El ascenso político de Andrés Manuel López Obrador se sostuvo sobre una crítica sistemática al poder: denunció la parcialidad del Ejecutivo, la corrupción electoral y el sometimiento de las instituciones a intereses partidistas. Esa narrativa alimentó una expectativa de transformación ética y política; un cambio de régimen que sustituyera la manipulación por la legitimidad. Pero una vez en el poder, la práctica desmintió el discurso. Hoy, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum reproducen —con mayor sofisticación institucional— los mismos patrones que alguna vez condenaron.
El fenómeno puede observarse en tres planos: la comunicación, el ejercicio del gobierno y la reconfiguración institucional. En materia de comunicación, la conferencia presidencial transformó la función informativa en propaganda política. No se trata solo de una violación al principio de imparcialidad, sino de una distorsión del espacio público: el Ejecutivo se erige como juez y parte, amplificando su narrativa mediante recursos del Estado mientras descalifica a opositores, medios y órganos autónomos. El lenguaje de “pueblo contra conservadores” sustituye el debate racional por una lógica de fidelidades morales, anulando el pluralismo.
En el terreno del poder político, la frontera entre gobierno y partido ha prácticamente desaparecido. Programas sociales, giras oficiales y plataformas institucionales son utilizados con un propósito electoral que, aunque a menudo se reviste de legalidad, vulnera el espíritu democrático. La intervención presidencial en comicios locales, y más recientemente, el respaldo explícito a la candidatura oficialista, demuestran que el Ejecutivo actual ha convertido la neutralidad en una ficción conveniente.
El tercer plano es el más grave: el intento de controlar el árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, que surgió de un consenso multipartidista para garantizar elecciones auténticas, enfrenta ahora un proceso de captura institucional. El reemplazo de consejeros técnicos por perfiles abiertamente leales al gobierno destruye el principio de independencia y coloca al sistema electoral en riesgo de subordinación política. Paradójicamente, quienes exigían un INE autónomo son hoy quienes buscan someterlo.
Esa contradicción revela el fondo moral del problema. El lopezobradorismo no anuló la cultura política del viejo régimen; la internalizó. Reemplazó al “sistema” que tanto decía combatir, no por una ética nueva, sino por una lealtad distinta. La transformación prometida terminó siendo una regresión más sofisticada, donde el discurso moral sirve para justificar la concentración de poder.
La paradoja final es que el proyecto que nació denunciando la impunidad se convirtió en su nuevo custodio. Así, la democracia mexicana enfrenta hoy su prueba más seria: no la del fraude abierto, sino la de la erosión disfrazada de legitimidad popular.
