La
democracia es mucho más que un gobierno de la mayoría. Es también defender los
derechos de las minorías, los del individuo y limitar el poder.
En
Venezuela no hay democracia. Sin observar el estado de derecho la simple
mayoría no hace democracia. Sin estado de derecho la persecución de las
minorías y el aplastamiento del individuo se imponen ante el ejercicio de un
poder sin límites.
El más
reciente ataque a la democracia y los derechos humanos propinado por el régimen
Chavista que encabeza Nicolás Maduro y sus gerifaltes, es el que ha constituido
en completo desapego a la constitución, una Asamblea Nacional Constituyente con
la finalidad clara de anular la Asamblea nacional (legislativo)
mayoritariamente opositor elegida apenas en 2015.
Este mismo año, el régimen
intentó sin éxito, anular al legislativo por medio de una resolución
insostenible en derecho, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.
Tribunal que ni de lejos supone división de poderes al estar totalmente
sometido al ejecutivo. Prueba de dicho sometimiento es que, ante las críticas
internacionales por la descarada intentona de un autogolpe vía el tribunal,
este se desistió por instrucciones de Nicolás Maduro.
Un poder independiente
obviamente habría procurado sustentar su resolución, pero no, se plegó sin
chistar a la orden del ejecutivo disfrazada de sugerencia.
La
obviedad del autogolpe aquel, fue sustituida con una ilegal convocatoria a elegir una
Asamblea Nacional Constituyente que fue maquillada de legalidad el pasado 31 de
julio con una inconstitucional elección.
El artículo 347 de la CRBV deja
bien claro que el único facultado para convocar una Asamblea Nacional
Constituyente es “el pueblo de Venezuela”. Así mismo, el sucesivo articulo 348 reconoce
que el presidente podrá tomar la “iniciativa
de convocatoria”, esto es, el presidente no puede convocar sin que los
venezolanos con derecho a voto den el visto bueno.
Para ello, como se enseña incluso
a los chicos de primaria en Venezuela, se hacía necesario un referendo abierto
al electorado en general.
De esa votación
se determinaría si se daba el paso siguiente que consistía en elegir a los integrantes
de la ANC.
Ese requisito
fue ignorado por el ejecutivo que con el aval del Tribunal Supremo de Justicia,
lo consideró innecesario dando una clara muestra de subordinación.
Esto
es, el pasado 31 de Julio, no se debieron elegir constituyentes, sino que, en
todo caso, se debió consultar al electorado para que manifestara si estaba de
acuerdo con la integración de una ANC.
Además
de tratarse de una elección de constituyentes viciada de origen e
inconstitucional, la misma se realizó de acuerdo al decreto de Maduro de forma “sectorial
y territorial” lo que contraviene el requisito de elección universal
establecido en la constitución actualmente vigente.
Lo
anterior por sí mismo basta para declarar ilegal a la ANC, sume usted los
señalamientos de SMARTMATIC, la empresa a cargo del sistema de votación empleado
en Venezuela de que los resultados fueron manipulados para mostrar una participación
mayor a la real.
Las
opiniones filo-chavistas han echado mano de infinidad de falacias lógicas para
justificar la ilegalidad de la elección del 31 de julio tales como señalar de
ilegal el referéndum opositor del 17 de julio. Dicho ejercicio desde el
principio se planteó como no vinculante y como un mero acto de protesta. De
cualquier modo, argumentar legalidad de la elección de la ANC porque la
consulta opositora no es legal es un claro argumento Non sequitur y/o Tu quoque;
una falacia lógica como ya se mencionaba antes que por ningún motivo representa
un argumento legal que demuestre u otorgue carácter constitucional a lo que de
origen no lo tiene.
Para
empeorar las cosas, otra ilegalidad del régimen por vía de la ANC consiste en
que ha destituido a la fiscal general, Luisa Ortega. Dicha destitución sería
igualmente ilegal suponiendo sin conceder que la ANC fuese legitima. No es una
de sus atribuciones designar o destituir a la fiscal. Esa es una prerrogativa
exclusiva de la Asamblea Nacional, esa elegida en 2015 y que se ha intentado
anular.
De pilón: Actores políticos que en años pasados
durante el auge de commodities alababan y ponían como ejemplo a Venezuela, hoy
pretenden que nadie con opiniones negativas sobre el régimen y la actual situación
del país las exprese en redes u artículos de opinión. En realidad, sea con su
apoyo abierto o con su silencio, apoyan por afinidad a un régimen que no tiene
argumentos para decir que gobierna con el respaldo de la ley, y ni siquiera
para demostrar que representante de la voluntad mayoritaria.
