AMLO, ONGs y el expreso a Cuba.

Este pasado sábado, Andrés Manuel López Obrador tuiteó pidiendo donativos para Cuba a través de la recién creada Asociación Civil Humanidad con América Latina. La ironía salta a la vista. Cuando era opositor, AMLO no solo callaba sobre las ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino que celebraba sus investigaciones sobre Odebrecht y la Casa Blanca, usándolas sin pudor para machacar al gobierno de Peña Nieto en mítines y redes. Pero ya durante su sexenio, las acosó sin tregua por recibir fondos de USAID, tachándolas de "conservadoras golpistas" financiadas desde Estados Unidos para intervenir en México. Envió notas diplomáticas a Washington, las difamó 265 veces en mañaneras y hasta decretó en 2019 prohibirles fondos públicos. Hoy, él mismo impulsa una colecta masiva con beneficios fiscales idénticos, pero para enviar dinero a La Habana.

La hipocresía se agrava con el fideicomiso del 17 de septiembre, esa caja negra que AMLO creó para supuestamente apoyar damnificados del sismo. Años después, sigue sin rendir cuentas claras. Evidencias apuntan a manejos turbios: un carrusel de depósitos y retiros liderado por su secretario particular, Alejandro Esquer, con flujos millonarios sin destino comprobable. Mientras MCCI documentaba corrupción peñista que AMLO celebraba como opositor, su propio fideicomiso opera en las sombras, intocable.

La autorización del SAT a Humanidad con América Latina apesta a irregularidad. Constituida el 17 de febrero de 2026 (RFC HAL260217NZ8), obtuvo su estatus de donataria autorizada apenas 18 días después, el 9 de marzo. El trámite estándar dura de tres a nueve meses, con resolución máxima en tres meses más 10 días para aclaraciones. Clasificada en el rubro L (fracción XXV del artículo 79 de la Ley del ISR), que exige actividades como promoción de derechos humanos o apoyo a productores en zonas de rezago social, todas limitadas explícitamente a territorio nacional mediante constancias de SEDESOL o equivalentes estatales. La regla 15/ISR del Anexo 1-A del Reglamento de la LISR lo confirma: estatutos exclusivos para México, con impacto local verificable. Nada de eso aplica a comprar alimentos y combustible para Cuba.

Otorgar esta autorización viola la ley. El objeto social, enviar todo a un país extranjero, choca frontalmente con los requisitos territoriales del SAT. Si hay tráfico de influencias (artículo 221 del Código Penal Federal), los responsables recaen en la Administración General Jurídica de Grandes Contribuyentes, específicamente el Administrador General Jurídico que firma el oficio. En el organigrama del SAT, esa área valida solicitudes exprés omitiendo requisitos básicos. El jefe del SAT, subordinado a la SHCP, podría rendir cuentas si se prueba intervención directa.

AMLO celebra investigaciones de MCCI cuando lo favorecían y las condena cuando lo tocan. Promueve opacidad en su fideicomiso mientras exige transparencia a otros. Aprueba donatarias rápidas para aliados ideológicos, ignorando la ley que él mismo endureció contra "financiamientos externos". Esto no es liderazgo; es cinismo puro. El SAT debe revocarla ya, y la FGR investigar antes de que más dinero mexicano financie a un régimen en quiebra mientras México tiene rezago social de sobra.

De Pilón:
En Coatzacoalcos, el crimen organizado se hixo presente con inhumana crueldad y saña. Cuando AMLO era opositor, casos idénticos como este servían de munición: él y sus aliados los ventilaban en redes sociales y en cada mitin para fustigar a Calderón o Peña Nieto, sin importar que los criminales reales quedaran intocables. Decían que los narcos "no son interlocutores válidos", pero nunca los denunciaban directamente ni exigían su captura. Hoy, con miles de muertos anuales en masacres similares, callan. Ni un tuit contra los asesinos ni presión a la autoridad actual. Silencio cómplice.

El error irreversible de cancelar Texcoco

 A siete años de la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, los hechos confirman lo que muchos advertimos entonces: fue una resolución tomada por motivos estrictamente políticos, sin sustento técnico sólido, que ha impuesto al país un costo económico elevado y una infraestructura aérea insuficiente.

Cuando en 2014 el gobierno federal anunció la construcción del NAICM en el vaso regulador del antiguo lago de Texcoco, lo hizo tras exhaustivos estudios realizados por organismos internacionales como la OACI, la IATA y consultores especializados, así como por instituciones mexicanas como la UNAM y el IPN. Se evaluaron varias alternativas, incluida Tizayuca, y Texcoco resultó la opción más viable por su extensión de terrenos federales, proximidad a la capital y capacidad para convertirse en un hub de clase mundial con hasta seis pistas y más de 120 millones de pasajeros anuales. La base aérea de Santa Lucía, hoy convertida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ni siquiera figuraba como contendiente principal, pues los expertos coincidían en que un sistema de múltiples aeropuertos no resolvería la saturación del AICM ni las interferencias en el espacio aéreo.

La cancelación, decidida tras una consulta popular de dudosa representatividad en 2018, se justificó con argumentos que no resisten el escrutinio. Se habló de costos exorbitantes de bombeo de agua, como si el sitio fuera un lago activo en lugar de un terreno seco drenado siglos atrás. Las fotografías de la zona inundada que circulan hoy corresponden a una decisión deliberada posterior: restaurar humedales para crear el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El proyecto original incluía diques, canales y sistemas de drenaje que habrían manejado las precipitaciones sin requerir bombeo constante ni gastos operativos desproporcionados. Tampoco el hundimiento diferencial era el obstáculo insalvable que se presentó: las renivelaciones periódicas de pistas habrían costado menos que el mantenimiento rutinario de una sola pista en el actual AICM.

Los números hablan por sí solos. La Auditoría Superior de la Federación calculó en 2021 un costo directo de cancelación de 113 mil millones de pesos, cifra que no incluye los pagos continuos por la deuda de bonos emitida para financiar el proyecto, ni los subsidios al AIFA. Sumando todo —indemnizaciones, liquidaciones, intereses y amortizaciones—, el impacto acumulado supera los 400 mil millones de pesos. Mientras tanto, el AIFA, construido con recursos públicos, ha requerido subsidios anuales y aún lucha por alcanzar una ocupación aceptable, dependiendo de decretos que obligan a trasladar operaciones desde el AICM.

Si el NAICM hubiera seguido su curso, hoy estaría operando con utilidades. Sus proyecciones financieras, validadas internacionalmente, indicaban que para 2025 manejaría cerca de 70 millones de pasajeros, generando ingresos suficientes por tarifas de uso, concesiones y actividades no aeronáuticas para cubrir sus costos operativos y de mantenimiento sin cargar al erario. El AICM actual, pese a su saturación y antigüedad, es altamente rentable; un aeropuerto nuevo, moderno y bien ubicado lo habría sido aún más.

La decisión de cancelar Texcoco no respondió a razones técnicas ni económicas, sino a una narrativa política que buscaba deslegitimar el proyecto anterior asociándolo a corrupción sin pruebas concluyentes. El resultado es un sistema aeroportuario fragmentado, con un AICM colapsado, un AIFA subutilizado y un país que pierde competitividad en conectividad aérea internacional. México merece infraestructura decidida por criterios técnicos, no por cálculos electorales. El costo de esta lección lo pagamos todos los contribuyentes, y lo seguiremos pagando por décadas.

La neutralidad selectiva de Claudia Sheinbaum

La reciente oleada de insultos y desinformación contra María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, ha dejado al descubierto la virulencia con que ciertos sectores ideológicos —dentro y fuera de Venezuela— intentan desacreditar cualquier símbolo de resistencia democrática. No son simples críticas: son ataques calculados, plagados de falsedades. Se le ha llamado “golpista”, “criminal de guerra” y hasta “agente del imperialismo”, sin que exista una sola prueba que respalde tales imputaciones.

Conviene aclararlo con precisión: María Corina Machado no ha promovido un golpe de Estado, no ha sido acusada de crimen alguno ante tribunales internacionales y jamás ha solicitado intervención militar extranjera en Venezuela. Su lucha documentada desde hace más de dos décadas, ha sido política, cívica y pacífica, incluso frente a un régimen que ha encarcelado, exiliado y silenciado a buena parte de la oposición. Incluso despues de haber evidenciado el fraude electoral contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

Las calumnias provienen, en su mayoría, de voceros del chavismo y de partidos o movimientos ideológicamente afines, como Podemos en España, cuyo exlíder Pablo Iglesias llegó al extremo de comparar el Nobel otorgado a Machado con “dárselo a Hitler”. Tal declaración no solo es grotesca, sino que ejemplifica a la perfección la Ley de Godwin, esa observación según la cual, en toda discusión política prolongada, tarde o temprano alguien recurrirá a una comparación con el nazismo cuando se queda sin argumentos. En este caso, la hipérbole no solo revela impotencia retórica, sino también desprecio por la verdad.

México y su regimen (incluidos sus sicofantes) no está exento de esos calumniadores, pero quizá lo mas vergonzoso es el episodio protagonizado por Claudia Sheinbaum.

Pocas veces la incongruencia diplomática se manifiesta con tanta claridad como en la reciente respuesta de la presidenta ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana. Cuestionada por la prensa, Sheinbaum optó por el silencio: “sin comentarios”, dijo, apelando a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos que asegura que rigen la política exterior mexicana. Sin embargo, en esa misma conferencia, al ser interrogada sobre la crisis política en Perú, abandonó de inmediato la prudencia para criticar al gobierno de Dina Boluarte y expresar su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

La contradicción es evidente. Los principios constitucionales no se activan ni se suspenden según conveniencia ideológica. Si la neutralidad diplomática es un valor, debe aplicarse de manera uniforme, no solo cuando el gobierno implicado es aliado político. Al callar ante Venezuela y pronunciarse sobre Perú, el mensaje es inequívoco: la doctrina mexicana de no intervención se interpreta con sesgo. No se trata ya de una política exterior basada en principios, sino en simpatías.

Este doble rasero repite el patrón observado durante el sexenio de López Obrador: solidaridad automática con regímenes de izquierda por más autoritarios que sean y crítica abierta hacia gobiernos percibidos como conservadores o adversos al ideario morenista. Tal selectividad no solo erosiona la credibilidad internacional de México, sino que contradice su mejor legado diplomático: la consistencia moral y jurídica que alguna vez dio prestigio a la Doctrina Estrada.

En política exterior, la coherencia no se mide por la ideología de los interlocutores, sino por la fidelidad a los principios. Y en este episodio, el “sin comentarios” de la presidenta dice mucho más de lo que calla.

El espejo moral: cuando quien denuncia se parece demasiado los que condena y sus vicios.

Hay algo casi trágico y, al mismo tiempo, predecible en la forma en que el poder acaba pareciéndose a aquello que juró destruir. El obradorismo nació como una cruzada moral: la gran purga contra la corrupción, el saqueo y el cinismo de los gobiernos anteriores. La narrativa era nítida: ellos, los de antes, usaban el Estado como botín; nosotros venimos a regenerarlo. Y durante años, esa promesa fue el combustible político más poderoso en México.

Pero el problema con las cruzadas morales es que suelen volverse ciegas hacia adentro. Cuando la legitimidad descansa en la certeza absoluta de la propia pureza, cualquier crítica se convierte en conspiración, cualquier evidencia en calumnia, y cualquier demanda de rendición de cuentas en traición.

Hoy, la lista de incoherencias es larga y corrosiva. Ahí está SEGALMEX, convertido en un pozo negro de desvíos multimillonarios, el escándalo de corrupción más grande del sexenio pasado, que se administra con un silencio conveniente y sin el mismo ímpetu justiciero con el que se atacaba a la “estafa maestra” de Peña Nieto. Ahí está el balastro del Tren Maya, inflado de sobrecostos y opacidad, adjudicado a discreción, mientras la selva se devasta sin estudios ambientales completos, con imágenes satelitales mostrando la deforestación masiva que contradice toda bandera ecológica.

Ahí está Andy López Beltrán, hijo del presidente, viajando por el mundo y hospedándose en hoteles de lujo, sin que nadie explique el origen de los recursos, mientras el discurso oficial sigue predicando la austeridad republicana. Ahí está la “Casa Gris” en Houston, residencia vinculada a José Ramón López Beltrán, donde los contratos con empresas petroleras y el confort de la vida en el extranjero parecen incompatibles con la prédica del “no mentir, no robar, no traicionar”.

Ahí están, filmados y contados, los sobres amarillos que cambian de manos entre David los hermanos de AMLO y la aceptación, reconocimiento y justificación (“son aportaciones”) de este que terminaron despachándose con un guiño de confianza en lugar de una investigación seria. Todo ello mientras se insiste en que la corrupción se acabó “arriba”.

La coherencia, ese bien político cada vez más escaso, exige que quien acusa con severidad se someta a la misma vara con la que midió a sus adversarios. No hay transformación moral si la indignación es selectiva; no hay regeneración democrática si los pecados de hoy son indultados por afinidad ideológica. Porque el verdadero cambio no está en sustituir a un grupo de beneficiarios por otro, sino en asegurar que las reglas sean más fuertes que los caudillos.

El obradorismo, que prometió ser antídoto contra la impunidad, ha terminado por administrarla con la misma lógica que criticaba: minimizar lo propio, magnificar lo ajeno. Se hizo en el pasado durante décadas y ahora lo hace el movimiento que juró encarnar la honestidad como virtud política suprema.

La regeneración que se proclamaba desde el Zócalo se convirtió en un régimen que protege a los suyos con la misma impunidad con que antes se protegía a los otros; a veces los de ahora son los mismos de antes (Espino, Yunes, Bartlett, Murat, etc.). Y cuando el poder se siente inmune al espejo, cuando la crítica se percibe como ataque y la transparencia como estorbo, la moral pública se degrada. Entonces la lucha contra la corrupción deja de ser un principio y se convierte en un instrumento: un garrote para golpear al adversario, un escudo para blindar al aliado.

La historia mexicana está saturada de gobiernos que prometieron purificar al Estado y terminaron construyendo su propio sistema de privilegios y complicidades. La diferencia, en este caso, es que el obradorismo llegó al poder con una fe casi religiosa de millones que creyeron en la palabra de su líder. La negación, por tanto, es inclusive violenta: porque no solo se traiciona un compromiso político, sino también deja a los que compraron el cuento como ingenuos o perro, cómplices.

Estamos nuevamente ante el caso del que se proclama distinto… hasta que el espejo le devuelve un rostro demasiado parecido al del enemigo que decía combatir.

De pilón.

No son iguales.

Entre el 1 de diciembre de 2018 y julio de 2025 se aplicaron 15,461 sanciones a servidores públicos.

Peña Nieto impuso unas 58,000 y Calderón 42,000.

El peso de las palabras: Chicharito, Sheinbaum y la delgada línea entre opinión y poder

Las recientes declaraciones de Javier “Chicharito” Hernández sobre los roles de género han desatado una tormenta en la opinión pública mexicana. En un video difundido en redes sociales, el futbolista expresó opiniones que muchos han calificado como machistas, al sugerir que las mujeres deben priorizar tareas domésticas como cuidar el hogar y cuestionar el feminismo con un tono despectivo. Estas palabras, aunque ofensivas para muchos, forman parte del derecho de un ciudadano privado a expresar sus puntos de vista, por más controvertidos que sean. Sin embargo, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, al calificar los comentarios de Hernández como “muy machistas” y sugerir que “tiene mucho que aprender”, plantea una pregunta incómoda: ¿es adecuado que la máxima autoridad del país opine sobre las declaraciones de un ciudadano privado, por más reprobables que estas sean?

La respuesta de Sheinbaum no solo amplificó la controversia, sino que también pareció catalizar las sanciones posteriores impuestas a Chicharito. La Federación Mexicana de Fútbol anunció una multa económica al jugador, un hecho que, cronológicamente, siguió a los comentarios presidenciales y que podría interpretarse como una reacción a la presión generada desde el Ejecutivo. Esta secuencia de eventos pone en entredicho la autonomía de las instituciones deportivas y sugiere una posible influencia del poder político en la esfera privada, lo cual resulta preocupante en una democracia que valora la libertad de expresión, incluso cuando las opiniones son impopulares o chocantes.

Este episodio no puede analizarse sin considerar un precedente igualmente controversial. Durante su mandato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que las mujeres mayores debían asumir roles de cuidado, como atender a nietos o enfermos, a cambio de apoyos económicos del gobierno. Estas declaraciones, provenientes de la máxima autoridad del país, no solo reforzaron estereotipos de género, sino que se tradujeron en políticas públicas que moldearon la distribución de recursos y las prioridades nacionales. A diferencia de las palabras de Chicharito, que reflejan la opinión de un individuo sin poder político, las de López Obrador tuvieron un impacto tangible en la vida de millones, al institucionalizar una visión tradicionalista del rol de las mujeres en la sociedad.

Aquí radica una distinción crucial: las opiniones de un ciudadano privado, por más influyente que sea como figura pública, no tienen el mismo peso que las de una autoridad. Las palabras de un futbolista pueden generar debate o indignación, pero carecen de la capacidad de convertirse en políticas que afecten a toda una nación. En contraste, cuando un presidente emite juicios que perpetúan estereotipos, estos no solo legitiman ciertas narrativas, sino que pueden transformarlas en acciones de gobierno con consecuencias reales. La intervención de Sheinbaum en el caso de Chicharito, aunque motivada por un rechazo legítimo al machismo, cruza una línea al involucrar al Estado en la censura de opiniones personales, lo que podría sentar un precedente peligroso para la libertad de expresión.

El caso de Chicharito no debe minimizarse como un simple exabrupto. Sus palabras reflejan una mentalidad que aún persiste en sectores de la sociedad mexicana y que merece ser debatida. Sin embargo, la respuesta no debería venir desde el púlpito presidencial, sino de la sociedad misma, a través del diálogo, la crítica y la educación. Las sanciones impuestas al futbolista, posiblemente influenciadas por el señalamiento de la presidenta, refuerzan la percepción de que el poder político puede moldear las consecuencias de las opiniones privadas. En un país que aspira a la igualdad y al respeto por los derechos individuales, es fundamental distinguir entre el peso de las palabras de un ciudadano y el impacto de las declaraciones de quienes ostentan el poder. La verdadera transformación cultural no se logrará con sanciones impulsadas desde el Estado, sino con un debate abierto que fomente la reflexión y el cambio desde la base de la sociedad.

La Constitución también protege al contribuyente

Por importante que sea la obligación constitucional de contribuir al gasto público, es indispensable tener presente que la Constitución no es un instrumento para legitimar la voracidad fiscal ni para reducir al ciudadano a un simple objeto de recaudación. La materia fiscal, aunque regulada por leyes específicas, no puede desligarse del bloque de constitucionalidad que también ampara los derechos fundamentales de los contribuyentes.

En su artículo, la ministra Lenia Batres sostiene que la materia fiscal no es propiamente constitucional. Sin embargo, omite mencionar que el derecho fiscal está profundamente condicionado por el principio de legalidad y por el marco de garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Es decir: nadie puede ser molestado en sus bienes sino mediante un mandamiento fundado y motivado, y todo acto de autoridad debe estar sujeto a control judicial.

El artículo 31, fracción IV, citado por la ministra, en efecto establece la obligación de contribuir “de manera proporcional y equitativa”, pero dicha disposición es solo una parte del entramado constitucional. La proporcionalidad y equidad no son principios meramente contables; implican una evaluación sustantiva sobre la justicia del sistema tributario, sobre su carga, su destino y su impacto social. Reducirlos a fórmulas técnicas es perder de vista su carácter garantista.

Los principios mencionados por la ministra —proporcionalidad, equidad, reserva de ley y destino del gasto público— son válidos, pero incompletos si no se integran con otras garantías constitucionales que protegen a la persona frente al poder fiscal del Estado.

Por ejemplo, la equidad no sólo exige que todos contribuyan, sino que no se cree una carga excesiva o desproporcionada sobre ciertos sectores, como suele ocurrir con los regímenes de confianza o los impuestos indirectos que afectan más a los que menos tienen. Del mismo modo, la “reserva de ley” debe entenderse como un blindaje contra la discrecionalidad, no como una excusa para imponer cargas sin control judicial ni participación efectiva del Congreso.

El Congreso no tiene carta blanca. El artículo 73, fracción VII, que faculta al Congreso a imponer contribuciones, no le otorga poder absoluto. La Constitución establece límites materiales y competenciales. La fracción XXIX del mismo artículo —que la ministra menciona— delimita con claridad los campos en los que se puede gravar, y esa delimitación existe para proteger a los ciudadanos frente a una expansión arbitraria del poder fiscal.

La enumeración que hace la ministra de los productos y sectores gravables —cerveza, tabaco, gasolina, etc.— parece una justificación tácita de un sistema fiscal regresivo, en donde los productos de consumo popular son los más castigados. Esta orientación impositiva choca con los principios de justicia distributiva, ya que termina afectando más al que menos tiene.

La ministra enumera los medios de defensa ante actos fiscales: revocación, nulidad, amparo, etc. Pero omite mencionar que el acceso a estos medios suele ser complejo, costoso y lento, lo cual vulnera de facto el derecho a la tutela judicial efectiva.

Cita también a la Prodecon, creada como una figura auxiliar de defensa, pero minimiza el hecho de que este organismo no tiene facultades vinculantes y que muchas veces sus recomendaciones son ignoradas por las autoridades fiscales. Hablar de la Prodecon como si fuera una garantía efectiva del debido proceso es, en el mejor de los casos, una exageración.

Por último, es importante señalar que el SAT sí goza de amplias facultades y prerrogativas, muchas veces con presunción de legalidad, mientras que el contribuyente debe probar su inocencia ante una maquinaria recaudatoria que, por diseño, es más fuerte que él.

El equilibrio necesario

La Constitución no sólo impone deberes. También establece límites al poder y garantías a los gobernados. El derecho fiscal no puede leerse sólo desde el punto de vista de la obligación de contribuir, sino también desde el derecho a no ser objeto de arbitrariedad, abuso o trato desigual.

Por ello, frente a una lectura parcial que presenta al contribuyente como un ente pasivo frente al Estado recaudador, es necesario recordar que el pacto constitucional es también un pacto de límites al poder tributario. Y eso, por más que se quiera simplificar o adornar con tecnicismos, no debe olvidarse.

De denunciar al Ejército en las calles a entregarle el Estado.

 

En México, pocas transformaciones han sido tan profundas y tan contradictorias como la militarización del poder civil durante los gobiernos de Morena. Quienes hoy gobiernan fueron, durante años, férreos críticos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, señalando riesgos para los derechos humanos, la democracia y el equilibrio institucional. Hoy, ya en el poder, no solo han sostenido esa presencia, sino que la han ampliado, institucionalizado y normalizado en dimensiones inéditas.

Este viraje no es menor. No se trata de un simple ajuste estratégico, sino de un giro doctrinal que contradice frontalmente el discurso que sostuvo a un movimiento político que prometía lo contrario de lo que hacían los antecesores y que ahora ellos mismos hacen con un mayor énfasis. La presencia militar se ha extendido más allá de las calles y los operativos: está ahora en las aduanas, en la administración de aeropuertos, en las obras públicas, en programas sociales, en la inteligencia civil y hasta en las finanzas. De una participación excepcional, hemos pasado a una dependencia estructural.

En los años de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la entonces oposición, con López Obrador a al frente, denunció constantemente el uso del Ejército para funciones que la Constitución reserva a las autoridades civiles. Las denuncias eran legítimas: durante ese periodo, los organismos de derechos humanos registraron un aumento en las violaciones por elementos castrenses, y la estrategia de “guerra contra el narco” dejó miles de víctimas colaterales.

El propio López Obrador, en su libro La salida (2017), señalaba los peligros de militarizar la seguridad pública y proponía crear una Guardia Nacional que combinara elementos civiles y militares, pero bajo un mando civil. La lógica era clara: fortalecer a las instituciones policiales y reducir gradualmente la participación de las Fuerzas Armadas. La promesa fue que “el Ejército volvería a sus cuarteles”.

Sin embargo, una vez en el poder, la narrativa cambió. La Guardia Nacional nació con discurso civil, pero estructura y entrenamiento militar. Recientemente se consumó el traspaso formal de su control a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ignorando la división constitucional original entre autoridades civiles y militares.

Lo que agrava esta contradicción es que la presencia militar no se limita a la seguridad. Las Fuerzas Armadas han sido encargadas de construir aeropuertos como el AIFA, el Tren Maya, bancos del Bienestar, y recientemente se les entregó el control administrativo de varios puertos y aduanas. Administran aerolíneas, empresas estatales, y ejercen presupuesto sin rendición de cuentas pública.

Quienes hoy gobiernan decían que el Ejército en las calles ponía en riesgo los derechos humanos. Hoy, aunque con menor cobertura mediática merced a una CNDH capturada por el gobierno, siguen ocurriendo ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas y detenciones ilegales atribuibles a militares.

Decían también que la opacidad del Ejército era incompatible con la democracia. Hoy, miles de contratos adjudicados a SEDENA y SEMAR han sido clasificados como de “seguridad nacional”, obstaculizando el escrutinio público.

Se advertía que el poder armado debía someterse al civil. Pero en la práctica, el gobierno ha cedido el control de áreas estratégicas.

Desde el gobierno se argumenta que las Fuerzas Armadas son más confiables que las policías civiles, que están menos expuestas a la corrupción y que han demostrado capacidad operativa. En parte es cierto, de hecho, esos eran los argumentos de Calderón y Peña, pero eso no justifica entregarle tareas para las que no fue creado.

La lógica democrática no es confiar ciegamente en las instituciones, sino establecer controles, límites y responsabilidades. Si la solución a los males del Estado civil es sustituirlo por una lógica militar, entonces no estamos corrigiendo el problema: estamos cancelando la posibilidad de fortalecer la democracia.

Más allá de las obras construidas, la mayor pérdida puede ser la institucional: se ha debilitado la noción de que los civiles deben controlar el uso de la fuerza, administrar los recursos públicos y ejercer el poder político. Si la tendencia continúa, lo que está en juego no es solo una estrategia de seguridad, sino el tipo de Estado que se está construyendo.

La militarización en tiempos de Calderón y Peña Nieto fue denunciada como una traición a los principios democráticos. Hoy, esa misma lógica exacerbada ha sido asumida como política de Estado por quienes entonces la resistían y se presentaban como alternativa ética.

Negar la contradicción es mentir. Minimizar los riesgos es irresponsable. Y normalizar esta situación es peligroso.

De Pilón: