Gaza, Israel y la obligación de no simplificar.

La controversia provocada por el texto de Ezra Shabot en Nexos tiene, por lo menos, un mérito: recordar que palabras como “genocidio” no pueden utilizarse como simples sinónimos de guerra, matanza o destrucción. En el derecho internacional, el genocidio exige demostrar la comisión de determinados actos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Pero esa precisión jurídica tampoco puede convertirse en una forma de minimizar la magnitud de lo que ocurre en Gaza. Que la Corte Internacional de Justicia no haya dictado una sentencia definitiva sobre el fondo no significa que la acusación sea absurda o puramente propagandística. La Corte consideró que existían derechos plausibles protegibles bajo la Convención y ordenó medidas provisionales ante un riesgo grave de perjuicio irreparable. Esto no equivale a una condena, pero tampoco a una absolución.

La discusión exige, por tanto, sostener dos ideas al mismo tiempo. La primera: todavía debe probarse jurídicamente la intención genocida de Israel. La segunda: la falta de una sentencia definitiva no autoriza a ignorar la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, el desplazamiento masivo, la falta de alimentos y medicinas, ni el sufrimiento de la población palestina. Una catástrofe humanitaria existe antes de que un tribunal determine cuál es su calificación jurídica exacta.

También es indispensable reconocer los crímenes de Hamás sin convertirlos en una explicación universal de todo lo que sucede. El ataque del 7 de octubre incluyó asesinatos deliberados de civiles israelíes, toma de rehenes y una violencia dirigida contra población judía e israelí. Es legítimo exigir que esos hechos sean investigados y castigados con toda severidad. También es razonable discutir si determinadas acciones y declaraciones de Hamás podrían satisfacer los elementos de crímenes internacionales particularmente graves.

Sin embargo, Hamás no es Gaza y Gaza no es Hamás. La organización armada ha controlado políticamente el territorio, pero la población gazatí está compuesta por millones de civiles: niños, ancianos, enfermos y personas que no participan en las decisiones de sus dirigentes. La utilización de zonas civiles por parte de Hamás, aun cuando ocurra, no convierte automáticamente a todos los habitantes en combatientes ni elimina las obligaciones de Israel de distinguir entre objetivos militares y población civil.

Del otro lado, Israel tampoco debe confundirse con todos los judíos ni con todas las personas que defienden su existencia. El gobierno israelí y sus fuerzas armadas deben responder por sus decisiones concretas, del mismo modo que Hamás debe responder por sus ataques y por la conducta de sus dirigentes. Criticar a Israel no es, por sí mismo, antisemitismo. Defender la seguridad de Israel no implica, por sí mismo, justificar cada acción de su gobierno. Ambas afirmaciones son necesarias para evitar que la discusión se convierta en una sucesión de etiquetas.

La palabra “genocidio” merece un tratamiento especialmente cuidadoso. Quienes la utilizan para describir lo que ocurre en Gaza no deberían presentarla como una condena judicial ya definitiva. Deben explicar qué hechos consideran probatorios de la intención específica exigida por la Convención: declaraciones oficiales, patrones de conducta, destrucción de condiciones indispensables para la vida, desplazamiento, restricciones de ayuda y persistencia de esas políticas pese a las advertencias. La intención no siempre aparece en una orden explícita; puede inferirse de un conjunto de circunstancias. Pero esa inferencia debe argumentarse y documentarse, no darse por sentada.

Quienes rechazan la acusación de genocidio, como Shabot, tienen exactamente la misma obligación de responder a esos hechos y no limitarse a señalar a Hamás, el antisemitismo o la supuesta intención de destruir Israel. La existencia de un enemigo criminal no otorga carta blanca a un Estado. Tampoco basta con que Israel declare que su objetivo es destruir a Hamás: deben examinarse los métodos empleados, las alternativas disponibles, la protección efectiva de los civiles y las consecuencias previsibles de sus órdenes militares.

El lenguaje importa. Describir a los niños palestinos muertos como “yihadistas en potencia” no es una manera razonable de introducir precisión en el debate. Es una generalización que atribuye responsabilidad colectiva y termina deshumanizando a quienes deberían ser considerados civiles protegidos. Del mismo modo, llamar automáticamente “genocida”, “nazi” o “antisemita” a todo aquel que sostenga una posición contraria impide discutir la evidencia y convierte el desacuerdo político en una condena moral absoluta.

La posición más responsable no consiste en repartir culpas de manera mecánica ni en fingir que las partes tienen la misma capacidad, responsabilidad o poder. Hamás cometió atrocidades contra civiles y mantiene una lógica política y militar que pone en peligro tanto a israelíes como a palestinos. Israel tiene derecho a proteger a su población y a combatir a una organización armada responsable de esos crímenes, pero ese derecho está limitado por el derecho internacional y no justifica castigos colectivos, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados o la privación de bienes indispensables para la supervivencia.

La tragedia de Gaza no puede convertirse en una defensa automática de Hamás. Pero la condena de Hamás tampoco puede convertirse en una licencia para desatender la vida palestina. La pregunta decisiva no debería ser qué bando merece nuestra solidaridad absoluta, sino qué hechos ocurrieron, quién ordenó qué, quiénes fueron las víctimas, qué obligaciones legales fueron incumplidas y cómo puede detenerse la destrucción.

En ese sentido, el debate suscitado por Shabot puede ser útil si obliga a utilizar con rigor el concepto de genocidio. Será perjudicial si ese rigor se emplea para negar el sufrimiento de Gaza, justificar la responsabilidad colectiva o silenciar toda crítica a Israel.

Y precisamente por eso me parece inaceptable que haya voces que pidan silenciar a Shabot, a Nexos o a cualquier persona que encuentre puntos coincidentes con su texto. Una cosa es cuestionar sus argumentos, señalar sus generalizaciones, exigirle fuentes y rechazar expresiones desafortunadas. Otra muy distinta es pretender que esas ideas no sean publicadas o discutidas.

La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones correctas, populares o moralmente cómodas. También protege aquellas posiciones que consideramos equivocadas y que queremos refutar. Resulta todavía más preocupante que algunas de las voces que exigen ese silenciamiento no hayan formulado siquiera una crítica clara a Hamás por los asesinatos del 7 de octubre, por la toma de rehenes y por su responsabilidad al colocar deliberadamente a la población civil en medio de la confrontación.

La medida justa, entonces, consiste en mantener las dos exigencias al mismo tiempo: condenar sin ambigüedad los crímenes de Hamás y exigir, sin excepciones, la protección de la población palestina y la rendición de cuentas de Israel. Pero esa exigencia debe hacerse mediante argumentos, evidencia y debate abierto, no mediante la censura de quienes sostienen una posición incómoda.

Quieren callar a Nat Torres

A Natalia Torres no la quieren callar por una frase, sino por incomodar al poder

La controversia reciente en torno a Natalia Torres ha servido como pretexto perfecto para que intenten reducir su figura a una sola declaración desafortunada. Pero ese intento de simplificación no resiste el análisis. Lo que verdaderamente molesta no es una frase aislada sobre el derecho al voto, sino el conjunto de sus posiciones, críticas y señalamientos que han resultado incómodos para el oficialismo y sus voceros.

Porque cuando alguien se atreve a cuestionar con claridad el rumbo del país, la reacción suele ser la misma: descalificación personal, caricaturización del argumento y, si es posible, intento de cancelación. En ese sentido, el caso de Torres encaja en un patrón ya conocido. No se ataca tanto lo que dijo, sino el hecho de que ha dicho demasiado, y demasiado bien, como para que sus opositores puedan refutarla con ideas.

Reducirla a una etiqueta partidista también es una estrategia conveniente. Si se le acusa de panista, se busca meterla en un cajón ideológico y evitar discutir el fondo de sus planteamientos. Pero ese recurso dice más de quienes lo usan que de ella misma. Lo relevante no es si simpatiza o no con una fuerza política, sino que no actúa como servidora del poder de turno. Y en un ecosistema político cada vez más intolerante a la disidencia, eso basta para convertir a una analista en objetivo.

El verdadero problema es que no se deja someter. El poder tolera mejor al crítico domesticado que al crítico libre. Tolera al que replica consignas, al que se disciplina, al que modula sus opiniones según la conveniencia del momento. Lo que no tolera es a quien insiste en hablar sin pedir permiso. Y eso parece explicar buena parte del ensañamiento contra Torres: no se ha alineado, no se ha arrodillado y no ha convertido su voz en eco del discurso oficial.

Ese es el punto central. No es la polémica en sí lo que provoca la furia, sino la independencia. En política, decir lo incómodo puede ser aceptable; decirlo sin deberle lealtad a nadie ya no tanto. Cuando una voz pública mantiene distancia del régimen, sus aparatos de simpatizantes y sus operadores buscan desacreditarla antes que debatirla. El objetivo no es corregir el argumento, sino desgastar a la persona.

Por eso resulta más plausible leer el ataque como una reacción a su autonomía intelectual y política que como una simple consecuencia de una opinión controvertida. La frase sobre el voto fue el detonante visible; el problema de fondo es más profundo y más viejo: a ciertos actores les incomoda cualquier figura que no puedan comprar, someter o domesticar.

Lo que está en juego no es solo una influencer o una comentarista política. Lo que está en juego es quién puede hablar en el espacio público sin pagar el costo de la alineación. Si cada voz crítica debe demostrar pureza ideológica, obediencia partidista o sumisión al poder para ser escuchada, entonces el debate público ya está empobrecido antes de comenzar.

En ese contexto, la reacción contra Torres puede leerse como un intento de disciplinamiento. No necesariamente porque sea perfecta, ni porque sus opiniones estén exentas de error, sino porque su voz rompe la comodidad del consenso oficialista. Y eso, para un régimen que prefiere la adulación a la crítica, es imperdonable.

Natalia Torres no debería ser defendida por simpatía, sino por un principio más básico: el derecho a disentir sin ser convertida automáticamente en enemiga. Si hoy la ataca inclusive la propia presidenta Shainbaum, no es solo por una frase torpe, sino porque han sido incapaces de desarmar el resto de sus argumentos. Y cuando la discusión se agota, el poder suele recurrir a su recurso favorito: intentar silenciar.

Intervención extranjera: cuando la ley se dobla al discurso

La discusión no es técnica, es política. Aunque algunos advierten con razón que la ley no define con precisión qué constituye “intervención extranjera” en materia electoral, en los hechos el gobierno ya dejó claro cómo pretende interpretarla: no como una categoría jurídica objetiva, sino como un instrumento político discrecional.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ejemplificó al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Su argumento es simple: reciben financiamiento del extranjero y son críticos del gobierno, por lo tanto, encajan en la narrativa de “intervención”. El problema es que ninguno de esos elementos, por sí mismo, configura un delito ni una irregularidad.

En México, recibir financiamiento del extranjero no es ilegal para organizaciones de la sociedad civil. Durante años, múltiples asociaciones, incluyendo algunas cercanas a distintas fuerzas políticas, han operado con recursos provenientes de fundaciones internacionales, agencias de cooperación e incluso gobiernos extranjeros, como ocurrió con USAID antes de los recortes implementados en Estados Unidos. Esa práctica no solo es legal, sino común en democracias abiertas.

Tampoco es ilícito o siquiera cuestionable oponerse al gobierno en turno. De hecho, es un componente esencial de cualquier sistema democrático. MCCI, guste o no su línea editorial, ha mantenido una labor consistente de periodismo de investigación desde sexenios anteriores, documentando casos de corrupción tanto en administraciones pasadas como en la actual. En su momento, esos hallazgos fueron celebrados y amplificados por Morena cuando se encontraban en la oposición. Hoy, bajo el poder, el mismo ejercicio es descalificado como ataque político.

Ahí es donde la supuesta ambigüedad legal deja de ser relevante. No estamos ante un vacío técnico que deba resolverse con mejor redacción legislativa, sino frente a una redefinición política del concepto. “Intervención extranjera” deja de significar injerencia indebida de gobiernos o actores externos en procesos electorales, y pasa a convertirse en una etiqueta útil para desacreditar a actores incómodos.

El riesgo de esta lógica es evidente. Si el criterio es tan amplio que incluye a organizaciones que reciben financiamiento internacional y critican al gobierno, entonces el estándar no distingue entre injerencia ilegítima y ejercicio legítimo de la sociedad civil. Bajo esa interpretación, cualquier voz crítica con vínculos internacionales podría ser susceptible de ser señalada, investigada o incluso utilizada como argumento para impugnar procesos electorales.

Más preocupante aún es el precedente político. Cuando un gobierno redefine conceptos legales clave para ajustarlos a su narrativa, debilita la certeza jurídica y abre la puerta a decisiones discrecionales. Hoy puede ser una organización civil; mañana podrían ser medios de comunicación, universidades o incluso organismos internacionales.

En el fondo, el debate no es sobre soberanía, sino sobre control del discurso público. La crítica financiada desde el extranjero no es automáticamente intervención; es, en muchos casos, parte de una red global de rendición de cuentas y transparencia. Confundir ambas cosas no solo es incorrecto: es funcional al poder.

Y ese es el punto central: no hay ambigüedad en lo que Morena entiende por “intervención extranjera”. La definición ya está dada, no en la ley, sino en la narrativa. Y esa diferencia, en una democracia, lo cambia todo.

De la denuncia al control: la degradación del principio democrático

El ascenso político de Andrés Manuel López Obrador se sostuvo sobre una crítica sistemática al poder: denunció la parcialidad del Ejecutivo, la corrupción electoral y el sometimiento de las instituciones a intereses partidistas. Esa narrativa alimentó una expectativa de transformación ética y política; un cambio de régimen que sustituyera la manipulación por la legitimidad. Pero una vez en el poder, la práctica desmintió el discurso. Hoy, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum reproducen —con mayor sofisticación institucional— los mismos patrones que alguna vez condenaron.

El fenómeno puede observarse en tres planos: la comunicación, el ejercicio del gobierno y la reconfiguración institucional. En materia de comunicación, la conferencia presidencial transformó la función informativa en propaganda política. No se trata solo de una violación al principio de imparcialidad, sino de una distorsión del espacio público: el Ejecutivo se erige como juez y parte, amplificando su narrativa mediante recursos del Estado mientras descalifica a opositores, medios y órganos autónomos. El lenguaje de “pueblo contra conservadores” sustituye el debate racional por una lógica de fidelidades morales, anulando el pluralismo.

En el terreno del poder político, la frontera entre gobierno y partido ha prácticamente desaparecido. Programas sociales, giras oficiales y plataformas institucionales son utilizados con un propósito electoral que, aunque a menudo se reviste de legalidad, vulnera el espíritu democrático. La intervención presidencial en comicios locales, y más recientemente, el respaldo explícito a la candidatura oficialista, demuestran que el Ejecutivo actual ha convertido la neutralidad en una ficción conveniente.

El tercer plano es el más grave: el intento de controlar el árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, que surgió de un consenso multipartidista para garantizar elecciones auténticas, enfrenta ahora un proceso de captura institucional. El reemplazo de consejeros técnicos por perfiles abiertamente leales al gobierno destruye el principio de independencia y coloca al sistema electoral en riesgo de subordinación política. Paradójicamente, quienes exigían un INE autónomo son hoy quienes buscan someterlo.

Esa contradicción revela el fondo moral del problema. El lopezobradorismo no anuló la cultura política del viejo régimen; la internalizó. Reemplazó al “sistema” que tanto decía combatir, no por una ética nueva, sino por una lealtad distinta. La transformación prometida terminó siendo una regresión más sofisticada, donde el discurso moral sirve para justificar la concentración de poder.

La paradoja final es que el proyecto que nació denunciando la impunidad se convirtió en su nuevo custodio. Así, la democracia mexicana enfrenta hoy su prueba más seria: no la del fraude abierto, sino la de la erosión disfrazada de legitimidad popular.

Crisis de desaparecidos: los hechos que México no puede seguir negando

 El rechazo del Gobierno mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU genera desconcierto generalizado, junto con críticas que Vanessa justifica como malentendidos. Ese enojo colectivo merece respuesta directa.

Para aclarar el problema central, empezaré descartando lo que no explica su defensa del gobierno actual. Vanessa afirma que Andrés Manuel López Obrador institucionalizó la búsqueda de desaparecidos al crear la Comisión Nacional de Búsqueda y poner en marcha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto es falso: ambas surgieron de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en 2017 durante el sexenio de Peña Nieto y vigente desde 2018. AMLO las operativizó en 2019, pero el marco legal ya existía, igual que un registro previo desde 2012. Insistir en que "solo entonces comenzó el esfuerzo" ignora la presión social post-Ayotzinapa que obligó a ese andamiaje, con fiscalías especializadas y comisiones estatales incluidas.

Vanessa afirma que la Cuarta Transformación trajo un ánimo único para fortalecer el marco institucional y normativo de la crisis. Esto no se sostiene. La ley de 2017 y sus reformas iniciales sentaron las bases; la 4T las amplió con presupuestos mayores, pero sin resultados a la altura: 72 mil restos sin identificar al final del sexenio pasado y miles de fosas nuevas. El Comité de la ONU elogia ese marco jurídico como ejemplo regional, sin atribuirlo solo a AMLO o Sheinbaum; reconoce la estructura desde 2017 y la apertura internacional que Peña Nieto promovió.

Vanessa coincide en que el Comité liga el alza de desapariciones a la guerra contra el narco desde 2006 con Calderón, y admite que los casos clave ocurrieron mayormente bajo Calderón y Peña Nieto. Las cifras lo confirman: alrededor de 17 mil a 26 mil casos en Calderón, 33 mil a 40 mil en Peña, pero un récord de 44 mil a 54 mil bajo AMLO. El Comité no limita el pico a sexenios previos; cita también eventos recientes como Tala y Teuchitlán en Jalisco. Negarlo es manipular datos para eximir al obradorismo.

Vanessa argumenta que el foco del rechazo oficial radica en "aquiescencia". Según el derecho internacional, incluye cuando grupos criminales actúan con apoyo u omisión estatal, no solo privaciones directas por autoridades. Sin embargo, los simpatizantes de AMLO no vacilaron en aplicarlo antes. En Ayotzinapa bajo Peña, con #FueElEstado, denunciaban complicidad sistemática como desaparición forzada. Ahora dicen que es solo "ineficacia". El Comité desarma esa defensa al afirmar en su conclusión 118 que no hay indicios de política federal deliberada u omisión, abarcando los sexenios de Calderón, Peña y AMLO por igual.

México argumenta ante el Comité que la negligencia no equivale a complicidad, y tiene base para ello. Pero la 4T prometió cambios radicales, recortó mecanismos independientes y dejó un desastre forense peor, con impunidad por encima del 95 por ciento. Vanessa admite que sin resultados las intenciones se desvanecen ante la realidad cruda, pero pasa por alto que esa realidad empeoró bajo su defendida 4T: más casos pese a más recursos.

Cierro reconociendo lo que ella evade: las víctimas no miden el dolor por sexenios. Calderón desató la crisis, Peña no la contuvo, AMLO y Sheinbaum la inflaron con retórica hueca. Rechazar el informe no aclara sino que oculta fracasos compartidos que exigen acción real, no narrativas selectivas

Crisis de desaparecidos: desenmascarando la hipocresía obradorista

En su columna de El País titulada "Crisis de desaparecidos: tomárselo en serio", Vanessa Romero Rocha pretende vendernos una visión pasteurizada de la crisis de desaparecidos, como si se tratara de un malentendido técnico remediable con buena fe y un poco de orden. Pero el asunto no es tan inocente: desde 2006 y hasta 2018, Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus acólitos convirtieron esta tragedia en un arma electoral, instrumentalizándola sin pudor para escalar al poder con narrativas de "guerra sucia" y culpas ajenas. Una vez en el Palacio, el mismo AMLO, su gobierno y sus fieles optaron por esquivarla con excusas risibles como "cuidar la investidura", minimizando cifras y prometiendo reportes y resultados que nunca llegaron.

Vanessa Romero Rocha arranca su columna con homeopática de indulgencia: "Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden". Esto no es análisis, es maquillaje descarado para blanquear al sexenio pasado, el de AMLO, cuando las desapariciones se dispararon como nunca —de 26 mil casos acumulados en 2018 a más de 110 mil al cierre de su mandato, según datos oficiales del RNPDNO que ella misma cita indirectamente. Esa "falta de método" no fue torpeza casual, sino un diseño meticuloso para diluir la magnitud real del problema y postergar investigaciones reales. Hablar de "buena voluntad" cuando es evidente la negligencia sistemática es el mismo truco obradorista de siempre: santificar cada torpeza, vileza o calculada maniobra del "movimiento transformador" mientras se demoniza cualquier crítica como "traición a la patria".

Pretende Romero Rocha que la furia ciudadana que acusa al Estado de "rasurar, borrar o desaparecer personas para ajustar cifras", carece de "sustento y claridad técnica". Aquí va lo que pide: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado en 2018 bajo supervisión de la CNDH y nutrido con datos retroactivos, alcanzó 132,534 entradas al marzo de 2026, según la propia presentación de Sheinbaum. De ellas, 46,742 (35%) son irreales por datos vagos o duplicados, y 40,308 (30%) corresponden a personas con huellas vitales posteriores (matrimonios, altas en SAT, INE, nóminas públicas, incluso vacunas COVID). Esto no es "depuración técnica": es purga selectiva sin cruces interoperables previos entre bases fragmentadas (INEGI, SEGOB, SSA), lo que viola el artículo 84 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que obliga a verificación exhaustiva antes de cualquier baja. Solo 43,128 casos (33%) quedan "activos" sin rastro, pero ni siquiera ahí hay avance: menos de 3,000 con carpetas de investigación, pese a datos viables. La opacidad en el proceso sin auditoría independiente ni publicación de metodología completa hasta la fecha da sustento técnico a sospechar manipulación, no "seriedad".

Tomarse en serio la crisis de desaparecidos exige rechazar narrativas que perdonan lo imperdonable y exigen pureza a las víctimas indignadas. Romero Rocha no analiza; milita sirviendo de eco al obradorismo con la misma devoción que sus predecesores usaron esta tragedia para ascender. El País, por su parte, decepciona al dar tribuna a columnistas que priorizan la lealtad ideológica sobre el rigor, convirtiendo su espacio en panfletario en vez de plataforma crítica. La seriedad verdadera empieza por admitir que el infierno no se pavimenta solo con intenciones, sino con impunidad consentida.

AMLO, ONGs y el expreso a Cuba.

Este pasado sábado, Andrés Manuel López Obrador tuiteó pidiendo donativos para Cuba a través de la recién creada Asociación Civil Humanidad con América Latina. La ironía salta a la vista. Cuando era opositor, AMLO no solo callaba sobre las ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino que celebraba sus investigaciones sobre Odebrecht y la Casa Blanca, usándolas sin pudor para machacar al gobierno de Peña Nieto en mítines y redes. Pero ya durante su sexenio, las acosó sin tregua por recibir fondos de USAID, tachándolas de "conservadoras golpistas" financiadas desde Estados Unidos para intervenir en México. Envió notas diplomáticas a Washington, las difamó 265 veces en mañaneras y hasta decretó en 2019 prohibirles fondos públicos. Hoy, él mismo impulsa una colecta masiva con beneficios fiscales idénticos, pero para enviar dinero a La Habana.

La hipocresía se agrava con el fideicomiso del 17 de septiembre, esa caja negra que AMLO creó para supuestamente apoyar damnificados del sismo. Años después, sigue sin rendir cuentas claras. Evidencias apuntan a manejos turbios: un carrusel de depósitos y retiros liderado por su secretario particular, Alejandro Esquer, con flujos millonarios sin destino comprobable. Mientras MCCI documentaba corrupción peñista que AMLO celebraba como opositor, su propio fideicomiso opera en las sombras, intocable.

La autorización del SAT a Humanidad con América Latina apesta a irregularidad. Constituida el 17 de febrero de 2026 (RFC HAL260217NZ8), obtuvo su estatus de donataria autorizada apenas 18 días después, el 9 de marzo. El trámite estándar dura de tres a nueve meses, con resolución máxima en tres meses más 10 días para aclaraciones. Clasificada en el rubro L (fracción XXV del artículo 79 de la Ley del ISR), que exige actividades como promoción de derechos humanos o apoyo a productores en zonas de rezago social, todas limitadas explícitamente a territorio nacional mediante constancias de SEDESOL o equivalentes estatales. La regla 15/ISR del Anexo 1-A del Reglamento de la LISR lo confirma: estatutos exclusivos para México, con impacto local verificable. Nada de eso aplica a comprar alimentos y combustible para Cuba.

Otorgar esta autorización viola la ley. El objeto social, enviar todo a un país extranjero, choca frontalmente con los requisitos territoriales del SAT. Si hay tráfico de influencias (artículo 221 del Código Penal Federal), los responsables recaen en la Administración General Jurídica de Grandes Contribuyentes, específicamente el Administrador General Jurídico que firma el oficio. En el organigrama del SAT, esa área valida solicitudes exprés omitiendo requisitos básicos. El jefe del SAT, subordinado a la SHCP, podría rendir cuentas si se prueba intervención directa.

AMLO celebra investigaciones de MCCI cuando lo favorecían y las condena cuando lo tocan. Promueve opacidad en su fideicomiso mientras exige transparencia a otros. Aprueba donatarias rápidas para aliados ideológicos, ignorando la ley que él mismo endureció contra "financiamientos externos". Esto no es liderazgo; es cinismo puro. El SAT debe revocarla ya, y la FGR investigar antes de que más dinero mexicano financie a un régimen en quiebra mientras México tiene rezago social de sobra.

De Pilón:
En Coatzacoalcos, el crimen organizado se hixo presente con inhumana crueldad y saña. Cuando AMLO era opositor, casos idénticos como este servían de munición: él y sus aliados los ventilaban en redes sociales y en cada mitin para fustigar a Calderón o Peña Nieto, sin importar que los criminales reales quedaran intocables. Decían que los narcos "no son interlocutores válidos", pero nunca los denunciaban directamente ni exigían su captura. Hoy, con miles de muertos anuales en masacres similares, callan. Ni un tuit contra los asesinos ni presión a la autoridad actual. Silencio cómplice.