (30%) corresponden a personas con huellas vitales posteriores (matrimonios, altas en SAT, INE, nóminas públicas, incluso vacunas COVID). Esto no es "depuración técnica": es purga selectiva sin cruces interoperables previos entre bases fragmentadas (INEGI, SEGOB, SSA), lo que viola el artículo 84 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que obliga a verificación exhaustiva antes de cualquier baja. Solo 43,128 casos (33%) quedan "activos" sin rastro, pero ni siquiera ahí hay avance: menos de 3,000 con carpetas de investigación, pese a datos viables. La opacidad en el proceso sin auditoría independiente ni publicación de metodología completa hasta la fecha da sustento técnico a sospechar manipulación, no "seriedad".

Tomarse en serio la crisis de desaparecidos exige rechazar narrativas que perdonan lo imperdonable y exigen pureza a las víctimas indignadas. Romero Rocha no analiza; milita sirviendo de eco al obradorismo con la misma devoción que sus predecesores usaron esta tragedia para ascender. El País, por su parte, decepciona al dar tribuna a columnistas que priorizan la lealtad ideológica sobre el rigor, convirtiendo su espacio en panfletario en vez de plataforma crítica. La seriedad verdadera empieza por admitir que el infierno no se pavimenta solo con intenciones, sino con impunidad consentida.

AMLO, ONGs y el expreso a Cuba.

Este pasado sábado, Andrés Manuel López Obrador tuiteó pidiendo donativos para Cuba a través de la recién creada Asociación Civil Humanidad con América Latina. La ironía salta a la vista. Cuando era opositor, AMLO no solo callaba sobre las ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino que celebraba sus investigaciones sobre Odebrecht y la Casa Blanca, usándolas sin pudor para machacar al gobierno de Peña Nieto en mítines y redes. Pero ya durante su sexenio, las acosó sin tregua por recibir fondos de USAID, tachándolas de "conservadoras golpistas" financiadas desde Estados Unidos para intervenir en México. Envió notas diplomáticas a Washington, las difamó 265 veces en mañaneras y hasta decretó en 2019 prohibirles fondos públicos. Hoy, él mismo impulsa una colecta masiva con beneficios fiscales idénticos, pero para enviar dinero a La Habana.

La hipocresía se agrava con el fideicomiso del 17 de septiembre, esa caja negra que AMLO creó para supuestamente apoyar damnificados del sismo. Años después, sigue sin rendir cuentas claras. Evidencias apuntan a manejos turbios: un carrusel de depósitos y retiros liderado por su secretario particular, Alejandro Esquer, con flujos millonarios sin destino comprobable. Mientras MCCI documentaba corrupción peñista que AMLO celebraba como opositor, su propio fideicomiso opera en las sombras, intocable.

La autorización del SAT a Humanidad con América Latina apesta a irregularidad. Constituida el 17 de febrero de 2026 (RFC HAL260217NZ8), obtuvo su estatus de donataria autorizada apenas 18 días después, el 9 de marzo. El trámite estándar dura de tres a nueve meses, con resolución máxima en tres meses más 10 días para aclaraciones. Clasificada en el rubro L (fracción XXV del artículo 79 de la Ley del ISR), que exige actividades como promoción de derechos humanos o apoyo a productores en zonas de rezago social, todas limitadas explícitamente a territorio nacional mediante constancias de SEDESOL o equivalentes estatales. La regla 15/ISR del Anexo 1-A del Reglamento de la LISR lo confirma: estatutos exclusivos para México, con impacto local verificable. Nada de eso aplica a comprar alimentos y combustible para Cuba.

Otorgar esta autorización viola la ley. El objeto social, enviar todo a un país extranjero, choca frontalmente con los requisitos territoriales del SAT. Si hay tráfico de influencias (artículo 221 del Código Penal Federal), los responsables recaen en la Administración General Jurídica de Grandes Contribuyentes, específicamente el Administrador General Jurídico que firma el oficio. En el organigrama del SAT, esa área valida solicitudes exprés omitiendo requisitos básicos. El jefe del SAT, subordinado a la SHCP, podría rendir cuentas si se prueba intervención directa.

AMLO celebra investigaciones de MCCI cuando lo favorecían y las condena cuando lo tocan. Promueve opacidad en su fideicomiso mientras exige transparencia a otros. Aprueba donatarias rápidas para aliados ideológicos, ignorando la ley que él mismo endureció contra "financiamientos externos". Esto no es liderazgo; es cinismo puro. El SAT debe revocarla ya, y la FGR investigar antes de que más dinero mexicano financie a un régimen en quiebra mientras México tiene rezago social de sobra.

De Pilón:
En Coatzacoalcos, el crimen organizado se hixo presente con inhumana crueldad y saña. Cuando AMLO era opositor, casos idénticos como este servían de munición: él y sus aliados los ventilaban en redes sociales y en cada mitin para fustigar a Calderón o Peña Nieto, sin importar que los criminales reales quedaran intocables. Decían que los narcos "no son interlocutores válidos", pero nunca los denunciaban directamente ni exigían su captura. Hoy, con miles de muertos anuales en masacres similares, callan. Ni un tuit contra los asesinos ni presión a la autoridad actual. Silencio cómplice.

El error irreversible de cancelar Texcoco

 A siete años de la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, los hechos confirman lo que muchos advertimos entonces: fue una resolución tomada por motivos estrictamente políticos, sin sustento técnico sólido, que ha impuesto al país un costo económico elevado y una infraestructura aérea insuficiente.

Cuando en 2014 el gobierno federal anunció la construcción del NAICM en el vaso regulador del antiguo lago de Texcoco, lo hizo tras exhaustivos estudios realizados por organismos internacionales como la OACI, la IATA y consultores especializados, así como por instituciones mexicanas como la UNAM y el IPN. Se evaluaron varias alternativas, incluida Tizayuca, y Texcoco resultó la opción más viable por su extensión de terrenos federales, proximidad a la capital y capacidad para convertirse en un hub de clase mundial con hasta seis pistas y más de 120 millones de pasajeros anuales. La base aérea de Santa Lucía, hoy convertida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ni siquiera figuraba como contendiente principal, pues los expertos coincidían en que un sistema de múltiples aeropuertos no resolvería la saturación del AICM ni las interferencias en el espacio aéreo.

La cancelación, decidida tras una consulta popular de dudosa representatividad en 2018, se justificó con argumentos que no resisten el escrutinio. Se habló de costos exorbitantes de bombeo de agua, como si el sitio fuera un lago activo en lugar de un terreno seco drenado siglos atrás. Las fotografías de la zona inundada que circulan hoy corresponden a una decisión deliberada posterior: restaurar humedales para crear el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El proyecto original incluía diques, canales y sistemas de drenaje que habrían manejado las precipitaciones sin requerir bombeo constante ni gastos operativos desproporcionados. Tampoco el hundimiento diferencial era el obstáculo insalvable que se presentó: las renivelaciones periódicas de pistas habrían costado menos que el mantenimiento rutinario de una sola pista en el actual AICM.

Los números hablan por sí solos. La Auditoría Superior de la Federación calculó en 2021 un costo directo de cancelación de 113 mil millones de pesos, cifra que no incluye los pagos continuos por la deuda de bonos emitida para financiar el proyecto, ni los subsidios al AIFA. Sumando todo —indemnizaciones, liquidaciones, intereses y amortizaciones—, el impacto acumulado supera los 400 mil millones de pesos. Mientras tanto, el AIFA, construido con recursos públicos, ha requerido subsidios anuales y aún lucha por alcanzar una ocupación aceptable, dependiendo de decretos que obligan a trasladar operaciones desde el AICM.

Si el NAICM hubiera seguido su curso, hoy estaría operando con utilidades. Sus proyecciones financieras, validadas internacionalmente, indicaban que para 2025 manejaría cerca de 70 millones de pasajeros, generando ingresos suficientes por tarifas de uso, concesiones y actividades no aeronáuticas para cubrir sus costos operativos y de mantenimiento sin cargar al erario. El AICM actual, pese a su saturación y antigüedad, es altamente rentable; un aeropuerto nuevo, moderno y bien ubicado lo habría sido aún más.

La decisión de cancelar Texcoco no respondió a razones técnicas ni económicas, sino a una narrativa política que buscaba deslegitimar el proyecto anterior asociándolo a corrupción sin pruebas concluyentes. El resultado es un sistema aeroportuario fragmentado, con un AICM colapsado, un AIFA subutilizado y un país que pierde competitividad en conectividad aérea internacional. México merece infraestructura decidida por criterios técnicos, no por cálculos electorales. El costo de esta lección lo pagamos todos los contribuyentes, y lo seguiremos pagando por décadas.

La neutralidad selectiva de Claudia Sheinbaum

La reciente oleada de insultos y desinformación contra María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, ha dejado al descubierto la virulencia con que ciertos sectores ideológicos —dentro y fuera de Venezuela— intentan desacreditar cualquier símbolo de resistencia democrática. No son simples críticas: son ataques calculados, plagados de falsedades. Se le ha llamado “golpista”, “criminal de guerra” y hasta “agente del imperialismo”, sin que exista una sola prueba que respalde tales imputaciones.

Conviene aclararlo con precisión: María Corina Machado no ha promovido un golpe de Estado, no ha sido acusada de crimen alguno ante tribunales internacionales y jamás ha solicitado intervención militar extranjera en Venezuela. Su lucha documentada desde hace más de dos décadas, ha sido política, cívica y pacífica, incluso frente a un régimen que ha encarcelado, exiliado y silenciado a buena parte de la oposición. Incluso despues de haber evidenciado el fraude electoral contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

Las calumnias provienen, en su mayoría, de voceros del chavismo y de partidos o movimientos ideológicamente afines, como Podemos en España, cuyo exlíder Pablo Iglesias llegó al extremo de comparar el Nobel otorgado a Machado con “dárselo a Hitler”. Tal declaración no solo es grotesca, sino que ejemplifica a la perfección la Ley de Godwin, esa observación según la cual, en toda discusión política prolongada, tarde o temprano alguien recurrirá a una comparación con el nazismo cuando se queda sin argumentos. En este caso, la hipérbole no solo revela impotencia retórica, sino también desprecio por la verdad.

México y su regimen (incluidos sus sicofantes) no está exento de esos calumniadores, pero quizá lo mas vergonzoso es el episodio protagonizado por Claudia Sheinbaum.

Pocas veces la incongruencia diplomática se manifiesta con tanta claridad como en la reciente respuesta de la presidenta ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana. Cuestionada por la prensa, Sheinbaum optó por el silencio: “sin comentarios”, dijo, apelando a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos que asegura que rigen la política exterior mexicana. Sin embargo, en esa misma conferencia, al ser interrogada sobre la crisis política en Perú, abandonó de inmediato la prudencia para criticar al gobierno de Dina Boluarte y expresar su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

La contradicción es evidente. Los principios constitucionales no se activan ni se suspenden según conveniencia ideológica. Si la neutralidad diplomática es un valor, debe aplicarse de manera uniforme, no solo cuando el gobierno implicado es aliado político. Al callar ante Venezuela y pronunciarse sobre Perú, el mensaje es inequívoco: la doctrina mexicana de no intervención se interpreta con sesgo. No se trata ya de una política exterior basada en principios, sino en simpatías.

Este doble rasero repite el patrón observado durante el sexenio de López Obrador: solidaridad automática con regímenes de izquierda por más autoritarios que sean y crítica abierta hacia gobiernos percibidos como conservadores o adversos al ideario morenista. Tal selectividad no solo erosiona la credibilidad internacional de México, sino que contradice su mejor legado diplomático: la consistencia moral y jurídica que alguna vez dio prestigio a la Doctrina Estrada.

En política exterior, la coherencia no se mide por la ideología de los interlocutores, sino por la fidelidad a los principios. Y en este episodio, el “sin comentarios” de la presidenta dice mucho más de lo que calla.

El espejo moral: cuando quien denuncia se parece demasiado los que condena y sus vicios.

Hay algo casi trágico y, al mismo tiempo, predecible en la forma en que el poder acaba pareciéndose a aquello que juró destruir. El obradorismo nació como una cruzada moral: la gran purga contra la corrupción, el saqueo y el cinismo de los gobiernos anteriores. La narrativa era nítida: ellos, los de antes, usaban el Estado como botín; nosotros venimos a regenerarlo. Y durante años, esa promesa fue el combustible político más poderoso en México.

Pero el problema con las cruzadas morales es que suelen volverse ciegas hacia adentro. Cuando la legitimidad descansa en la certeza absoluta de la propia pureza, cualquier crítica se convierte en conspiración, cualquier evidencia en calumnia, y cualquier demanda de rendición de cuentas en traición.

Hoy, la lista de incoherencias es larga y corrosiva. Ahí está SEGALMEX, convertido en un pozo negro de desvíos multimillonarios, el escándalo de corrupción más grande del sexenio pasado, que se administra con un silencio conveniente y sin el mismo ímpetu justiciero con el que se atacaba a la “estafa maestra” de Peña Nieto. Ahí está el balastro del Tren Maya, inflado de sobrecostos y opacidad, adjudicado a discreción, mientras la selva se devasta sin estudios ambientales completos, con imágenes satelitales mostrando la deforestación masiva que contradice toda bandera ecológica.

Ahí está Andy López Beltrán, hijo del presidente, viajando por el mundo y hospedándose en hoteles de lujo, sin que nadie explique el origen de los recursos, mientras el discurso oficial sigue predicando la austeridad republicana. Ahí está la “Casa Gris” en Houston, residencia vinculada a José Ramón López Beltrán, donde los contratos con empresas petroleras y el confort de la vida en el extranjero parecen incompatibles con la prédica del “no mentir, no robar, no traicionar”.

Ahí están, filmados y contados, los sobres amarillos que cambian de manos entre David los hermanos de AMLO y la aceptación, reconocimiento y justificación (“son aportaciones”) de este que terminaron despachándose con un guiño de confianza en lugar de una investigación seria. Todo ello mientras se insiste en que la corrupción se acabó “arriba”.

La coherencia, ese bien político cada vez más escaso, exige que quien acusa con severidad se someta a la misma vara con la que midió a sus adversarios. No hay transformación moral si la indignación es selectiva; no hay regeneración democrática si los pecados de hoy son indultados por afinidad ideológica. Porque el verdadero cambio no está en sustituir a un grupo de beneficiarios por otro, sino en asegurar que las reglas sean más fuertes que los caudillos.

El obradorismo, que prometió ser antídoto contra la impunidad, ha terminado por administrarla con la misma lógica que criticaba: minimizar lo propio, magnificar lo ajeno. Se hizo en el pasado durante décadas y ahora lo hace el movimiento que juró encarnar la honestidad como virtud política suprema.

La regeneración que se proclamaba desde el Zócalo se convirtió en un régimen que protege a los suyos con la misma impunidad con que antes se protegía a los otros; a veces los de ahora son los mismos de antes (Espino, Yunes, Bartlett, Murat, etc.). Y cuando el poder se siente inmune al espejo, cuando la crítica se percibe como ataque y la transparencia como estorbo, la moral pública se degrada. Entonces la lucha contra la corrupción deja de ser un principio y se convierte en un instrumento: un garrote para golpear al adversario, un escudo para blindar al aliado.

La historia mexicana está saturada de gobiernos que prometieron purificar al Estado y terminaron construyendo su propio sistema de privilegios y complicidades. La diferencia, en este caso, es que el obradorismo llegó al poder con una fe casi religiosa de millones que creyeron en la palabra de su líder. La negación, por tanto, es inclusive violenta: porque no solo se traiciona un compromiso político, sino también deja a los que compraron el cuento como ingenuos o perro, cómplices.

Estamos nuevamente ante el caso del que se proclama distinto… hasta que el espejo le devuelve un rostro demasiado parecido al del enemigo que decía combatir.

De pilón.

No son iguales.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y julio de 2025 se aplicaron 15,461 sanciones a servidores públicos.

Peña Nieto impuso unas 58,000 y Calderón 42,000.

El peso de las palabras: Chicharito, Sheinbaum y la delgada línea entre opinión y poder

Las recientes declaraciones de Javier “Chicharito” Hernández sobre los roles de género han desatado una tormenta en la opinión pública mexicana. En un video difundido en redes sociales, el futbolista expresó opiniones que muchos han calificado como machistas, al sugerir que las mujeres deben priorizar tareas domésticas como cuidar el hogar y cuestionar el feminismo con un tono despectivo. Estas palabras, aunque ofensivas para muchos, forman parte del derecho de un ciudadano privado a expresar sus puntos de vista, por más controvertidos que sean. Sin embargo, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, al calificar los comentarios de Hernández como “muy machistas” y sugerir que “tiene mucho que aprender”, plantea una pregunta incómoda: ¿es adecuado que la máxima autoridad del país opine sobre las declaraciones de un ciudadano privado, por más reprobables que estas sean?

La respuesta de Sheinbaum no solo amplificó la controversia, sino que también pareció catalizar las sanciones posteriores impuestas a Chicharito. La Federación Mexicana de Fútbol anunció una multa económica al jugador, un hecho que, cronológicamente, siguió a los comentarios presidenciales y que podría interpretarse como una reacción a la presión generada desde el Ejecutivo. Esta secuencia de eventos pone en entredicho la autonomía de las instituciones deportivas y sugiere una posible influencia del poder político en la esfera privada, lo cual resulta preocupante en una democracia que valora la libertad de expresión, incluso cuando las opiniones son impopulares o chocantes.

Este episodio no puede analizarse sin considerar un precedente igualmente controversial. Durante su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que las mujeres mayores debían asumir roles de cuidado, como atender a nietos o enfermos, a cambio de apoyos económicos del gobierno. Estas declaraciones, provenientes de la máxima autoridad del país, no solo reforzaron estereotipos de género, sino que se tradujeron en políticas públicas que moldearon la distribución de recursos y las prioridades nacionales. A diferencia de las palabras de Chicharito, que reflejan la opinión de un individuo sin poder político, las de López Obrador tuvieron un impacto tangible en la vida de millones, al institucionalizar una visión tradicionalista del rol de las mujeres en la sociedad.

Aquí radica una distinción crucial: las opiniones de un ciudadano privado, por más influyente que sea como figura pública, no tienen el mismo peso que las de una autoridad. Las palabras de un futbolista pueden generar debate o indignación, pero carecen de la capacidad de convertirse en políticas que afecten a toda una nación. En contraste, cuando un presidente emite juicios que perpetúan estereotipos, estos no solo legitiman ciertas narrativas, sino que pueden transformarlas en acciones de gobierno con consecuencias reales. La intervención de Sheinbaum en el caso de Chicharito, aunque motivada por un rechazo legítimo al machismo, cruza una línea al involucrar al Estado en la censura de opiniones personales, lo que podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión.

El caso de Chicharito no debe minimizarse como un simple exabrupto. Sus palabras reflejan una mentalidad que aún persiste en sectores de la sociedad mexicana y que merece ser debatida. Sin embargo, la respuesta no debería venir desde el púlpito presidencial, sino de la sociedad misma, a través del diálogo, la crítica y la educación. Las sanciones impuestas al futbolista, posiblemente influenciadas por el señalamiento de la presidenta, refuerzan la percepción de que el poder político puede moldear las consecuencias de las opiniones privadas. En un país que aspira a la igualdad y al respeto por los derechos individuales, es fundamental distinguir entre el peso de las palabras de un ciudadano y el impacto de las declaraciones de quienes ostentan el poder. La verdadera transformación cultural no se logrará con sanciones impulsadas desde el Estado, sino con un debate abierto que fomente la reflexión y el cambio desde la base de la sociedad.

La Constitución también protege al contribuyente

Por importante que sea la obligación constitucional de contribuir al gasto público, es indispensable tener presente que la Constitución no es un instrumento para legitimar la voracidad fiscal ni para reducir al ciudadano a un simple objeto de recaudación. La materia fiscal, aunque regulada por leyes específicas, no puede desligarse del bloque de constitucionalidad que también ampara los derechos fundamentales de los contribuyentes.

En su artículo, la ministra Lenia Batres sostiene que la materia fiscal no es propiamente constitucional. Sin embargo, omite mencionar que el derecho fiscal está profundamente condicionado por el principio de legalidad y por el marco de garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Es decir: nadie puede ser molestado en sus bienes sino mediante un mandamiento fundado y motivado, y todo acto de autoridad debe estar sujeto a control judicial.

El artículo 31, fracción IV, citado por la ministra, en efecto establece la obligación de contribuir “de manera proporcional y equitativa”, pero dicha disposición es solo una parte del entramado constitucional. La proporcionalidad y equidad no son principios meramente contables; implican una evaluación sustantiva sobre la justicia del sistema tributario, sobre su carga, su destino y su impacto social. Reducirlos a fórmulas técnicas es perder de vista su carácter garantista.

Los principios mencionados por la ministra —proporcionalidad, equidad, reserva de ley y destino del gasto público— son válidos, pero incompletos si no se integran con otras garantías constitucionales que protegen a la persona frente al poder fiscal del Estado.

Por ejemplo, la equidad no sólo exige que todos contribuyan, sino que no se cree una carga excesiva o desproporcionada sobre ciertos sectores, como suele ocurrir con los regímenes de confianza o los impuestos indirectos que afectan más a los que menos tienen. Del mismo modo, la “reserva de ley” debe entenderse como un blindaje contra la discrecionalidad, no como una excusa para imponer cargas sin control judicial ni participación efectiva del Congreso.

El Congreso no tiene carta blanca. El artículo 73, fracción VII, que faculta al Congreso a imponer contribuciones, no le otorga poder absoluto. La Constitución establece límites materiales y competenciales. La fracción XXIX del mismo artículo —que la ministra menciona— delimita con claridad los campos en los que se puede gravar, y esa delimitación existe para proteger a los ciudadanos frente a una expansión arbitraria del poder fiscal.

La enumeración que hace la ministra de los productos y sectores gravables —cerveza, tabaco, gasolina, etc.— parece una justificación tácita de un sistema fiscal regresivo, en donde los productos de consumo popular son los más castigados. Esta orientación impositiva choca con los principios de justicia distributiva, ya que termina afectando más al que menos tiene.

La ministra enumera los medios de defensa ante actos fiscales: revocación, nulidad, amparo, etc. Pero omite mencionar que el acceso a estos medios suele ser complejo, costoso y lento, lo cual vulnera de facto el derecho a la tutela judicial efectiva.

Cita también a la Prodecon, creada como una figura auxiliar de defensa, pero minimiza el hecho de que este organismo no tiene facultades vinculantes y que muchas veces sus recomendaciones son ignoradas por las autoridades fiscales. Hablar de la Prodecon como si fuera una garantía efectiva del debido proceso es, en el mejor de los casos, una exageración.

Por último, es importante señalar que el SAT sí goza de amplias facultades y prerrogativas, muchas veces con presunción de legalidad, mientras que el contribuyente debe probar su inocencia ante una maquinaria recaudatoria que, por diseño, es más fuerte que él.

El equilibrio necesario

La Constitución no sólo impone deberes. También establece límites al poder y garantías a los gobernados. El derecho fiscal no puede leerse sólo desde el punto de vista de la obligación de contribuir, sino también desde el derecho a no ser objeto de arbitrariedad, abuso o trato desigual.

Por ello, frente a una lectura parcial que presenta al contribuyente como un ente pasivo frente al Estado recaudador, es necesario recordar que el pacto constitucional es también un pacto de límites al poder tributario. Y eso, por más que se quiera simplificar o adornar con tecnicismos, no debe olvidarse.

De denunciar al Ejército en las calles a entregarle el Estado.

 

En México, pocas transformaciones han sido tan profundas y tan contradictorias como la militarización del poder civil durante los gobiernos de Morena. Quienes hoy gobiernan fueron, durante años, férreos críticos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señalando riesgos para los derechos humanos, la democracia y el equilibrio institucional. Hoy, ya en el poder, no solo han sostenido esa presencia, sino que la han ampliado, institucionalizado y normalizado en dimensiones inéditas.

Este viraje no es menor. No se trata de un simple ajuste estratégico, sino de un giro doctrinal que contradice frontalmente el discurso que sostuvo a un movimiento político que prometía lo contrario de lo que hacían los antecesores y que ahora ellos mismos hacen con un mayor énfasis. La presencia militar se ha extendido más allá de las calles y los operativos: está ahora en las aduanas, en la administración de aeropuertos, en las obras públicas, en programas sociales, en la inteligencia civil y hasta en las finanzas. De una participación excepcional, hemos pasado a una dependencia estructural.

En los años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la entonces oposición, con López Obrador a al frente, denunció constantemente el uso del Ejército para funciones que la Constitución reserva a las autoridades civiles. Las denuncias eran legítimas: durante ese periodo, los organismos de derechos humanos registraron un aumento en las violaciones por elementos castrenses, y la estrategia de “guerra contra el narco” dejó miles de víctimas colaterales.

El propio López Obrador, en su libro La salida (2017), señalaba los peligros de militarizar la seguridad pública y proponía crear una Guardia Nacional que combinara elementos civiles y militares, pero bajo un mando civil. La lógica era clara: fortalecer a las instituciones policiales y reducir gradualmente la participación de las Fuerzas Armadas. La promesa fue que “el Ejército volvería a sus cuarteles”.

Sin embargo, una vez en el poder, la narrativa cambió. La Guardia Nacional nació con discurso civil, pero estructura y entrenamiento militar. Recientemente se consumó el traspaso formal de su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ignorando la división constitucional original entre autoridades civiles y militares.

Lo que agrava esta contradicción es que la presencia militar no se limita a la seguridad. Las Fuerzas Armadas han sido encargadas de construir aeropuertos como el AIFA, el Tren Maya, bancos del Bienestar, y recientemente se les entregó el control administrativo de varios puertos y aduanas. Administran aerolíneas, empresas estatales, y ejercen presupuesto sin rendición de cuentas pública.

Quienes hoy gobiernan decían que el Ejército en las calles ponía en riesgo los derechos humanos. Hoy, aunque con menor cobertura mediática merced a una CNDH capturada por el gobierno, siguen ocurriendo ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y detenciones ilegales atribuibles a militares.

Decían también que la opacidad del Ejército era incompatible con la democracia. Hoy, miles de contratos adjudicados a SEDENA y SEMAR han sido clasificados como de “seguridad nacional”, obstaculizando el escrutinio público.

Se advertía que el poder armado debía someterse al civil. Pero en la práctica, el gobierno ha cedido el control de áreas estratégicas.

Desde el gobierno se argumenta que las Fuerzas Armadas son más confiables que las policías civiles, que están menos expuestas a la corrupción y que han demostrado capacidad operativa. En parte es cierto, de hecho, esos eran los argumentos de Calderón y Peña, pero eso no justifica entregarle tareas para las que no fue creado.

La lógica democrática no es confiar ciegamente en las instituciones, sino establecer controles, límites y responsabilidades. Si la solución a los males del Estado civil es sustituirlo por una lógica militar, entonces no estamos corrigiendo el problema: estamos cancelando la posibilidad de fortalecer la democracia.

Más allá de las obras construidas, la mayor pérdida puede ser la institucional: se ha debilitado la noción de que los civiles deben controlar el uso de la fuerza, administrar los recursos públicos y ejercer el poder político. Si la tendencia continúa, lo que está en juego no es solo una estrategia de seguridad, sino el tipo de Estado que se está construyendo.

La militarización en tiempos de Calderón y Peña Nieto fue denunciada como una traición a los principios democráticos. Hoy, esa misma lógica exacerbada ha sido asumida como política de Estado por quienes entonces la resistían y se presentaban como alternativa ética.

Negar la contradicción es mentir. Minimizar los riesgos es irresponsable. Y normalizar esta situación es peligroso.

De Pilón:

La Hipocresía de los Sabios: Cuando la Experiencia no Equivale a Honestidad Intelectual

En el complejo tapiz de la política mexicana, pocos hilos son tan visibles y, al mismo tiempo, tan deshilachados como los de aquellos que, tras años de experiencia y supuesta dedicación, se permiten el lujo de sorprenderse o lamentar lo que, en retrospectiva, era previsible. Ana Laura Magaloni, con sus 25 años dedicados al tema de la justicia, se ha unido a este coro de voces que, ahora, claman engaño ante la implementación de la reforma judicial por parte de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, esta postura no solo revela una falta de honestidad intelectual, sino también una desconexión preocupante entre la experiencia acumulada y la capacidad de anticipar consecuencias.

Magaloni, en un video ampliamente difundido en X (antes Twitter), expresa su decepción y dolor emocional al constatar que la reforma judicial no solo no aborda los problemas estructurales del sistema, sino que, en su opinión, lo desmorona. Afirma (tambien en otro video de X) haber apoyado inicialmente a Sheinbaum con la esperanza de que Morena llevaría a cabo una transformación significativa, solo para descubrir que la realidad era otra. Pero, ¿realmente era esta una sorpresa? ¿O estamos frente a un caso de conveniencia retrospectiva?

La honestidad intelectual exige no solo reconocer los hechos, sino también anticiparlos basándose en la información disponible. Sheinbaum, durante su campaña, no ocultó su intención de implementar las reformas judiciales propuestas por AMLO. De hecho, lo anunció explícitamente, alineándose con una agenda que ya había generado controversia y debate. La reforma, aprobada y publicada en los últimos meses del gobierno de AMLO, fue un tema de discusión pública, analizado por expertos, criticado por opositores y defendido por simpatizantes. Magaloni, con su vasta experiencia, no podía ignorar este contexto. Su sorpresa, por lo tanto, no parece ser el resultado de una falta de información, sino de una voluntad selectiva de no conectar los puntos.

Es aquí donde radica la hipocresía. Afirmar que se dedicaron 25 años al tema de la justicia y, sin embargo, no prever las implicaciones de una reforma tan controvertida, es un acto de deshonestidad intelectual. No se trata solo de un error de cálculo, sino de una omisión deliberada de considerar las consecuencias lógicas de las acciones políticas. Sheinbaum no inventó la reforma judicialpero si la apoyó, y su promesa de implementarla fue clara. Magaloni, al apoyar a Sheinbaum, no solo avalaba a una candidata, sino también a un proyecto político que incluía esta reforma. Llamarse ahora a engaño es, en el mejor de los casos, una admisión de ingenuidad; en el peor, una táctica para desmarcarse de las consecuencias de una decisión previa.

No es la primera vez que vemos a intelectuales y expertos mexicanos tender esta trampa. La historia está llena de casos en los que la cercanía al poder, la esperanza de cambio o simplemente la conveniencia política han nublado el juicio de quienes deberían ser guías morales e intelectuales. Magaloni no está sola en este camino. Otros, con similar bagaje académico y profesional, han expresado sorpresa o decepción ante desarrollos que, en retrospectiva, eran predecibles. Esta tendencia no solo erosiona la credibilidad de estos individuos, sino también la confianza en la intelectualidad como un faro de honestidad y rigor.

La honestidad intelectual no es solo un lujo académico; es una responsabilidad. Implica reconocer los límites de nuestra comprensión, anticipar las consecuencias de nuestras acciones y, sobre todo, no sorprendernos cuando los hechos confirman lo que ya era evidente. Magaloni, con su experiencia, tenía las herramientas para prever lo que ocurriría. Su lamento actual no es más que un recordatorio de que la experiencia, por sí sola, no garantiza sabiduría ni integridad a la hora de expresar apoyos políticos.

En un país como México, donde la polarización política y la desconfianza en las instituciones son endémicas, la honestidad intelectual de sus líderes de opinión es más crucial que nunca. Lamentablemente, casos como el de Magaloni nos recuerdan que, a veces, incluso los "sabios" pueden caer en la tentación de la hipocresía. Y eso es lo que realmente desmorona la fe en el diálogo constructivo y la búsqueda de la verdad.

Por qué no votar en la elección judicial

En los días previos a la elección judicial del 1 de junio, algunas voces han insistido en que votar es una obligación cívica ineludible. Se ha dicho que, incluso en procesos imperfectos, acudir a las urnas puede mejorar las cosas, detener retrocesos o sentar precedentes para el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando las reglas del juego están amañadas desde el principio? ¿Qué sucede cuando votar no es elegir libremente, sino validar decisiones tomadas por otros?

En este texto propongo una opinion distinta: en ciertos contextos, abstenerse también es una forma legítima de participación política. A continuación, argumentaré contra cinco ideas comunes sobre el valor del voto en elecciones defectuosas, y trato de explicar por qué no votar puede ser una forma de decir “no” con fuerza.

1. “Votar sirve para evitar que lleguen los peores”

Suena lógico: si participamos, podemos al menos evitar que ganen los peores perfiles. Pero este argumento falla cuando las opciones disponibles ya fueron filtradas por actores políticos con intereses propios. En otras palabras, cuando todos los candidatos fueron seleccionados por las mismas élites, el votante no tiene una verdadera capacidad de corregir el rumbo, solo puede elegir entre lo que le dejaron.

El voto deja de ser una herramienta transformadora y se convierte en una manera de legitimar lo que ya fue decidido desde arriba.

2. “Se puede votar estratégicamente por el menos malo”

Otra propuesta común es el “voto estratégico”: apoyar a quien no es ideal, pero al menos es menos peligroso. Pero esta idea parte de una suposición cuestionable: que la ciudadanía tiene suficiente información para comparar objetivamente a los candidatos. En procesos opacos, sin campañas claras, sin debates, sin acceso a datos completos, la posibilidad de tomar una decisión informada es mínima.

En este escenario, el voto estratégico se parece más a una apuesta a ciegas que a un ejercicio de responsabilidad cívica.

3. “No votar es dejar que otros decidan por ti”

Este es quizá el argumento más repetido: que abstenerse es rendirse o desentenderse del país. Pero no es cierto. La abstención puede ser una forma activa y consciente de rechazar el proceso, una manera de denunciar que no hay condiciones para una elección real. No todas las abstenciones son por apatía. Algunas son un grito político frente a la simulación.

En contextos donde la democracia se reduce a una fachada, no participar puede ser una forma de proteger su verdadero significado.

4. “Hay buenos candidatos, vale la pena votar por ellos”

Incluso si entre los candidatos hay personas capaces, su llegada al proceso ya ocurrió dentro de un sistema controlado por intereses políticos. Es ingenuo pensar que el talento individual puede cambiar un diseño institucional viciado. Un buen perfil no garantiza autonomía ni imparcialidad, sobre todo si la lógica electoral premia popularidad antes que preparación.

El problema no es solo “quién llega”, sino cómo y por qué llega.

5. “Aunque el proceso sea imperfecto, hay que participar para mejorar en el futuro”

Finalmente, se dice que participar hoy puede ayudar a mejorar el sistema mañana. Pero esta esperanza depende de que el sistema sea sensible a lo que expresa la ciudadanía. En democracias frágiles o autoritarias, la participación popular suele usarse como escudo para justificar decisiones impopulares o autoritarias. Votar en estas condiciones no mejora el futuro: puede reforzar los mecanismos que lo impiden.

En resumidas cuentas

Votar es importante, pero solo cuando hay algo que realmente elegir y condiciones mínimas de equidad y transparencia. En elecciones judiciales diseñadas para consolidar el poder de quienes ya lo tienen, la abstención puede ser una forma legítima —y valiente— de participación política. No por desinterés, sino precisamente por responsabilidad democrática.

Porque en ocasiones, el verdadero acto de ciudadanía es no prestarse al juego.

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Lecturas recomendadas:

• O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy.
  https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/172_0.pdf

• Hirschman, A. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Harvard University Press.
  https://fenix.iseg.ulisboa.pt/downloadFile/563083097450219/Albert%20O.%20Hirschman%20-%20Exit,%20Voice,%20and%20Loyalty_%20Responses%20to%20Decline%20in%20Firms,%20Organizations,%20and%20States%20%20%20(1970,%20Harvard%20University%20Press).pdf

• Morlino, L. (2012). Changes for Democracy. Oxford University Press.
  https://www.amazon.com.mx/Changes-Democracy-Actors-Structures-Processes/dp/0199698112

• Helmke, G. (2002). The Logic of Strategic Defection. American Political Science Review.
  https://www.cambridge.org/core/books/abs/courts-under-constraints/logic-of-strategic-defection/5277159563B3DC6B05DEE500969FBF6D

El doble estándar del obradorismo: Acusar golpismo mientras se desmantela la democracia

Por años, Andrés Manuel López Obrador y el movimiento obradorista han utilizado la narrativa del “golpismo” como arma retórica para deslegitimar a sus críticos, tanto dentro como fuera de México. Desde el Poder Judicial hasta la oposición, los medios y eventos internacionales, cualquier resistencia a la Cuarta Transformación (4T) es etiquetada como un intento de “golpe de Estado” o “golpe blando”. Sin embargo, esta retórica revela un doble estándar flagrante: mientras AMLO acusa a otros de atentar contra la democracia, su gobierno impulsa una reforma judicial que, al subordinar el Poder Judicial al control político, constituye un verdadero acto de golpismo contra el sistema democrático mexicano. Este op-ed critica esa hipocresía, desenmascara la inconsistencia de las acusaciones de AMLO y advierte sobre las consecuencias de su asalto a las instituciones.

El uso selectivo del “golpismo”

AMLO ha acusado de “golpismo” a una amplia gama de actores y eventos, nacionales e internacionales, sin sustento sólido. En México, el Poder Judicial ha sido el blanco principal. Cuando los tribunales emitieron amparos contra proyectos como el Tren Maya o la reforma eléctrica, AMLO los señaló de perpetrar un “golpe de Estado técnico”, alegando que servían a las élites. Sin embargo, los amparos son mecanismos constitucionales para proteger derechos, no conspiraciones para derrocar gobiernos. La oposición política, los medios críticos y movimientos como FRENAAA también han sido tildados de “golpistas” por ejercer su derecho a disentir, a pesar de operar dentro del marco legal. Internacionalmente, AMLO calificó la renuncia de Evo Morales en Bolivia (2019) como un golpe, ignorando las irregularidades electorales documentadas por la OEA, y sectores del obradorismo han insinuado “golpes blandos” en casos como Venezuela (2019) o Perú (2022), sin pruebas concluyentes.

Estas acusaciones tienen un patrón: cualquier crítica o contrapeso a la 4T es enmarcada como una amenaza existencial. Este discurso no solo deslegitima a los opositores, sino que polariza y justifica la concentración de poder. AMLO usa el término “golpe” para presentarse como víctima, evocando una lucha épica entre el “pueblo” y las “élites”. Pero la evidencia desmiente estas narrativas. Los jueces no buscan derrocar al gobierno, sino garantizar el Estado de Derecho. La oposición y los medios, aunque a veces polarizantes, actúan dentro de la democracia. Los eventos internacionales señalados como “golpes” suelen ser crisis políticas complejas, no conspiraciones orquestadas. El obradorismo, en su afán por monopolizar la legitimidad, distorsiona la realidad para justificar su agenda.

El verdadero golpismo: La destrucción del Poder Judicial

La hipocresía del obradorismo alcanza su cúspide con la reforma judicial de 2024, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, elimina el Consejo de la Judicatura Federal y crea un organismo disciplinario influido por el Ejecutivo y el Legislativo, ambos dominados por Morena. Esta reforma no es una democratización, como afirma AMLO, sino un golpe técnico contra la separación de poderes, un pilar de cualquier democracia funcional. Al politizar la selección de jueces, el gobierno asegura su control sobre el Poder Judicial, eliminando su capacidad de actuar como contrapeso. Esto no solo amenaza los derechos de los ciudadanos, sino que concentra el poder en el Ejecutivo, un rasgo característico de regímenes autoritarios.

Organismos como la ONU y Human Rights Watch han advertido que esta reforma pone en riesgo el Estado de Derecho. Jueces y académicos mexicanos han protestado, señalando que la elección popular expone a los magistrados a presiones políticas y del crimen organizado. Ejemplos históricos, como la captura del Poder Judicial en Venezuela bajo Hugo Chávez, muestran cómo la subordinación de los tribunales allana el camino hacia el autoritarismo. AMLO, que acusa a otros de “golpismo”, perpetra un acto mucho más grave: desmantelar una institución clave para la democracia, todo mientras se envuelve en la bandera del “pueblo”.

El peligro del doble estándar

El doble estándar del obradorismo no es solo una contradicción retórica; es una amenaza a la democracia mexicana. Al acusar falsamente a sus críticos de “golpistas”, AMLO desvía la atención de su propia agenda de concentración de poder. Esta táctica erosiona la confianza en las instituciones, polariza a la sociedad y debilita el pluralismo. Mientras AMLO señala supuestos complots, su reforma judicial hace exactamente lo que él denuncia: subvertir el orden democrático. Si un “golpe” es un ataque contra las instituciones que sostienen la democracia, entonces la 4T, al destruir la independencia judicial, es culpable del verdadero golpismo.

La ciudadanía debe rechazar este doble estándar y exigir coherencia. Una democracia saludable requiere contrapesos, no la sumisión de un poder a otro. AMLO no puede seguir acusando a sus críticos de atentar contra el “pueblo” mientras desmantela las instituciones que lo protegen. México merece un liderazgo que fortalezca, no que debilite, el Estado de Derecho.

Para no hablar de cierto frustrado pintor austriaco, hablemos mejor de Alberto Fujimori (Perú, 1990-2000): Llegó al poder democráticamente, pero acusó al Congreso y al Poder Judicial de obstruir su gobierno, tildándolos de “golpistas” en un contexto de crisis económica y terrorismo. En 1992, perpetró un autogolpe, disolviendo el Congreso y reorganizando el Poder Judicial, lo que derivó en una dictadura hasta su caída en 2000.

Este caso muestran un patrón: líderes electos democráticamente que, al enfrentar críticas, acusan “golpismo” para justificar la erosión de las instituciones democráticas, derivando en autoritarismo o dictadura. México debe aprender de estas lecciones para proteger su democracia.

De Pilón

La elección popular de jueces, magistrados y ministros del 1 de julio de 2025 es un paso hacia la captura del Poder Judicial por el Ejecutivo y Morena, amenazando la independencia judicial y el Estado de Derecho. Participar en esta votación legitima un proceso que expone a los jueces a presiones políticas y del crimen organizado, como advierten la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos como Venezuela, donde la politización de los tribunales consolidó el autoritarismo, muestran el peligro. No votar es un acto de resistencia cívica para proteger la democracia y rechazar el golpismo de la 4T, que busca concentrar el poder al destruir un pilar constitucional.