martes, 27 de mayo de 2025

Por qué no votar en la elección judicial

En los días previos a la elección judicial del 1 de junio, algunas voces han insistido en que votar es una obligación cívica ineludible. Se ha dicho que, incluso en procesos imperfectos, acudir a las urnas puede mejorar las cosas, detener retrocesos o sentar precedentes para el futuro. Pero, ¿qué pasa cuando las reglas del juego están amañadas desde el principio? ¿Qué sucede cuando votar no es elegir libremente, sino validar decisiones tomadas por otros?

En este texto propongo una opinion distinta: en ciertos contextos, abstenerse también es una forma legítima de participación política. A continuación, argumentaré contra cinco ideas comunes sobre el valor del voto en elecciones defectuosas, y trato de explicar por qué no votar puede ser una forma de decir “no” con fuerza.

1. “Votar sirve para evitar que lleguen los peores”

Suena lógico: si participamos, podemos al menos evitar que ganen los peores perfiles. Pero este argumento falla cuando las opciones disponibles ya fueron filtradas por actores políticos con intereses propios. En otras palabras, cuando todos los candidatos fueron seleccionados por las mismas élites, el votante no tiene una verdadera capacidad de corregir el rumbo, solo puede elegir entre lo que le dejaron.

El voto deja de ser una herramienta transformadora y se convierte en una manera de legitimar lo que ya fue decidido desde arriba.

2. “Se puede votar estratégicamente por el menos malo”

Otra propuesta común es el “voto estratégico”: apoyar a quien no es ideal, pero al menos es menos peligroso. Pero esta idea parte de una suposición cuestionable: que la ciudadanía tiene suficiente información para comparar objetivamente a los candidatos. En procesos opacos, sin campañas claras, sin debates, sin acceso a datos completos, la posibilidad de tomar una decisión informada es mínima.

En este escenario, el voto estratégico se parece más a una apuesta a ciegas que a un ejercicio de responsabilidad cívica.

3. “No votar es dejar que otros decidan por ti”

Este es quizá el argumento más repetido: que abstenerse es rendirse o desentenderse del país. Pero no es cierto. La abstención puede ser una forma activa y consciente de rechazar el proceso, una manera de denunciar que no hay condiciones para una elección real. No todas las abstenciones son por apatía. Algunas son un grito político frente a la simulación.

En contextos donde la democracia se reduce a una fachada, no participar puede ser una forma de proteger su verdadero significado.

4. “Hay buenos candidatos, vale la pena votar por ellos”

Incluso si entre los candidatos hay personas capaces, su llegada al proceso ya ocurrió dentro de un sistema controlado por intereses políticos. Es ingenuo pensar que el talento individual puede cambiar un diseño institucional viciado. Un buen perfil no garantiza autonomía ni imparcialidad, sobre todo si la lógica electoral premia popularidad antes que preparación.

El problema no es solo “quién llega”, sino cómo y por qué llega.

5. “Aunque el proceso sea imperfecto, hay que participar para mejorar en el futuro”

Finalmente, se dice que participar hoy puede ayudar a mejorar el sistema mañana. Pero esta esperanza depende de que el sistema sea sensible a lo que expresa la ciudadanía. En democracias frágiles o autoritarias, la participación popular suele usarse como escudo para justificar decisiones impopulares o autoritarias. Votar en estas condiciones no mejora el futuro: puede reforzar los mecanismos que lo impiden.

En resumidas cuentas

Votar es importante, pero solo cuando hay algo que realmente elegir y condiciones mínimas de equidad y transparencia. En elecciones judiciales diseñadas para consolidar el poder de quienes ya lo tienen, la abstención puede ser una forma legítima —y valiente— de participación política. No por desinterés, sino precisamente por responsabilidad democrática.

Porque en ocasiones, el verdadero acto de ciudadanía es no prestarse al juego.


Lecturas recomendadas:

  • O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy.
    https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/172_0.pdf

  • Hirschman, A. (1970). Exit, Voice, and Loyalty. Harvard University Press.
    https://fenix.iseg.ulisboa.pt/downloadFile/563083097450219/Albert%20O.%20Hirschman%20-%20Exit,%20Voice,%20and%20Loyalty_%20Responses%20to%20Decline%20in%20Firms,%20Organizations,%20and%20States%20%20%20(1970,%20Harvard%20University%20Press).pdf

  • Morlino, L. (2012). Changes for Democracy. Oxford University Press.
    https://www.amazon.com.mx/Changes-Democracy-Actors-Structures-Processes/dp/0199698112

  • Helmke, G. (2002). The Logic of Strategic Defection. American Political Science Review.
    https://www.cambridge.org/core/books/abs/courts-under-constraints/logic-of-strategic-defection/5277159563B3DC6B05DEE500969FBF6D

domingo, 25 de mayo de 2025

El doble estándar del obradorismo: Acusar golpismo mientras se desmantela la democracia

Por años, Andrés Manuel López Obrador y el movimiento obradorista han utilizado la narrativa del “golpismo” como arma retórica para deslegitimar a sus críticos, tanto dentro como fuera de México. Desde el Poder Judicial hasta la oposición, los medios y eventos internacionales, cualquier resistencia a la Cuarta Transformación (4T) es etiquetada como un intento de “golpe de Estado” o “golpe blando”. Sin embargo, esta retórica revela un doble estándar flagrante: mientras AMLO acusa a otros de atentar contra la democracia, su gobierno impulsa una reforma judicial que, al subordinar el Poder Judicial al control político, constituye un verdadero acto de golpismo contra el sistema democrático mexicano. Este op-ed critica esa hipocresía, desenmascara la inconsistencia de las acusaciones de AMLO y advierte sobre las consecuencias de su asalto a las instituciones.

El uso selectivo del “golpismo”

AMLO ha acusado de “golpismo” a una amplia gama de actores y eventos, nacionales e internacionales, sin sustento sólido. En México, el Poder Judicial ha sido el blanco principal. Cuando los tribunales emitieron amparos contra proyectos como el Tren Maya o la reforma eléctrica, AMLO los señaló de perpetrar un “golpe de Estado técnico”, alegando que servían a las élites. Sin embargo, los amparos son mecanismos constitucionales para proteger derechos, no conspiraciones para derrocar gobiernos. La oposición política, los medios críticos y movimientos como FRENAAA también han sido tildados de “golpistas” por ejercer su derecho a disentir, a pesar de operar dentro del marco legal. Internacionalmente, AMLO calificó la renuncia de Evo Morales en Bolivia (2019) como un golpe, ignorando las irregularidades electorales documentadas por la OEA, y sectores del obradorismo han insinuado “golpes blandos” en casos como Venezuela (2019) o Perú (2022), sin pruebas concluyentes.

Estas acusaciones tienen un patrón: cualquier crítica o contrapeso a la 4T es enmarcada como una amenaza existencial. Este discurso no solo deslegitima a los opositores, sino que polariza y justifica la concentración de poder. AMLO usa el término “golpe” para presentarse como víctima, evocando una lucha épica entre el “pueblo” y las “élites”. Pero la evidencia desmiente estas narrativas. Los jueces no buscan derrocar al gobierno, sino garantizar el Estado de Derecho. La oposición y los medios, aunque a veces polarizantes, actúan dentro de la democracia. Los eventos internacionales señalados como “golpes” suelen ser crisis políticas complejas, no conspiraciones orquestadas. El obradorismo, en su afán por monopolizar la legitimidad, distorsiona la realidad para justificar su agenda.

El verdadero golpismo: La destrucción del Poder Judicial

La hipocresía del obradorismo alcanza su cúspide con la reforma judicial de 2024, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros, elimina el Consejo de la Judicatura Federal y crea un organismo disciplinario influido por el Ejecutivo y el Legislativo, ambos dominados por Morena. Esta reforma no es una democratización, como afirma AMLO, sino un golpe técnico contra la separación de poderes, un pilar de cualquier democracia funcional. Al politizar la selección de jueces, el gobierno asegura su control sobre el Poder Judicial, eliminando su capacidad de actuar como contrapeso. Esto no solo amenaza los derechos de los ciudadanos, sino que concentra el poder en el Ejecutivo, un rasgo característico de regímenes autoritarios.

Organismos como la ONU y Human Rights Watch han advertido que esta reforma pone en riesgo el Estado de Derecho. Jueces y académicos mexicanos han protestado, señalando que la elección popular expone a los magistrados a presiones políticas y del crimen organizado. Ejemplos históricos, como la captura del Poder Judicial en Venezuela bajo Hugo Chávez, muestran cómo la subordinación de los tribunales allana el camino hacia el autoritarismo. AMLO, que acusa a otros de “golpismo”, perpetra un acto mucho más grave: desmantelar una institución clave para la democracia, todo mientras se envuelve en la bandera del “pueblo”.

El peligro del doble estándar

El doble estándar del obradorismo no es solo una contradicción retórica; es una amenaza a la democracia mexicana. Al acusar falsamente a sus críticos de “golpistas”, AMLO desvía la atención de su propia agenda de concentración de poder. Esta táctica erosiona la confianza en las instituciones, polariza a la sociedad y debilita el pluralismo. Mientras AMLO señala supuestos complots, su reforma judicial hace exactamente lo que él denuncia: subvertir el orden democrático. Si un “golpe” es un ataque contra las instituciones que sostienen la democracia, entonces la 4T, al destruir la independencia judicial, es culpable del verdadero golpismo.

La ciudadanía debe rechazar este doble estándar y exigir coherencia. Una democracia saludable requiere contrapesos, no la sumisión de un poder a otro. AMLO no puede seguir acusando a sus críticos de atentar contra el “pueblo” mientras desmantela las instituciones que lo protegen. México merece un liderazgo que fortalezca, no que debilite, el Estado de Derecho.


Para no hablar de cierto frustrado pintor austriaco, hablemos mejor de Alberto Fujimori (Perú, 1990-2000): Llegó al poder democráticamente, pero acusó al Congreso y al Poder Judicial de obstruir su gobierno, tildándolos de “golpistas” en un contexto de crisis económica y terrorismo. En 1992, perpetró un autogolpe, disolviendo el Congreso y reorganizando el Poder Judicial, lo que derivó en una dictadura hasta su caída en 2000.

Este caso muestran un patrón: líderes electos democráticamente que, al enfrentar críticas, acusan “golpismo” para justificar la erosión de las instituciones democráticas, derivando en autoritarismo o dictadura. México debe aprender de estas lecciones para proteger su democracia.

De Pilón

La elección popular de jueces, magistrados y ministros del 1 de julio de 2025 es un paso hacia la captura del Poder Judicial por el Ejecutivo y Morena, amenazando la independencia judicial y el Estado de Derecho. Participar en esta votación legitima un proceso que expone a los jueces a presiones políticas y del crimen organizado, como advierten la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ejemplos como Venezuela, donde la politización de los tribunales consolidó el autoritarismo, muestran el peligro. No votar es un acto de resistencia cívica para proteger la democracia y rechazar el golpismo de la 4T, que busca concentrar el poder al destruir un pilar constitucional.


martes, 13 de mayo de 2025

Sí, Soy Parcial… Y ESTÁ BIEN. Mi Lealtad no con los Políticos.

A ver, que quede claro desde el inicio: SÍ, este espacio es PARCIAL. Y lo digo sin pelos en la lengua. Totalmente parcial. Pero ojo, quizás no como te lo imaginas. Esto no va de ser pro-Morena, anti-PAN o palero del PRI.

Con contadas excepciones, no defiendo una preferencia política per se. Ante todo, soy un celoso guardián del Estado de Derecho y la democracia liberal. Mi interés primordial es el CUMPLIMIENTO de la ley frente a su VIOLACIÓN. Y sí, a veces me clavo en temas que me mueven especialmente.

Es normal que haya diversidad de opiniones, ¡faltaría más! En política, cada cabeza es un mundo. Tengo convicciones personales, morales o de fe muy firmes, pero creo que esta red ni ninguna otra es el lugar para ventilar esos temas.

Pero aquí la CLAVE: NO tomo partido por colores o siglas. Tomo partido con base en principios LEGALES y en la REALIDAD. Y sí, eso a veces significa que un partido (y sus fans) quedan PEOR parados que otros. No es por grilla, es porque, en mi opinión, algunos se creen por encima de la LEY.

Así que sí, lo admito: soy parcial. Mi visión es: Soy APARTIDISTA, pero NO apolítico. La ley es el resultado de la política; es imposible hablar de una sin tocar la otra.

Por eso, CREO (así, con mayusculas) que hoy más que nunca hay que jugársela. ¿Qué está en juego? TODO. En mi opinión, el Estado de Derecho MISMO.

En el CENTRO de mis opiniones políticas está el ESTADO DE DERECHO. ¿Qué significa? Que la ley aplica PAREJO. Seas Juan Pérez o el Presidente de la República. A la ley no le debería importar tu filiación partidista.

Cuando alguien viola la ley o la retuerce hasta hacerla irreconocible, LO DIGO. Si un político o funcionario abusa de su poder, se salta las trancas o ignora la ley, ¡claro que lo voy a comentar! Y si eso le cala a tu corazoncito partidista… pues sorry, not sorry. Ese es TU problema.

CREO en el ACCESO A LA JUSTICIA y en la INDEPENDENCIA JUDICIAL. Que la ley no sea solo para los ricos y poderosos. Si el sistema está cargado contra el ciudadano de a pie o si los tribunales se vuelven herramientas políticas, ¡ALERTA! Eso es un problemón. Los jueces deben ser árbitros NEUTRALES, no operadores políticos a modo para impulsar agendas. Y si un juez se pone la camiseta de fanático, también se dice y se comenta (Hola Arturo Zaldívar).

CREO en la participación política INFORMADA y ÉTICA. Implica exhibir la desinformación, desmontar mentiras y sí, criticar con dureza las posturas malintencionadas.

CREO firmemente en los DERECHOS HUMANOS e individuales. Presunción de inocencia, libertad de expresión… ¡fundamentales! Y sobre la libertad de expresión, decir que en escencia te protege de la CENSURA gubernamental, NO de las consecuencias, críticas o del ridículo por decir tonterías. El gobierno NO tiene vela en el entierro de regular o castigar lo que piensas o dices. La libertad de expresión y el derecho de réplica NO son facultad del gobierno, ¡ni mucho menos un derecho SUYO!

Y claro, lo que DEFIENDO también define a lo que me OPONGO: Me OPONGO frontalmente a la CORRUPCIÓN política y al ABUSO DE PODER. Suena obvio, ¿no? Pues la corrupción apesta. Que los políticos usen su cargo para enriquecerse, violen la ley impunemente o usen las instituciones como garrote personal… ¡ES UN PROBLEMA GRAVE! Sea QUIEN SEA, lo voy a señalar. REPRUEBO que se use el poder del Estado como ARMA POLÍTICA. Ya sea con linchamientos mañaneros, procesos judiciales con jiribilla política o chicanadas legales para obstruir la justicia. Cuando el Estado quiere jueces a modo en vez de un contrapeso a sus excesos, es ABUSO DE PODER. Y lo denunciaré SIEMPRE.

Me OPONGO a la MENTIRA, la IGNORANCIA, la ESTUPIDEZ y la DESVERGÜENZA. A ver, un buen debate es bienvenido. Lo que NO tolero son las mentiras, la ignorancia rampante y la estupidez. Hay un ABISMO entre argumentar de buena fe y soltar sandeces. Me gusta el debate con sustancia. Si vas a entrarle, que sea con argumentos. Y sí, creo que nos urge recuperar la VERGÜENZA y el respeto propio. Lamentablemente, defender el Estado de Derecho hoy es ir contracorriente. Para muchos, todo se vale con tal de salirse con la suya, ya sea desde el poder o aplaudiéndole.

Todo esto que defiendo debería ser APARTIDISTA. Si a tu partido le molesta esto… pues tu partido APESTA. Así de simple. Y el típico "es que los otros también lo hacían" es tan CIERTO como IRRELEVANTE para justificar el cochinero actual.

Hoy, estos ideales no los comparten todos por igual. Así que, al grano: el ELEFANTE EN LA HABITACIÓN. Muchos acusan de "parcial" o "traidor a la patria" a quien critica a López Obrador y Morena. Déjenme ser CRISTALINO: No me cae mal AMLO por ser AMLO. Me OPONGO a López Obrador porque está DESMANTELANDO ACTIVAMENTE el Estado de Derecho. Y en la medida en que Morena como movimiento va en contra de estos ideales, pues también estoy en contra de ese movimiento.

A raíz de esto, hay opinólogos que antes negaban las tendencias autoritarias y antidemocráticas de Morena, y ahora preguntan con falsa inocencia: "¿Quién lo hubiera imaginado? ¡No se podía saber!" ¡Pues MUCHOS lo dijimos! SÍ SE PODÍA SABER. Lo vimos venir. Lo vimos en su etapa de oposición, en su gobierno en CDMX, en su desacato a amparos, en su recurrente desconocimiento de derrotas electorales, en su "al diablo las instituciones", en su ejercicio del poder presidencial. Antes de ser presidente y DURANTE los seis años. Las señales eran CLARÍSIMAS.

Quienes lo advertimos fuimos Casandras, con el don de profesía pero condenados a que no se nos creyera. Pero si entiendes un MÍNIMO de leyes, no es difícil ver cuándo se las están pasando por el arco del triunfo. Desafortunadamente, hoy muchos se hacen de la vista gorda con la ley por conveniencia política. Pero las señales estaban ahí, a la vista de todos. ¿Recordamos cuando AMLO ignoró un amparo en el caso El Encino? Que no lo castigaran no significa que no haya delinquido. Es un antidemócrata que desconoció resultados electorales e intentó impedir la toma de posesión de Calderón. #Memoria Además, INJURIÓ desde el poder presidencial a críticos, reveló datos personales de periodistas como Loret, de Xóchitl, de corresponsales extranjeros. #AbusoDePoder Organizó un fideicomiso opaco para los damnificados del sismo de 2017, usándolo para su promoción y la de su partido rumbo a 2018. CONFISCÓ ilegalmente fideicomisos de entes autónomos para usar los recursos discrecionalmente y en opacidad.

Podemos debatir si son delitos, pero sin duda son o DEBERÍAN SER políticamente descalificantes. Y ahora, Sheinbaum, como su sucesora, busca dinamitar el orden constitucional para, entre otras cosas: destruir al Poder Judicial, censurar críticos, confiscar recursos del INFONAVIT, proteger a Cuauhtémoc Blanco, injuriar a quienes la cuestionan.

Y que quede CLARO: si en 2030 llega un presidente del PRI, PAN o MC y hace la MITAD de lo que han hecho AMLO, Sheinbaum y Morena, lo criticaré con la MISMA DUREZA. #Coherencia

Esto NO es de partidos. La pregunta es: ¿LA LEY TODAVÍA SIGNIFICA ALGO? Esto no es solo "mala política", es el germen de un régimen autoritario, de una República Bananera. Cualquier otro presidente que hiciera esto sería comparado con Echeverría o López Portillo. Y cuando un panista, priista o "naranja" comete una ilegalidad, TAMBIÉN LO DIGO.

NO critico a AMLO, Sheinbaum y Morena por "odio". Los critico porque están intentando ACTIVAMENTE desmantelar la democracia, corromper el sistema legal y ponerse POR ENCIMA DE LA LEY.

Esto es un problema, tengas el partido que tengas. Y mira, si crees que esto es "ser parcial", te propongo un trato: el día que un OPOSITOR intente desconocer una elección, ocultar información pública o presionar jueces para arrestar enemigos políticos, ¡seré el PRIMERO en criticarlo!

Porque esto NO es partidismo, es la DEFENSA del Estado de Derecho.

Ojalá la discusión política no girara tanto en torno al obradorismo, ni tuviéramos que analizar constantemente medidas legales inéditas y autoritarias. Pero, lamentablemente, estamos bajo ASECHO constante.

Ser objetivo NO es darle el mismo espacio a "ambos lados" como si fuera un partido de fútbol. NO ES POSIBLE criticar a un opositor por cada ilegalidad de Morena, ¡simplemente porque no hay tantos opositores cometiéndolas! Las violaciones a la ley NO están distribuidas equitativamente.

Si esto te molesta, quizás es hora de que TÚ empieces a exigir más a TUS políticos. Quizás TÚ también deberías ser PARCIAL… por el Estado de Derecho.

miércoles, 7 de mayo de 2025

Matar a los Abogados: La Reforma Judicial Mexicana y el Eco de Shakespeare

En Enrique VI, Parte 2, William Shakespeare pone en boca de un rebelde una frase que resuena con inquietante claridad en el México de 2025: “Lo primero que haremos, matemos a todos los abogados”. Pronunciada por Dick, el carnicero, en el contexto de una revuelta anárquica liderada por Jack Cade, la línea no es un llamado literal al asesinato, sino una sátira mordaz contra quienes ven en las leyes y sus defensores un obstáculo para imponer su visión de “justicia”. Los rebeldes de Shakespeare justifican su ataque al orden legal como un medio para liberar al pueblo de una élite opresora, pero su verdadera intención es el poder sin restricciones. Hoy, la reforma constitucional al Poder Judicial en México, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y consolidada por Claudia Sheinbaum, evoca este espíritu con una precisión alarmante. Bajo el pretexto de democratizar la justicia, la reforma somete al Poder Judicial, desmantelando su independencia y amenazando los cimientos de la democracia mexicana.

La reforma, aprobada en 2024 y en marcha en 2025, transforma radicalmente el Poder Judicial. La elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la reducción de ministros de 11 a 9, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración externos, y la limitación de la capacidad de la SCJN para suspender leyes generales en ciertos casos son cambios que, según sus defensores, combaten la corrupción, el nepotismo y el elitismo de un sistema judicial desconectado del pueblo. Claudia Sheinbaum, en su narrativa, ha insistido en que la reforma responde a la “voluntad popular”, citando datos como el 46% de nepotismo en el Poder Judicial para justificar la necesidad de una justicia más democrática. Esta retórica, que presenta a los jueces como una casta privilegiada, recuerda a los rebeldes de Shakespeare, quienes vilipendian a los abogados para legitimar su cruzada.

Sin embargo, al igual que en la obra de Shakespeare, las supuestas buenas intenciones de la reforma ocultan un objetivo más profundo: la sumisión del Poder Judicial a los otros poderes del Estado. La elección popular de jueces, aunque vendida como democratización, expone a los magistrados a presiones políticas, mediáticas y hasta del crimen organizado, como ha ocurrido en experiencias similares en Bolivia. La creación de órganos externos de control, que operan al margen de la SCJN, introduce una vigilancia que amenaza la autonomía judicial. Más preocupante aún es la propuesta de “Supremacía Constitucional” de Morena, que limitaría la capacidad de la Corte para revisar reformas constitucionales, debilitando su rol como contrapeso. En la práctica, estas medidas no solo “matan” la independencia de los jueces, sino que allanan el camino para un Ejecutivo y un Legislativo —dominados por Morena— sin frenos institucionales.

La comparación con Shakespeare no es casual. En la obra, los rebeldes no admiten que su meta es el caos o el poder absoluto; en cambio, disfrazan su ataque al sistema legal como una lucha por el bien común. De manera similar, el gobierno mexicano no verbaliza un deseo de controlar la SCJN, sino que envuelve la reforma en un discurso de justicia social y soberanía popular. AMLO y Sheinbaum han insistido en que el pueblo, no las élites, debe decidir el rumbo de la justicia. Pero este argumento ignora una verdad fundamental: en una democracia, la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía contra el autoritarismo. Sin una SCJN autónoma, capaz de cuestionar leyes o actos de gobierno, el riesgo de abusos de poder crece exponencialmente.

Los defensores de la reforma podrían argumentar que el Poder Judicial mexicano, con sus fallos cuestionables y casos de corrupción, necesitaba una transformación. Nadie niega que el sistema tenía problemas: desde sentencias percibidas como favorables a intereses económicos hasta prácticas de nepotismo documentadas. Pero la solución no puede ser desmantelar la independencia de la institución que, a pesar de sus fallas, ha servido como último recurso para proteger derechos fundamentales y limitar excesos del poder. La SCJN, por ejemplo, ha emitido fallos históricos en defensa de minorías, derechos humanos y el equilibrio de poderes, roles que ahora están en peligro.

El eco de Shakespeare nos advierte de las consecuencias de “matar a los abogados”. En la obra, la rebelión de Cade lleva al caos, no a la justicia. En México, la sumisión del Poder Judicial podría derivar en una democracia debilitada, donde la “voluntad popular” —interpretada por el partido en el poder— prevalezca sobre el Estado de Derecho. La reforma, aprobada con la legitimidad formal de mayorías calificadas, no puede ignorar las protestas de jueces, académicos y organismos internacionales, ni los cientos de amparos presentados contra ella. Estas voces no son mera resistencia al cambio, sino un llamado a preservar los contrapesos que sostienen la democracia.

Es hora de escuchar la advertencia de Shakespeare. La reforma judicial, envuelta en buenas intenciones, amenaza con repetir el error de los rebeldes de Enrique VI: destruir las instituciones legales en nombre del pueblo, solo para consolidar el poder de unos pocos. México merece una justicia reformada, sí, pero no a costa de su independencia. El gobierno debe reconsiderar su rumbo, abrir un diálogo genuino y ajustar la reforma para fortalecer, no someter, al Poder Judicial. De lo contrario, el epitafio de la SCJN podría ser el mismo que el de los abogados de Shakespeare: sacrificados en nombre de una “voluntad popular” que, al final, solo beneficia a quienes la invocan.

martes, 6 de mayo de 2025

El SAT y los Reembolsos de ISR 2024: ¿Táctica Dilatoria o Fallas Sistémicas?

 La situación de los rechazos masivos de devoluciones automáticas de saldos a favor de ISR por parte del SAT en 2024 refleja una problemática real que ha generado frustración entre los contribuyentes, especialmente entre personas físicas con ingresos por sueldos y salarios. A continuación, desgloso mi opinión sobre el tema, las posibles razones detrás de esta situación, y ofrezco recomendaciones prácticas para los contribuyentes, incluyendo aquellos sin eFirma, basándome en la información disponible y en un análisis crítico de la situación.

Opinión sobre la situación

  1. Posible táctica dilatoria del SAT: Los rechazos masivos por "inconsistencias" en deducciones personales, especialmente cuando estas coinciden con los datos precargados por el propio SAT, sugieren una estrategia para retrasar o desincentivar las devoluciones. Esto podría deberse a varias razones:
    • Presión administrativa o financiera: El SAT podría estar enfrentando limitaciones presupuestales o logísticas para procesar devoluciones automáticas en el plazo de 40 días hábiles establecido por el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Rechazar devoluciones automáticas y requerir solicitudes manuales permite al SAT extender los plazos de revisión y pago, al exigir documentación adicional que ya debería estar en su poder (como CFDI de deducciones).
    • Falta de claridad en los criterios de revisión: Los motivos de rechazo, como "inconsistencias" en deducciones o la solicitud de papeles de trabajo para ingresos y retenciones, parecen genéricos y poco específicos. Esto refuerza la percepción de que el SAT está aplicando criterios opacos o arbitrarios, lo que genera desconfianza entre los contribuyentes.
    • Desincentivo a contribuyentes sin eFirma: Los contribuyentes que solo tienen ingresos por sueldos y salarios y han cumplido con contraseña (válido para saldos a favor menores a $150,000 si se usa una CLABE precargada) enfrentan un obstáculo adicional al requerir eFirma para la solicitud manual. Esto podría interpretarse como una forma de filtrar o desalentar solicitudes, ya que obtener la eFirma implica un trámite adicional que no todos los contribuyentes están dispuestos o capacitados para realizar.

 

  1. Problemas estructurales en el sistema automático: El Sistema Automático de Devoluciones, aunque diseñado para facilitar el proceso, parece estar generando resultados inconsistentes. Por ejemplo, se han reportado casos en los que contribuyentes con operaciones similares reciben tratamientos distintos (unos obtienen la devolución y otros no), lo que apunta a fallas en los algoritmos de validación o a una aplicación desigual de las reglas. Además, el SAT ha señalado que más del 30% de las devoluciones automáticas son rechazadas, a menudo por errores en la captura de datos o en la CLABE bancaria, pero también por cuestiones que no siempre son claras para el contribuyente.

 

  1. Percepción de mala fe: La solicitud de documentación que ya está en poder del SAT (como CFDI de deducciones o estados de cuenta) y la exigencia de papeles de trabajo para integrar los ingresos y retenciones sin que el motivo del rechazo indique inconsistencias en esos rubros o que soliciten los CFDIs y estados de cuenta bancarios por deducciones incluso en casos sin deducciones personales, alimentan la percepción de una actitud obstructiva. Esto es especialmente grave para contribuyentes que no trabajaron todo el año y cuyo saldo a favor proviene únicamente de retenciones excesivas, ya que no deberían enfrentar cuestionamientos sobre deducciones inexistentes. Esta práctica podría interpretarse como una violación al principio de buena fe que debe regir las actuaciones de las autoridades fiscales, conforme al artículo 8 del CFF.

 

  1. Impacto en contribuyentes sin eFirma: La falta de eFirma es un obstáculo significativo, ya que el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) requiere eFirma para su presentación en línea. Aunque el SAT permite solicitudes manuales sin eFirma para saldos menores a $10,000 (con cita en una oficina del SAT), este proceso es engorroso y desincentiva a muchos contribuyentes, especialmente a aquellos con poca experiencia fiscal o recursos limitados.

 

  1. Declaración complementaria como estrategia inicial: Presentar una declaración complementaria antes de optar por una solicitud manual es razonable, ya que permite corregir posibles errores en la declaración original (como no marcar la opción de "devolución") y volver a someter la solicitud al proceso automático. Sin embargo, dado el alto índice de rechazos reportado en 2024, no hay garantía de que una complementaria resuelva el problema, especialmente si los rechazos están motivados por criterios internos del SAT más que por errores del contribuyente.

 

Recomendaciones para obtener el reembolso

Para los contribuyentes que enfrentan el rechazo de su devolución automática, especialmente aquellos sin eFirma, propongo las siguientes acciones, ordenadas por prioridad y practicidad:

1. Revisar el motivo del rechazo en el Buzón Tributario

  • Acción: Ingresa al portal del SAT (sat.gob.mx) con tu RFC y contraseña, y revisa el estado de tu devolución para identificar el motivo específico del rechazo. Si no tienes Buzón Tributario activo, actívalo de inmediato, ya que es la vía oficial de comunicación con el SAT.
  • Importancia: Los motivos parecen ser recurrentes (e.g., "inconsistencias en deducciones"), sin embargo es recomendable conocer las causales para descartar errores en la CLABE o algún otro dato erróneo en la captura.
  • Para quienes no tienen eFirma: Este paso no requiere eFirma, solo RFC y contraseña, por lo que es accesible para todos.

 

2. Presentar una declaración complementaria

  • Acción: Si el rechazo se debe a un error corregible (e.g., no marcar la opción "devolución", datos mal capturados, o deducciones cuestionadas), presenta una declaración complementaria antes del 31 de julio de 2025, que es el plazo para que las devoluciones automáticas sean procesadas. Asegúrate de:
    • Verificar que la CLABE bancaria esté activa, a tu nombre, y vinculada a tu RFC.
    • Confirmar que los datos de ingresos, retenciones, y deducciones coincidan con los CFDI disponibles en el portal del SAT.
    • Marcar explícitamente la opción "devolución" en el aplicativo.
  • Ventajas: Es un trámite sencillo que se puede realizar con contraseña (si el saldo es menor a $150,000 y usas una CLABE precargada) y no requiere eFirma. Además, permite volver a intentar la devolución automática sin pasar por el proceso manual.
  • Limitaciones: Si el SAT persiste en rechazar la devolución por motivos poco claros, este paso podría no ser suficiente. En ese caso, considera los pasos siguientes.

 

3. Solicitud manual de devolución (con o sin eFirma)

  • Para contribuyentes con eFirma:
    • Acción: Ingresa al portal del SAT, accede a la sección "Trámites > Devoluciones y Compensaciones > Solicitud de devolución", y presenta el Formato Electrónico de Devoluciones (FED). Adjunta:
      • CFDI de las deducciones personales (si aplicaste alguna).
      • Estados de cuenta bancarios que muestren los pagos de dichas deducciones.
      • Papel de trabajo con el detalle de ingresos y retenciones (puedes usar los CFDI de nómina disponibles en el Visor de Nómina del SAT).
      • Estado de cuenta con CLABE activa, no mayor a 2 meses de antigüedad, que incluya tu RFC.
    • Consejo: Asegúrate de que todos los documentos estén digitalizados en formato .zip. Revisa que no haya inconsistencias entre los CFDI y los datos declarados, ya que cualquier discrepancia puede generar un nuevo rechazo.

 

  • Para contribuyentes sin eFirma (saldos ≤ $10,000):
    • Acción: Agenda una cita en una Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente (ADSC) a través del portal del SAT o MarcaSAT (55 627 22 728). Presenta la solicitud de devolución en persona con los mismos documentos mencionados, digitalizados en un dispositivo magnético (USB o CD). No es necesario contar con eFirma para este trámite si el saldo es menor o igual a $10,000 y no estás obligado a inscribirte en el RFC o a usar eFirma.
    • Consejo: Lleva una identificación oficial y verifica que tu Buzón Tributario esté activo para recibir notificaciones. Si el saldo es mayor a $10,000, considera tramitar la eFirma (ver paso 4).
  • Tiempo de resolución: El SAT tiene 40 días hábiles para resolver la solicitud manual, aunque revisiones adicionales pueden extender este plazo.

 

4. Obtener la eFirma (si es necesario)

  • Acción: Si el saldo a favor supera los $10,000 o si prefieres realizar trámites en línea para evitar citas presenciales, tramita la eFirma:
    • Ingresa al portal del SAT y utiliza SAT ID para renovar o generar la eFirma si está vencida o no la tienes.
    • Alternativamente, agenda una cita presencial en una oficina del SAT para tramitarla. Necesitarás una identificación oficial, CURP, y un correo electrónico activo.
  • Importancia: La eFirma agiliza los trámites en línea y es obligatoria para el FED si el saldo supera los $10,000 o si no usas una CLABE precargada. Aunque implica un esfuerzo adicional, es una herramienta útil para futuros ejercicios fiscales.
  • Nota: Si el contribuyente no está obligado a usar eFirma (e.g., solo tiene ingresos por sueldos y salarios y el saldo es ≤ $10,000), puede evitar este paso y optar por la solicitud manual en persona.

 

5. Buscar asesoría o apoyo institucional

  • Acción: Si el SAT persiste en rechazar la devolución o los motivos no son claros, busca apoyo de:
    • PRODECON: La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece orientación gratuita, presencial y remota, para contribuyentes con problemas en devoluciones de ISR. Puedes contactarlos a través de su portal (prodecon.gob.mx) o por teléfono (55 1205 9000). PRODECON ha anunciado asistencia específica para casos de rechazos en la Declaración Anual 2024.
    • Contadores o asesores fiscales: Un profesional puede ayudarte a preparar la solicitud manual o a identificar errores en la declaración que no hayas notado.
  • Ventajas: PRODECON puede mediar con el SAT y aclarar si los rechazos son injustificados, mientras que un contador puede optimizar la presentación de documentos para evitar nuevos rechazos.

 

6. Interponer un recurso de inconformidad (si todo lo anterior falla)

  • Acción: Si el SAT niega la devolución manual o no responde en el plazo de 40 días hábiles, presenta un recurso de inconformidad ante el SAT o un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Para esto, es recomendable contar con asesoría legal o de PRODECON.
  • Nota: Este paso es más complejo y debe considerarse solo si el monto del saldo a favor justifica el esfuerzo y los costos asociados.

 

Recomendaciones específicas para contribuyentes sin eFirma

  • Prioriza la declaración complementaria: Intenta corregir cualquier error en la declaración original antes del 31 de julio de 2025, ya que no requiere eFirma si usas contraseña y una CLABE precargada.
  • Opta por la solicitud manual en persona: Si la complementaria no funciona y el saldo es ≤ $10,000, agenda una cita en una oficina del SAT para presentar la solicitud sin eFirma. Lleva todos los documentos requeridos para evitar retrasos.
  • Considera tramitar la eFirma: Aunque no estés obligado, obtener la eFirma te dará mayor flexibilidad para trámites futuros y evitará depender de citas presenciales.
  • Busca apoyo de PRODECON: Si enfrentas obstáculos, contacta a PRODECON para orientación gratuita antes de desistir de tu solicitud.

Reflexión final

La situación descrita apunta a una combinación de fallas sistémicas en el proceso automático de devoluciones y una posible estrategia del SAT para retrasar pagos, lo que afecta desproporcionadamente a contribuyentes con menos recursos o conocimientos fiscales, como aquellos sin eFirma. Si bien la presentación de una declaración complementaria es un buen primer paso, los contribuyentes deben estar preparados para escalar al proceso manual y, en casos extremos, buscar apoyo institucional o legal. La clave es mantener la documentación completa, revisar minuciosamente las notificaciones del SAT, y no desistir del derecho a recuperar el saldo a favor, que está protegido por el artículo 22 del CFF.


Respecto del papel de trabajo para integrar los ingresos y retenciones y basado en los requerimientos típicos del SAT para este tipo de trámites, Abajo sugiero un ejemplo del papel de trabajo: