Este pasado sábado, Andrés Manuel López Obrador tuiteó pidiendo donativos para Cuba a través de la recién creada Asociación Civil Humanidad con América Latina. La ironía salta a la vista. Cuando era opositor, AMLO no solo callaba sobre las ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), sino que celebraba sus investigaciones sobre Odebrecht y la Casa Blanca, usándolas sin pudor para machacar al gobierno de Peña Nieto en mítines y redes. Pero ya durante su sexenio, las acosó sin tregua por recibir fondos de USAID, tachándolas de "conservadoras golpistas" financiadas desde Estados Unidos para intervenir en México. Envió notas diplomáticas a Washington, las difamó 265 veces en mañaneras y hasta decretó en 2019 prohibirles fondos públicos. Hoy, él mismo impulsa una colecta masiva con beneficios fiscales idénticos, pero para enviar dinero a La Habana.
La hipocresía se agrava con el fideicomiso del 17 de septiembre, esa caja negra que AMLO creó para supuestamente apoyar damnificados del sismo. Años después, sigue sin rendir cuentas claras. Evidencias apuntan a manejos turbios: un carrusel de depósitos y retiros liderado por su secretario particular, Alejandro Esquer, con flujos millonarios sin destino comprobable. Mientras MCCI documentaba corrupción peñista que AMLO celebraba como opositor, su propio fideicomiso opera en las sombras, intocable.
La autorización del SAT a Humanidad con América Latina apesta a irregularidad. Constituida el 17 de febrero de 2026 (RFC HAL260217NZ8), obtuvo su estatus de donataria autorizada apenas 18 días después, el 9 de marzo. El trámite estándar dura de tres a nueve meses, con resolución máxima en tres meses más 10 días para aclaraciones. Clasificada en el rubro L (fracción XXV del artículo 79 de la Ley del ISR), que exige actividades como promoción de derechos humanos o apoyo a productores en zonas de rezago social, todas limitadas explícitamente a territorio nacional mediante constancias de SEDESOL o equivalentes estatales. La regla 15/ISR del Anexo 1-A del Reglamento de la LISR lo confirma: estatutos exclusivos para México, con impacto local verificable. Nada de eso aplica a comprar alimentos y combustible para Cuba.
Otorgar esta autorización viola la ley. El objeto social, enviar todo a un país extranjero, choca frontalmente con los requisitos territoriales del SAT. Si hay tráfico de influencias (artículo 221 del Código Penal Federal), los responsables recaen en la Administración General Jurídica de Grandes Contribuyentes, específicamente el Administrador General Jurídico que firma el oficio. En el organigrama del SAT, esa área valida solicitudes exprés omitiendo requisitos básicos. El jefe del SAT, subordinado a la SHCP, podría rendir cuentas si se prueba intervención directa.
AMLO celebra investigaciones de MCCI cuando lo favorecían y las condena cuando lo tocan. Promueve opacidad en su fideicomiso mientras exige transparencia a otros. Aprueba donatarias rápidas para aliados ideológicos, ignorando la ley que él mismo endureció contra "financiamientos externos". Esto no es liderazgo; es cinismo puro. El SAT debe revocarla ya, y la FGR investigar antes de que más dinero mexicano financie a un régimen en quiebra mientras México tiene rezago social de sobra.
De Pilón:
En Coatzacoalcos, el crimen organizado se hixo presente con inhumana crueldad y saña. Cuando AMLO era opositor, casos idénticos como este servían de munición: él y sus aliados los ventilaban en redes sociales y en cada mitin para fustigar a Calderón o Peña Nieto, sin importar que los criminales reales quedaran intocables. Decían que los narcos "no son interlocutores válidos", pero nunca los denunciaban directamente ni exigían su captura. Hoy, con miles de muertos anuales en masacres similares, callan. Ni un tuit contra los asesinos ni presión a la autoridad actual. Silencio cómplice.
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