Intervención extranjera: cuando la ley se dobla al discurso

La discusión no es técnica, es política. Aunque algunos advierten con razón que la ley no define con precisión qué constituye “intervención extranjera” en materia electoral, en los hechos el gobierno ya dejó claro cómo pretende interpretarla: no como una categoría jurídica objetiva, sino como un instrumento político discrecional.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum lo ejemplificó al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Su argumento es simple: reciben financiamiento del extranjero y son críticos del gobierno, por lo tanto, encajan en la narrativa de “intervención”. El problema es que ninguno de esos elementos, por sí mismo, configura un delito ni una irregularidad.

En México, recibir financiamiento del extranjero no es ilegal para organizaciones de la sociedad civil. Durante años, múltiples asociaciones, incluyendo algunas cercanas a distintas fuerzas políticas, han operado con recursos provenientes de fundaciones internacionales, agencias de cooperación e incluso gobiernos extranjeros, como ocurrió con USAID antes de los recortes implementados en Estados Unidos. Esa práctica no solo es legal, sino común en democracias abiertas.

Tampoco es ilícito o siquiera cuestionable oponerse al gobierno en turno. De hecho, es un componente esencial de cualquier sistema democrático. MCCI, guste o no su línea editorial, ha mantenido una labor consistente de periodismo de investigación desde sexenios anteriores, documentando casos de corrupción tanto en administraciones pasadas como en la actual. En su momento, esos hallazgos fueron celebrados y amplificados por Morena cuando se encontraban en la oposición. Hoy, bajo el poder, el mismo ejercicio es descalificado como ataque político.

Ahí es donde la supuesta ambigüedad legal deja de ser relevante. No estamos ante un vacío técnico que deba resolverse con mejor redacción legislativa, sino frente a una redefinición política del concepto. “Intervención extranjera” deja de significar injerencia indebida de gobiernos o actores externos en procesos electorales, y pasa a convertirse en una etiqueta útil para desacreditar a actores incómodos.

El riesgo de esta lógica es evidente. Si el criterio es tan amplio que incluye a organizaciones que reciben financiamiento internacional y critican al gobierno, entonces el estándar no distingue entre injerencia ilegítima y ejercicio legítimo de la sociedad civil. Bajo esa interpretación, cualquier voz crítica con vínculos internacionales podría ser susceptible de ser señalada, investigada o incluso utilizada como argumento para impugnar procesos electorales.

Más preocupante aún es el precedente político. Cuando un gobierno redefine conceptos legales clave para ajustarlos a su narrativa, debilita la certeza jurídica y abre la puerta a decisiones discrecionales. Hoy puede ser una organización civil; mañana podrían ser medios de comunicación, universidades o incluso organismos internacionales.

En el fondo, el debate no es sobre soberanía, sino sobre control del discurso público. La crítica financiada desde el extranjero no es automáticamente intervención; es, en muchos casos, parte de una red global de rendición de cuentas y transparencia. Confundir ambas cosas no solo es incorrecto: es funcional al poder.

Y ese es el punto central: no hay ambigüedad en lo que Morena entiende por “intervención extranjera”. La definición ya está dada, no en la ley, sino en la narrativa. Y esa diferencia, en una democracia, lo cambia todo.

De la denuncia al control: la degradación del principio democrático

El ascenso político de Andrés Manuel López Obrador se sostuvo sobre una crítica sistemática al poder: denunció la parcialidad del Ejecutivo, la corrupción electoral y el sometimiento de las instituciones a intereses partidistas. Esa narrativa alimentó una expectativa de transformación ética y política; un cambio de régimen que sustituyera la manipulación por la legitimidad. Pero una vez en el poder, la práctica desmintió el discurso. Hoy, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum reproducen —con mayor sofisticación institucional— los mismos patrones que alguna vez condenaron.

El fenómeno puede observarse en tres planos: la comunicación, el ejercicio del gobierno y la reconfiguración institucional. En materia de comunicación, la conferencia presidencial transformó la función informativa en propaganda política. No se trata solo de una violación al principio de imparcialidad, sino de una distorsión del espacio público: el Ejecutivo se erige como juez y parte, amplificando su narrativa mediante recursos del Estado mientras descalifica a opositores, medios y órganos autónomos. El lenguaje de “pueblo contra conservadores” sustituye el debate racional por una lógica de fidelidades morales, anulando el pluralismo.

En el terreno del poder político, la frontera entre gobierno y partido ha prácticamente desaparecido. Programas sociales, giras oficiales y plataformas institucionales son utilizados con un propósito electoral que, aunque a menudo se reviste de legalidad, vulnera el espíritu democrático. La intervención presidencial en comicios locales, y más recientemente, el respaldo explícito a la candidatura oficialista, demuestran que el Ejecutivo actual ha convertido la neutralidad en una ficción conveniente.

El tercer plano es el más grave: el intento de controlar el árbitro electoral. El Instituto Nacional Electoral, que surgió de un consenso multipartidista para garantizar elecciones auténticas, enfrenta ahora un proceso de captura institucional. El reemplazo de consejeros técnicos por perfiles abiertamente leales al gobierno destruye el principio de independencia y coloca al sistema electoral en riesgo de subordinación política. Paradójicamente, quienes exigían un INE autónomo son hoy quienes buscan someterlo.

Esa contradicción revela el fondo moral del problema. El lopezobradorismo no anuló la cultura política del viejo régimen; la internalizó. Reemplazó al “sistema” que tanto decía combatir, no por una ética nueva, sino por una lealtad distinta. La transformación prometida terminó siendo una regresión más sofisticada, donde el discurso moral sirve para justificar la concentración de poder.

La paradoja final es que el proyecto que nació denunciando la impunidad se convirtió en su nuevo custodio. Así, la democracia mexicana enfrenta hoy su prueba más seria: no la del fraude abierto, sino la de la erosión disfrazada de legitimidad popular.

Crisis de desaparecidos: los hechos que México no puede seguir negando

 El rechazo del Gobierno mexicano al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU genera desconcierto generalizado, junto con críticas que Vanessa justifica como malentendidos. Ese enojo colectivo merece respuesta directa.

Para aclarar el problema central, empezaré descartando lo que no explica su defensa del gobierno actual. Vanessa afirma que Andrés Manuel López Obrador institucionalizó la búsqueda de desaparecidos al crear la Comisión Nacional de Búsqueda y poner en marcha el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto es falso: ambas surgieron de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, aprobada en 2017 durante el sexenio de Peña Nieto y vigente desde 2018. AMLO las operativizó en 2019, pero el marco legal ya existía, igual que un registro previo desde 2012. Insistir en que "solo entonces comenzó el esfuerzo" ignora la presión social post-Ayotzinapa que obligó a ese andamiaje, con fiscalías especializadas y comisiones estatales incluidas.

Vanessa afirma que la Cuarta Transformación trajo un ánimo único para fortalecer el marco institucional y normativo de la crisis. Esto no se sostiene. La ley de 2017 y sus reformas iniciales sentaron las bases; la 4T las amplió con presupuestos mayores, pero sin resultados a la altura: 72 mil restos sin identificar al final del sexenio pasado y miles de fosas nuevas. El Comité de la ONU elogia ese marco jurídico como ejemplo regional, sin atribuirlo solo a AMLO o Sheinbaum; reconoce la estructura desde 2017 y la apertura internacional que Peña Nieto promovió.

Vanessa coincide en que el Comité liga el alza de desapariciones a la guerra contra el narco desde 2006 con Calderón, y admite que los casos clave ocurrieron mayormente bajo Calderón y Peña Nieto. Las cifras lo confirman: alrededor de 17 mil a 26 mil casos en Calderón, 33 mil a 40 mil en Peña, pero un récord de 44 mil a 54 mil bajo AMLO. El Comité no limita el pico a sexenios previos; cita también eventos recientes como Tala y Teuchitlán en Jalisco. Negarlo es manipular datos para eximir al obradorismo.

Vanessa argumenta que el foco del rechazo oficial radica en "aquiescencia". Según el derecho internacional, incluye cuando grupos criminales actúan con apoyo u omisión estatal, no solo privaciones directas por autoridades. Sin embargo, los simpatizantes de AMLO no vacilaron en aplicarlo antes. En Ayotzinapa bajo Peña, con #FueElEstado, denunciaban complicidad sistemática como desaparición forzada. Ahora dicen que es solo "ineficacia". El Comité desarma esa defensa al afirmar en su conclusión 118 que no hay indicios de política federal deliberada u omisión, abarcando los sexenios de Calderón, Peña y AMLO por igual.

México argumenta ante el Comité que la negligencia no equivale a complicidad, y tiene base para ello. Pero la 4T prometió cambios radicales, recortó mecanismos independientes y dejó un desastre forense peor, con impunidad por encima del 95 por ciento. Vanessa admite que sin resultados las intenciones se desvanecen ante la realidad cruda, pero pasa por alto que esa realidad empeoró bajo su defendida 4T: más casos pese a más recursos.

Cierro reconociendo lo que ella evade: las víctimas no miden el dolor por sexenios. Calderón desató la crisis, Peña no la contuvo, AMLO y Sheinbaum la inflaron con retórica hueca. Rechazar el informe no aclara sino que oculta fracasos compartidos que exigen acción real, no narrativas selectivas

Crisis de desaparecidos: desenmascarando la hipocresía obradorista

En su columna de El País titulada "Crisis de desaparecidos: tomárselo en serio", Vanessa Romero Rocha pretende vendernos una visión pasteurizada de la crisis de desaparecidos, como si se tratara de un malentendido técnico remediable con buena fe y un poco de orden. Pero el asunto no es tan inocente: desde 2006 y hasta 2018, Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus acólitos convirtieron esta tragedia en un arma electoral, instrumentalizándola sin pudor para escalar al poder con narrativas de "guerra sucia" y culpas ajenas. Una vez en el Palacio, el mismo AMLO, su gobierno y sus fieles optaron por esquivarla con excusas risibles como "cuidar la investidura", minimizando cifras y prometiendo reportes y resultados que nunca llegaron.

Vanessa Romero Rocha arranca su columna con homeopática de indulgencia: "Dosis iguales de buena voluntad y de falta de método construyeron una base de datos sin orden". Esto no es análisis, es maquillaje descarado para blanquear al sexenio pasado, el de AMLO, cuando las desapariciones se dispararon como nunca —de 26 mil casos acumulados en 2018 a más de 110 mil al cierre de su mandato, según datos oficiales del RNPDNO que ella misma cita indirectamente. Esa "falta de método" no fue torpeza casual, sino un diseño meticuloso para diluir la magnitud real del problema y postergar investigaciones reales. Hablar de "buena voluntad" cuando es evidente la negligencia sistemática es el mismo truco obradorista de siempre: santificar cada torpeza, vileza o calculada maniobra del "movimiento transformador" mientras se demoniza cualquier crítica como "traición a la patria".

Pretende Romero Rocha que la furia ciudadana que acusa al Estado de "rasurar, borrar o desaparecer personas para ajustar cifras", carece de "sustento y claridad técnica". Aquí va lo que pide: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), creado en 2018 bajo supervisión de la CNDH y nutrido con datos retroactivos, alcanzó 132,534 entradas al marzo de 2026, según la propia presentación de Sheinbaum. De ellas, 46,742 (35%) son irreales por datos vagos o duplicados, y 40,308 (30%) corresponden a personas con huellas vitales posteriores (matrimonios, altas en SAT, INE, nóminas públicas, incluso vacunas COVID). Esto no es "depuración técnica": es purga selectiva sin cruces interoperables previos entre bases fragmentadas (INEGI, SEGOB, SSA), lo que viola el artículo 84 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que obliga a verificación exhaustiva antes de cualquier baja. Solo 43,128 casos (33%) quedan "activos" sin rastro, pero ni siquiera ahí hay avance: menos de 3,000 con carpetas de investigación, pese a datos viables. La opacidad en el proceso sin auditoría independiente ni publicación de metodología completa hasta la fecha da sustento técnico a sospechar manipulación, no "seriedad".

Tomarse en serio la crisis de desaparecidos exige rechazar narrativas que perdonan lo imperdonable y exigen pureza a las víctimas indignadas. Romero Rocha no analiza; milita sirviendo de eco al obradorismo con la misma devoción que sus predecesores usaron esta tragedia para ascender. El País, por su parte, decepciona al dar tribuna a columnistas que priorizan la lealtad ideológica sobre el rigor, convirtiendo su espacio en panfletario en vez de plataforma crítica. La seriedad verdadera empieza por admitir que el infierno no se pavimenta solo con intenciones, sino con impunidad consentida.

AMLO, ONGs y el expreso a Cuba.

Este pasado sábado, Andrés Manuel López Obrador tuiteó pidiendo donativos para Cuba a través de la recién creada Asociación Civil Humanidad con América Latina. La ironía salta a la vista. Cuando era opositor, AMLO no solo callaba sobre las ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino que celebraba sus investigaciones sobre Odebrecht y la Casa Blanca, usándolas sin pudor para machacar al gobierno de Peña Nieto en mítines y redes. Pero ya durante su sexenio, las acosó sin tregua por recibir fondos de USAID, tachándolas de "conservadoras golpistas" financiadas desde Estados Unidos para intervenir en México. Envió notas diplomáticas a Washington, las difamó 265 veces en mañaneras y hasta decretó en 2019 prohibirles fondos públicos. Hoy, él mismo impulsa una colecta masiva con beneficios fiscales idénticos, pero para enviar dinero a La Habana.

La hipocresía se agrava con el fideicomiso del 17 de septiembre, esa caja negra que AMLO creó para supuestamente apoyar damnificados del sismo. Años después, sigue sin rendir cuentas claras. Evidencias apuntan a manejos turbios: un carrusel de depósitos y retiros liderado por su secretario particular, Alejandro Esquer, con flujos millonarios sin destino comprobable. Mientras MCCI documentaba corrupción peñista que AMLO celebraba como opositor, su propio fideicomiso opera en las sombras, intocable.

La autorización del SAT a Humanidad con América Latina apesta a irregularidad. Constituida el 17 de febrero de 2026 (RFC HAL260217NZ8), obtuvo su estatus de donataria autorizada apenas 18 días después, el 9 de marzo. El trámite estándar dura de tres a nueve meses, con resolución máxima en tres meses más 10 días para aclaraciones. Clasificada en el rubro L (fracción XXV del artículo 79 de la Ley del ISR), que exige actividades como promoción de derechos humanos o apoyo a productores en zonas de rezago social, todas limitadas explícitamente a territorio nacional mediante constancias de SEDESOL o equivalentes estatales. La regla 15/ISR del Anexo 1-A del Reglamento de la LISR lo confirma: estatutos exclusivos para México, con impacto local verificable. Nada de eso aplica a comprar alimentos y combustible para Cuba.

Otorgar esta autorización viola la ley. El objeto social, enviar todo a un país extranjero, choca frontalmente con los requisitos territoriales del SAT. Si hay tráfico de influencias (artículo 221 del Código Penal Federal), los responsables recaen en la Administración General Jurídica de Grandes Contribuyentes, específicamente el Administrador General Jurídico que firma el oficio. En el organigrama del SAT, esa área valida solicitudes exprés omitiendo requisitos básicos. El jefe del SAT, subordinado a la SHCP, podría rendir cuentas si se prueba intervención directa.

AMLO celebra investigaciones de MCCI cuando lo favorecían y las condena cuando lo tocan. Promueve opacidad en su fideicomiso mientras exige transparencia a otros. Aprueba donatarias rápidas para aliados ideológicos, ignorando la ley que él mismo endureció contra "financiamientos externos". Esto no es liderazgo; es cinismo puro. El SAT debe revocarla ya, y la FGR investigar antes de que más dinero mexicano financie a un régimen en quiebra mientras México tiene rezago social de sobra.

De Pilón:
En Coatzacoalcos, el crimen organizado se hixo presente con inhumana crueldad y saña. Cuando AMLO era opositor, casos idénticos como este servían de munición: él y sus aliados los ventilaban en redes sociales y en cada mitin para fustigar a Calderón o Peña Nieto, sin importar que los criminales reales quedaran intocables. Decían que los narcos "no son interlocutores válidos", pero nunca los denunciaban directamente ni exigían su captura. Hoy, con miles de muertos anuales en masacres similares, callan. Ni un tuit contra los asesinos ni presión a la autoridad actual. Silencio cómplice.

El error irreversible de cancelar Texcoco

 A siete años de la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, los hechos confirman lo que muchos advertimos entonces: fue una resolución tomada por motivos estrictamente políticos, sin sustento técnico sólido, que ha impuesto al país un costo económico elevado y una infraestructura aérea insuficiente.

Cuando en 2014 el gobierno federal anunció la construcción del NAICM en el vaso regulador del antiguo lago de Texcoco, lo hizo tras exhaustivos estudios realizados por organismos internacionales como la OACI, la IATA y consultores especializados, así como por instituciones mexicanas como la UNAM y el IPN. Se evaluaron varias alternativas, incluida Tizayuca, y Texcoco resultó la opción más viable por su extensión de terrenos federales, proximidad a la capital y capacidad para convertirse en un hub de clase mundial con hasta seis pistas y más de 120 millones de pasajeros anuales. La base aérea de Santa Lucía, hoy convertida en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ni siquiera figuraba como contendiente principal, pues los expertos coincidían en que un sistema de múltiples aeropuertos no resolvería la saturación del AICM ni las interferencias en el espacio aéreo.

La cancelación, decidida tras una consulta popular de dudosa representatividad en 2018, se justificó con argumentos que no resisten el escrutinio. Se habló de costos exorbitantes de bombeo de agua, como si el sitio fuera un lago activo en lugar de un terreno seco drenado siglos atrás. Las fotografías de la zona inundada que circulan hoy corresponden a una decisión deliberada posterior: restaurar humedales para crear el Parque Ecológico Lago de Texcoco. El proyecto original incluía diques, canales y sistemas de drenaje que habrían manejado las precipitaciones sin requerir bombeo constante ni gastos operativos desproporcionados. Tampoco el hundimiento diferencial era el obstáculo insalvable que se presentó: las renivelaciones periódicas de pistas habrían costado menos que el mantenimiento rutinario de una sola pista en el actual AICM.

Los números hablan por sí solos. La Auditoría Superior de la Federación calculó en 2021 un costo directo de cancelación de 113 mil millones de pesos, cifra que no incluye los pagos continuos por la deuda de bonos emitida para financiar el proyecto, ni los subsidios al AIFA. Sumando todo —indemnizaciones, liquidaciones, intereses y amortizaciones—, el impacto acumulado supera los 400 mil millones de pesos. Mientras tanto, el AIFA, construido con recursos públicos, ha requerido subsidios anuales y aún lucha por alcanzar una ocupación aceptable, dependiendo de decretos que obligan a trasladar operaciones desde el AICM.

Si el NAICM hubiera seguido su curso, hoy estaría operando con utilidades. Sus proyecciones financieras, validadas internacionalmente, indicaban que para 2025 manejaría cerca de 70 millones de pasajeros, generando ingresos suficientes por tarifas de uso, concesiones y actividades no aeronáuticas para cubrir sus costos operativos y de mantenimiento sin cargar al erario. El AICM actual, pese a su saturación y antigüedad, es altamente rentable; un aeropuerto nuevo, moderno y bien ubicado lo habría sido aún más.

La decisión de cancelar Texcoco no respondió a razones técnicas ni económicas, sino a una narrativa política que buscaba deslegitimar el proyecto anterior asociándolo a corrupción sin pruebas concluyentes. El resultado es un sistema aeroportuario fragmentado, con un AICM colapsado, un AIFA subutilizado y un país que pierde competitividad en conectividad aérea internacional. México merece infraestructura decidida por criterios técnicos, no por cálculos electorales. El costo de esta lección lo pagamos todos los contribuyentes, y lo seguiremos pagando por décadas.

La neutralidad selectiva de Claudia Sheinbaum

La reciente oleada de insultos y desinformación contra María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, ha dejado al descubierto la virulencia con que ciertos sectores ideológicos —dentro y fuera de Venezuela— intentan desacreditar cualquier símbolo de resistencia democrática. No son simples críticas: son ataques calculados, plagados de falsedades. Se le ha llamado “golpista”, “criminal de guerra” y hasta “agente del imperialismo”, sin que exista una sola prueba que respalde tales imputaciones.

Conviene aclararlo con precisión: María Corina Machado no ha promovido un golpe de Estado, no ha sido acusada de crimen alguno ante tribunales internacionales y jamás ha solicitado intervención militar extranjera en Venezuela. Su lucha documentada desde hace más de dos décadas, ha sido política, cívica y pacífica, incluso frente a un régimen que ha encarcelado, exiliado y silenciado a buena parte de la oposición. Incluso despues de haber evidenciado el fraude electoral contra la voluntad de la mayoría de los venezolanos, expresada en las urnas el pasado 28 de julio de 2024.

Las calumnias provienen, en su mayoría, de voceros del chavismo y de partidos o movimientos ideológicamente afines, como Podemos en España, cuyo exlíder Pablo Iglesias llegó al extremo de comparar el Nobel otorgado a Machado con “dárselo a Hitler”. Tal declaración no solo es grotesca, sino que ejemplifica a la perfección la Ley de Godwin, esa observación según la cual, en toda discusión política prolongada, tarde o temprano alguien recurrirá a una comparación con el nazismo cuando se queda sin argumentos. En este caso, la hipérbole no solo revela impotencia retórica, sino también desprecio por la verdad.

México y su regimen (incluidos sus sicofantes) no está exento de esos calumniadores, pero quizá lo mas vergonzoso es el episodio protagonizado por Claudia Sheinbaum.

Pocas veces la incongruencia diplomática se manifiesta con tanta claridad como en la reciente respuesta de la presidenta ante el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana. Cuestionada por la prensa, Sheinbaum optó por el silencio: “sin comentarios”, dijo, apelando a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos que asegura que rigen la política exterior mexicana. Sin embargo, en esa misma conferencia, al ser interrogada sobre la crisis política en Perú, abandonó de inmediato la prudencia para criticar al gobierno de Dina Boluarte y expresar su apoyo al expresidente Pedro Castillo.

La contradicción es evidente. Los principios constitucionales no se activan ni se suspenden según conveniencia ideológica. Si la neutralidad diplomática es un valor, debe aplicarse de manera uniforme, no solo cuando el gobierno implicado es aliado político. Al callar ante Venezuela y pronunciarse sobre Perú, el mensaje es inequívoco: la doctrina mexicana de no intervención se interpreta con sesgo. No se trata ya de una política exterior basada en principios, sino en simpatías.

Este doble rasero repite el patrón observado durante el sexenio de López Obrador: solidaridad automática con regímenes de izquierda por más autoritarios que sean y crítica abierta hacia gobiernos percibidos como conservadores o adversos al ideario morenista. Tal selectividad no solo erosiona la credibilidad internacional de México, sino que contradice su mejor legado diplomático: la consistencia moral y jurídica que alguna vez dio prestigio a la Doctrina Estrada.

En política exterior, la coherencia no se mide por la ideología de los interlocutores, sino por la fidelidad a los principios. Y en este episodio, el “sin comentarios” de la presidenta dice mucho más de lo que calla.