Un nuevo episodio del culebrón que tiene al presidente Peña Nieto, su familia y colaboradores bajo escrutinio ante la sospecha de conflicto de interés ha estallado en los días recientes.
Se trata del asunto de su casa de descanso ubicada en un exclusivo club de golf en Ixtapan de la Sal y que adquirió de la desarrolladores de la familia San Roman, fundadores de la empresa CUISA.
La casa se encuentra incluida en la declaración patrimonial del presidente, pero The Wall Street Journalpone el dedo en la llaga señalando que CUISA de SanRoman no había realizado obra para el Estado de México antes de la compra de la casa. Luego de ello, realiza obra por 107 millones de dólares bajo el mandato de Peña en el gobierno del estado y a la fecha, ha ganado 11 contratos con el gobierno federal por montos no especificados desde que Peña es presidente.
Similarmente a "La Casa De Las Lomas" a nombre de la esposa del presidente, y la casa del Secretario de Hacienda también en un campo de golf pero de Malinalco, en donde el vendedor fue Grupo HIGA.
Si bien las transacciones pueden cumplir las formalidades que las hagan perfectamente legales, la cuestión del asunto radica en la nada remota posibilidad, de que los prósperos negocios de los contratistas se deban a algo más que a licitaciones ganadoras.
Las sospechas llevan a acusaciones que si bien en principio, tienen interés político electoral, cobran verosimilitud al saberse que se trata de operaciones dos contratista que parece haber logrado hacer buenos negocios como proveedor de obra pública bajo el mandato de Peña como gobernador del Estado de México y después, a nivel federal ya como presidente.
No se trata pues de la demostración de ilícitos, no se trata de litigar en redes sociales el asunto. Se trata, en mi opinión, de la pérdida de confianza del electorado sobre la legitimidad más que la legalidad, de la relación de aparente privilegio de la que gozan las dos empresas en cuestión.
Las acusaciones fundadas o no, sólo pueden ignorarse en tanto no tienen eco, pero cuando cobran fuerza al irse revelando más casos, desestimarlas ya no es opción.
La presidencia ha optado por responder a las críticas es materia de legalidad de las operaciones, pero del asunto que resulta verdaderamente delicado y del que poco o nada ha dicho el gobierno es del probable conflicto de intereses.
Del asunto particular de la casa de Ixtapan, han dicho desde Los Pinos que el presidente tiene una relación de amistad con los San Román de hace años, lo que nada hace por desterrar la idea de que hay favoritismo sino que muy por el contrario refuerza esa idea.
Existen claro, personas que prefieren creer en lugar de saber y a las que les basta que presidencia diga que las operaciones son legales y no hay conflicto de intereses para dar por zanjado el asunto. A ellos, quizás sólo los desencantaría descubrir un video en el que se vea al presidente acuerdar los detalles de un trato preferente a las constructoras del caso. Y claro, están también los que sin importar que, el presidente es incapaz de siquiera estornudar dentro del marco legal.
Pero para quienes tenemos reservas fundadas en la experiencia pasada sobre lo ético de la relación del gobierno con sus proveedores, la transparencia es el reclamo.
Para debilitar esa sospechas es contraproducente ignorar las voces críticas, lo que se requiere es salir al paso con argumentos sólidos y no veo uno mejor que el que presidencia de a conocer todas las licitaciones perdidas por HIGA y CUISA... Al menos desde diciembre de 2012. Sin transparencia, ninguna disculpa bastará y quedan aún poco as de 3 años de esta presidencia que corre el riesgo de quedar en calidad de presa fácil o lame duck (como dicen en Estados Unidos) con las consecuencias lógicas que ello acarreé no sólo para en presidente y su partido, sino para el costo de oportunidad que parece haberse perdido en el impulso que auguraba el Mexican momentde que se hablaba hace unos meses.
De pilón: Después de la prórroga que exime de la obligación por la segunda mitad de 2104, la contabilidad electrónica debe ser ya una realidad para 2015. Ello debe significar un activo en materia de transparencia y control... Lo malo es que la federación, las entidades federativas, los municipios están por ley, exentas de la obligación de llevar contabilidad electrónica.