El INE vigila la ironía pero de las campañas anticipadas ni se entera

 El Instituto Nacional Electoral acaba de estrenar una nueva especialidad: la semiótica del agravio. Con la “Variable 14”, el INE no solo contará segundos de aire y menciones a candidatos; ahora se propone descifrar, con la precisión de un lingüista del Siglo de Oro, cuándo un conductor de radio o televisión está siendo “irónico” o “sarcástico” al hablar de precandidatos y candidatos. En otras palabras, el organismo que debe garantizar equidad en la contienda se ha convertido en crítico literario de la descalificación indirecta.

La metodología aprobada para el Proceso Electoral Federal 2026‑2027 ordena registrar expresiones que, sin ser agresiones explícitas, transmitan descalificación, menosprecio o cuestionamiento de forma indirecta. Ahí caben, según el propio texto, la ironía, el sarcasmo, la minimización de logros, la infantilización y hasta ciertas asociaciones negativas por identidad. El monitoreo abarcará cientos de espacios de radio y televisión; los resultados se publicarán cada 15 días y, aunque el INE insiste en que es un ejercicio estadístico y no sancionador, deja una sensación incómoda: en México, ahora hay un árbitro electoral con lupa para el tono de voz, la mueca y el doble sentido.

Lo curioso es que esta minuciosidad no se aplica a todos los escenarios donde se construye la contienda. Las conferencias matutinas de la Presidencia, por ejemplo, quedan fuera de este escrutinio. Desde los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, la “mañanera” fue escuela avanzada de ironía y sarcasmo aplicado a la política: apodos, comparaciones burlescas, “pobrecitos” dichos con una sonrisa, y la clásica fórmula de “no los voy a mencionar, pero ya saben quiénes son” para asegurar que todo el mundo supiera exactamente de quién se hablaba. En ese espacio, el sarcasmo no fue un riesgo para la equidad; fue un recurso de comunicación de Estado.

Con Claudia Sheinbaum, el formato se mantiene y el tono se ajusta, pero la dinámica de fondo no cambia: la tribuna oficial sigue siendo el lugar donde se marcan líneas, se descalifica sin nombrar y se instala el relato del día. Sin embargo, según el nuevo diseño del INE, ese tipo de recursos no entra en el catálogo de monitoreo de “mecanismos discursivos indirectos de descalificación”. La lógica parece ser la siguiente: si un periodista en un noticiero de radio o TV dice, con una ceja levantada, que cierto proyecto es “el más transparente de la historia”, eso podría ser codificado como ironía descalificatoria; si la misma frase se pronuncia en la tribuna presidencial, es simplemente “información al pueblo”.

Mientras el INE perfecciona su capacidad para detectar matices del discurso en medios concesionados, hay otro tipo de actividades que avanzan sin mayor sobresalto: las asambleas y “recorridos informativos” que Morena ha desplegado en todo el país bajo el lema de la “defensa de la soberanía nacional”. Según notas de prensa, el partido oficialista convocó más de 200 asambleas simultáneas en los 32 estados, con el argumento de combatir la “campaña de desinformación de la derecha nacional e internacional” y fortalecer la organización territorial. En el papel, son encuentros informativos; en la práctica, son actos de partido con estructura, logística y narrativa típicas de precampaña.proyectopuente.com+2

Los medios han señalado que estas asambleas, aunque se presentan como defensa de la soberanía, se usan para promocionar al partido rumbo a las elecciones de 2027, cuando se elegirán 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y cientos de cargos locales. Dirigentes estatales y municipales encabezan los actos; se habla de “revolución de las conciencias”, de “unidad del movimiento” y de respaldo al proyecto de la presidenta. En cualquier manual básico de derecho electoral, esto tiene todos los ingredientes de una campaña anticipada: estructura territorial, mensaje unificado, activación de militancia y proyección de figuras que muy probablemente serán candidatas.

Sin embargo, el INE y el TEPJF, tan diligentes para exigir a los partidos que no usen recursos públicos en propaganda electoral, parecen tener una vista más cansada cuando la actividad se llama “asamblea informativa” y se ampara en la soberanía. El TEPJF, en su momento, fue claro al señalar que no toda actividad partidista es campaña, pero también estableció que, cuando hay proselitismo, promoción de imágenes y mensajes orientados a obtener el voto, debe tratarse como tal. En la práctica, la línea se ha vuelto porosa: lo que para un partido opositor sería investigado como precampaña irregular, para el partido en el gobierno es “defensa de la transformación”

Así llegamos al panorama actual: el INE afinando el oído para captar ironías y sarcasmos en noticiarios de radio y TV, con una Variable 14 que obliga a justificar por escrito por qué cierta frase es descalificatoria; y, al mismo tiempo, un régimen que multiplica asambleas “informativas” en todo el país, con discursos de soberanía que funcionan como plataforma de lanzamiento de los futuros candidatos de 2027. La equidad, en este esquema, se parece mucho a esa vieja broma: “todos son iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros”.

No es necesario ser especialista en derecho electoral para ver la asimetría. Si el objetivo real fuera proteger la competencia y evitar la descalificación, el monitoreo debería ser coherente con los espacios donde realmente se construye la ventaja competitiva: la tribuna oficial, las giras con recursos de gobierno y las actividades partidistas que, bajo el disfraz de “información”, son campañas en regla. En cambio, el enfoque actual sugiere otra prioridad: vigilar el tono de los críticos en los medios, mientras se tolera que el oficialismo use la estructura del Estado y del partido para ir tomando la delantera.

Al final, la imagen que queda es casi poética: el INE, como un profesor de literatura obsesionado con las figuras retóricas, subrayando con rojo las ironías y los sarcasmos en los noticiarios; y, en el fondo del salón, el régimen dando clase de soberanía con micrófono, logística y militancia, mientras repite que todo es “informativo”. Si la democracia fuera un examen, sospechamos quién estaría revisando la ortografía y quién, mientras tanto, ya está escribiendo la respuesta en el pizarrón.

Gaza, Israel y la obligación de no simplificar.

La controversia provocada por el texto de Ezra Shabot en Nexos tiene, por lo menos, un mérito: recordar que palabras como “genocidio” no pueden utilizarse como simples sinónimos de guerra, matanza o destrucción. En el derecho internacional, el genocidio exige demostrar la comisión de determinados actos con la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Pero esa precisión jurídica tampoco puede convertirse en una forma de minimizar la magnitud de lo que ocurre en Gaza. Que la Corte Internacional de Justicia no haya dictado una sentencia definitiva sobre el fondo no significa que la acusación sea absurda o puramente propagandística. La Corte consideró que existían derechos plausibles protegibles bajo la Convención y ordenó medidas provisionales ante un riesgo grave de perjuicio irreparable. Esto no equivale a una condena, pero tampoco a una absolución.

La discusión exige, por tanto, sostener dos ideas al mismo tiempo. La primera: todavía debe probarse jurídicamente la intención genocida de Israel. La segunda: la falta de una sentencia definitiva no autoriza a ignorar la destrucción de viviendas, hospitales e infraestructura civil, el desplazamiento masivo, la falta de alimentos y medicinas, ni el sufrimiento de la población palestina. Una catástrofe humanitaria existe antes de que un tribunal determine cuál es su calificación jurídica exacta.

También es indispensable reconocer los crímenes de Hamás sin convertirlos en una explicación universal de todo lo que sucede. El ataque del 7 de octubre incluyó asesinatos deliberados de civiles israelíes, toma de rehenes y una violencia dirigida contra población judía e israelí. Es legítimo exigir que esos hechos sean investigados y castigados con toda severidad. También es razonable discutir si determinadas acciones y declaraciones de Hamás podrían satisfacer los elementos de crímenes internacionales particularmente graves.

Sin embargo, Hamás no es Gaza y Gaza no es Hamás. La organización armada ha controlado políticamente el territorio, pero la población gazatí está compuesta por millones de civiles: niños, ancianos, enfermos y personas que no participan en las decisiones de sus dirigentes. La utilización de zonas civiles por parte de Hamás, aun cuando ocurra, no convierte automáticamente a todos los habitantes en combatientes ni elimina las obligaciones de Israel de distinguir entre objetivos militares y población civil.

Del otro lado, Israel tampoco debe confundirse con todos los judíos ni con todas las personas que defienden su existencia. El gobierno israelí y sus fuerzas armadas deben responder por sus decisiones concretas, del mismo modo que Hamás debe responder por sus ataques y por la conducta de sus dirigentes. Criticar a Israel no es, por sí mismo, antisemitismo. Defender la seguridad de Israel no implica, por sí mismo, justificar cada acción de su gobierno. Ambas afirmaciones son necesarias para evitar que la discusión se convierta en una sucesión de etiquetas.

La palabra “genocidio” merece un tratamiento especialmente cuidadoso. Quienes la utilizan para describir lo que ocurre en Gaza no deberían presentarla como una condena judicial ya definitiva. Deben explicar qué hechos consideran probatorios de la intención específica exigida por la Convención: declaraciones oficiales, patrones de conducta, destrucción de condiciones indispensables para la vida, desplazamiento, restricciones de ayuda y persistencia de esas políticas pese a las advertencias. La intención no siempre aparece en una orden explícita; puede inferirse de un conjunto de circunstancias. Pero esa inferencia debe argumentarse y documentarse, no darse por sentada.

Quienes rechazan la acusación de genocidio, como Shabot, tienen exactamente la misma obligación de responder a esos hechos y no limitarse a señalar a Hamás, el antisemitismo o la supuesta intención de destruir Israel. La existencia de un enemigo criminal no otorga carta blanca a un Estado. Tampoco basta con que Israel declare que su objetivo es destruir a Hamás: deben examinarse los métodos empleados, las alternativas disponibles, la protección efectiva de los civiles y las consecuencias previsibles de sus órdenes militares.

El lenguaje importa. Describir a los niños palestinos muertos como “yihadistas en potencia” no es una manera razonable de introducir precisión en el debate. Es una generalización que atribuye responsabilidad colectiva y termina deshumanizando a quienes deberían ser considerados civiles protegidos. Del mismo modo, llamar automáticamente “genocida”, “nazi” o “antisemita” a todo aquel que sostenga una posición contraria impide discutir la evidencia y convierte el desacuerdo político en una condena moral absoluta.

La posición más responsable no consiste en repartir culpas de manera mecánica ni en fingir que las partes tienen la misma capacidad, responsabilidad o poder. Hamás cometió atrocidades contra civiles y mantiene una lógica política y militar que pone en peligro tanto a israelíes como a palestinos. Israel tiene derecho a proteger a su población y a combatir a una organización armada responsable de esos crímenes, pero ese derecho está limitado por el derecho internacional y no justifica castigos colectivos, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados o la privación de bienes indispensables para la supervivencia.

La tragedia de Gaza no puede convertirse en una defensa automática de Hamás. Pero la condena de Hamás tampoco puede convertirse en una licencia para desatender la vida palestina. La pregunta decisiva no debería ser qué bando merece nuestra solidaridad absoluta, sino qué hechos ocurrieron, quién ordenó qué, quiénes fueron las víctimas, qué obligaciones legales fueron incumplidas y cómo puede detenerse la destrucción.

En ese sentido, el debate suscitado por Shabot puede ser útil si obliga a utilizar con rigor el concepto de genocidio. Será perjudicial si ese rigor se emplea para negar el sufrimiento de Gaza, justificar la responsabilidad colectiva o silenciar toda crítica a Israel.

Y precisamente por eso me parece inaceptable que haya voces que pidan silenciar a Shabot, a Nexos o a cualquier persona que encuentre puntos coincidentes con su texto. Una cosa es cuestionar sus argumentos, señalar sus generalizaciones, exigirle fuentes y rechazar expresiones desafortunadas. Otra muy distinta es pretender que esas ideas no sean publicadas o discutidas.

La libertad de expresión no protege únicamente las opiniones correctas, populares o moralmente cómodas. También protege aquellas posiciones que consideramos equivocadas y que queremos refutar. Resulta todavía más preocupante que algunas de las voces que exigen ese silenciamiento no hayan formulado siquiera una crítica clara a Hamás por los asesinatos del 7 de octubre, por la toma de rehenes y por su responsabilidad al colocar deliberadamente a la población civil en medio de la confrontación.

La medida justa, entonces, consiste en mantener las dos exigencias al mismo tiempo: condenar sin ambigüedad los crímenes de Hamás y exigir, sin excepciones, la protección de la población palestina y la rendición de cuentas de Israel. Pero esa exigencia debe hacerse mediante argumentos, evidencia y debate abierto, no mediante la censura de quienes sostienen una posición incómoda.